Detenciones arbitrarias, ataques y temerarias advertencias del ejército no lograron afectar las manifestaciones en Colombia contra la política del gobierno derechista de Álvaro Uribe respecto de la guerra civil y en áreas estructurales, económicas y sociales.
La Gran Coalición Democrática, que reúne organizaciones sindicales, estudiantiles, de negritudes, campesinas e indígenas, organizó la llamada Jornada Nacional de Protesta entre el miércoles y este viernes. Dirigentes y grupos denunciaron atropellos por parte de organismos estatales y de paramilitares, acrecentados al conocerse la movilización.
Diana Nocua, de la Comisión Política de la Movilización, dijo a IPS este viernes que se había confirmado la muerte de dos manifestantes, cuyos nombres aún desconoce, como consecuencia de la represión desatada en Mondomo, en el sudoccidental departamento de Cauca. También hay por lo menos 13 personas heridas en ese lugar.
Los organizadores reportaron el jueves, en el balance del segundo día de movilización, actos represivos que dejaron siete manifestantes heridos y la detención del líder comunal Isaac López, acusado de estar vinculado a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
López, candidato por el opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo a la alcaldía de Cartagena del Chairá, en el sureño departamento de Caquetá, fue apresado el miércoles cuando se dirigía a la jornada, informó el Comité de Derechos Humanos de la Movilización.
El vínculo de los manifestantes con las FARC es el argumento que esgrime el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias.
"Esa afirmación pretende desviar los objetivos reales de la movilización campesina", dijo Nocua. "Somos autónomos, (y) nuestros objetivos pretenden reivindicar los derechos de la población víctima de persecución y medidas antidemocráticas", agregó.
La plataforma de reivindicación de los manifestantes presentó 13 puntos, que incluyen derogaciones del estatuto rural, del código de minas y de concesiones de explotación de recursos naturales concedidos desde 2002, durante el gobierno Uribe.
Derogar también el Plan Nacional de Desarrollo y el acto legislativo que aprobó el régimen de transferencias que disminuye los recursos para la salud y la educación en zonas rurales.
La protesta rechaza el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la privatización de los servicios de agua potable, de salud y de educación y la legislación laboral vigente.
Se manifiesta contra las garantías ofrecidas a las empresas multinacionales y el capital extranjero, calificándola de "vergonzosa entrega de la soberanía nacional".
La Coalición Democrática considera un montaje la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia, y pide el respeto de los derechos de titulación colectiva de comunidades afrodescendientes, resguardos indígenas y territorios campesinos, entre otros asuntos.
El ministro Arias, en respuesta, enfatizó ante los medios de comunicación que en el departamento de Cauca se ha entregado a las comunidades indígenas 12.000 hectáreas de tierra, "de las cuales hemos comprado 4.500 y titulado 7.500 hectáreas".
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) respondió en un comunicado que Arias "ordenó la entrega de terrenos que hacen parte del resguardo indígena de Poblazón, a 12 familias de desplazados". Pero aclaró que son "predios reclamados como suyos por el pueblo kokonuko hace más de 25 años".
Arias, empero, destacó la compra de seis predios para campesinos y advirtió que tres más estaban listos para negociar, pero agregó que "su adquisición será suspendida hasta que se normalice la situación".
Porque, dijo, "no hay una sola justificación para que se utilicen éstas vía de hecho. Y no van a poder bloquear carreteras porque la fuerza pública hará respetar el espacio público".
Por su parte, manifestantes emitieron un comunicado la víspera, con los nombres de siete personas heridas, una mujer y cinco hombres adultos y un menor de edad.
"Civiles concentrados de manera pacífica en Mondomo fueron atacados por la policía militar y fuerzas contrainsurgente, que lanzaron gases lacrimógenos con metralla compuesta de hierro y vidrio molido, explosivos, ráfagas y disparos ", afirman.
Denunciaron hechos similares de la policía y el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad), en zonas aledañas a Cali, capital del occidental departamento de Valle del Cauca, afectándose un número no determinado de niños, niñas y ancianos y produciéndose la detención de 11 personas.
En el central departamento de Huila, dos camiones ubicados por las fuerzas militares sobre la vía impidieron el paso de 1.200 campesinos que se dirigían hacia la capital, Neiva.
Según la Agencia Prensa Rural, Jorge Garzón dijo que estaban organizados y listos para ir a la protesta, "pero no nos dejan pasar". "Traemos carpas, comida y nos mantenemos dispuestos a todo, porque la idea es hacer la marcha pacífica", añadió.
Y en Ibagué, capital del central departamento de Tolima, unos 4.000 campesinos se concentraron en parques, en públicos en inmediaciones de la gobernación y la alcaldía.
"Llegaron el martes desde distintos municipios en donde enfrentan graves situaciones de persecución y detenciones. Pero empiezan a preocuparnos sus condiciones de salud ", agregó Diana Nocua.
Movilizaciones similares y denuncias parecidas se presentaron en la mayoría de regiones del país, involucrando en hechos de violencia a las autodenominadas "Águilas Negras", el más grande grupo paramilitar que reaparece tras la publicitada desmovilización de más de 30.000 hombres.
En Bogotá, trabajadores y estudiantes marcharon el miércoles hasta la central Plaza de Bolívar.
La Jornada Nacional de Protesta tiene como antecedente las llamadas marchas cocaleras de 1996, cuando se iniciaron las fumigaciones aéreas de las plantaciones de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare en el sur del país.
Entonces los campesinos expresaron que era importante dar a conocer que los cultivos ilegales no se hacían "por gusto, ni por presión de la guerrilla, sino porque el gobierno no ofrece garantías".
Con el tiempo, la movilización campesina se amplió a la mayoría de regiones, afrontando siempre dificultades y persecución.
"Hemos sufrido unas 30 detenciones arbitrarias en los últimos dos meses" en municipios de Tolima, Cauca y Santander, informó a IPS, Aydeé Moreno, secretaria nacional de la Comisión de Derechos Humanos para la Movilización.
Un caso fue el 29 de septiembre, cuando agentes de seguridad del Estado allanaron la sede de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), en Barrancabermeja, en el nororiental departamento de Santander, donde arrestaron a cuatro de sus integrantes.
El 5 de octubre, en el municipio antioqueño de Yondó, tropas del batallón Calibío del ejército destruyeron publicidad alusiva a la movilización y advirtieron a los habitantes, según denunció la asociación, que "quemarían las casas si encontraban nuevos afiches, porque la orden es no permitir el desarrollo de la protesta en la región".
El mismo día, en Planadas (Tolima) fue retenido por el ejército el dirigente campesino Hernando Soto. Tres días más tarde, en el municipio de Rioblanco en el mismo departamento, dos jóvenes fueron apresados por el batallón de infantería de Alta Montaña.
Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) afirmó que el martes fue bloqueado el paso de un autobús que transportaba alimentos entre el municipio de Rovira y el corregimiento de Playarrica, mientras que el ejército retuvo en Chaparral (Tolima) otro bus que transportaba campesinos.
Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas y desaparecidas personas y que han sido asesinados campesinos, a los que luego se los acusa de pertenecer a grupos insurgentes de izquierda, especialmente a las FARC, argumentando que "esta tierra es cuna de bandidos y guerrilleros".
Y en septiembre circularon volantes invitando a "No participar en actos de terrorismo. (Que) No permita que lo sigan utilizando como carne de cañón. No vaya a la movilización de las FARC. No se convierta en cómplice de terroristas y asesinos".
* Con aportes de Constanza Vieira
La Gran Coalición Democrática, que reúne organizaciones sindicales, estudiantiles, de negritudes, campesinas e indígenas, organizó la llamada Jornada Nacional de Protesta entre el miércoles y este viernes. Dirigentes y grupos denunciaron atropellos por parte de organismos estatales y de paramilitares, acrecentados al conocerse la movilización.
Diana Nocua, de la Comisión Política de la Movilización, dijo a IPS este viernes que se había confirmado la muerte de dos manifestantes, cuyos nombres aún desconoce, como consecuencia de la represión desatada en Mondomo, en el sudoccidental departamento de Cauca. También hay por lo menos 13 personas heridas en ese lugar.
Los organizadores reportaron el jueves, en el balance del segundo día de movilización, actos represivos que dejaron siete manifestantes heridos y la detención del líder comunal Isaac López, acusado de estar vinculado a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
López, candidato por el opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo a la alcaldía de Cartagena del Chairá, en el sureño departamento de Caquetá, fue apresado el miércoles cuando se dirigía a la jornada, informó el Comité de Derechos Humanos de la Movilización.
El vínculo de los manifestantes con las FARC es el argumento que esgrime el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias.
"Esa afirmación pretende desviar los objetivos reales de la movilización campesina", dijo Nocua. "Somos autónomos, (y) nuestros objetivos pretenden reivindicar los derechos de la población víctima de persecución y medidas antidemocráticas", agregó.
La plataforma de reivindicación de los manifestantes presentó 13 puntos, que incluyen derogaciones del estatuto rural, del código de minas y de concesiones de explotación de recursos naturales concedidos desde 2002, durante el gobierno Uribe.
Derogar también el Plan Nacional de Desarrollo y el acto legislativo que aprobó el régimen de transferencias que disminuye los recursos para la salud y la educación en zonas rurales.
La protesta rechaza el tratado de libre comercio con Estados Unidos, la privatización de los servicios de agua potable, de salud y de educación y la legislación laboral vigente.
Se manifiesta contra las garantías ofrecidas a las empresas multinacionales y el capital extranjero, calificándola de "vergonzosa entrega de la soberanía nacional".
La Coalición Democrática considera un montaje la desmovilización de los paramilitares de ultraderecha reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia, y pide el respeto de los derechos de titulación colectiva de comunidades afrodescendientes, resguardos indígenas y territorios campesinos, entre otros asuntos.
El ministro Arias, en respuesta, enfatizó ante los medios de comunicación que en el departamento de Cauca se ha entregado a las comunidades indígenas 12.000 hectáreas de tierra, "de las cuales hemos comprado 4.500 y titulado 7.500 hectáreas".
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) respondió en un comunicado que Arias "ordenó la entrega de terrenos que hacen parte del resguardo indígena de Poblazón, a 12 familias de desplazados". Pero aclaró que son "predios reclamados como suyos por el pueblo kokonuko hace más de 25 años".
Arias, empero, destacó la compra de seis predios para campesinos y advirtió que tres más estaban listos para negociar, pero agregó que "su adquisición será suspendida hasta que se normalice la situación".
Porque, dijo, "no hay una sola justificación para que se utilicen éstas vía de hecho. Y no van a poder bloquear carreteras porque la fuerza pública hará respetar el espacio público".
Por su parte, manifestantes emitieron un comunicado la víspera, con los nombres de siete personas heridas, una mujer y cinco hombres adultos y un menor de edad.
"Civiles concentrados de manera pacífica en Mondomo fueron atacados por la policía militar y fuerzas contrainsurgente, que lanzaron gases lacrimógenos con metralla compuesta de hierro y vidrio molido, explosivos, ráfagas y disparos ", afirman.
Denunciaron hechos similares de la policía y el escuadrón móvil antidisturbios (Esmad), en zonas aledañas a Cali, capital del occidental departamento de Valle del Cauca, afectándose un número no determinado de niños, niñas y ancianos y produciéndose la detención de 11 personas.
En el central departamento de Huila, dos camiones ubicados por las fuerzas militares sobre la vía impidieron el paso de 1.200 campesinos que se dirigían hacia la capital, Neiva.
Según la Agencia Prensa Rural, Jorge Garzón dijo que estaban organizados y listos para ir a la protesta, "pero no nos dejan pasar". "Traemos carpas, comida y nos mantenemos dispuestos a todo, porque la idea es hacer la marcha pacífica", añadió.
Y en Ibagué, capital del central departamento de Tolima, unos 4.000 campesinos se concentraron en parques, en públicos en inmediaciones de la gobernación y la alcaldía.
"Llegaron el martes desde distintos municipios en donde enfrentan graves situaciones de persecución y detenciones. Pero empiezan a preocuparnos sus condiciones de salud ", agregó Diana Nocua.
Movilizaciones similares y denuncias parecidas se presentaron en la mayoría de regiones del país, involucrando en hechos de violencia a las autodenominadas "Águilas Negras", el más grande grupo paramilitar que reaparece tras la publicitada desmovilización de más de 30.000 hombres.
En Bogotá, trabajadores y estudiantes marcharon el miércoles hasta la central Plaza de Bolívar.
La Jornada Nacional de Protesta tiene como antecedente las llamadas marchas cocaleras de 1996, cuando se iniciaron las fumigaciones aéreas de las plantaciones de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare en el sur del país.
Entonces los campesinos expresaron que era importante dar a conocer que los cultivos ilegales no se hacían "por gusto, ni por presión de la guerrilla, sino porque el gobierno no ofrece garantías".
Con el tiempo, la movilización campesina se amplió a la mayoría de regiones, afrontando siempre dificultades y persecución.
"Hemos sufrido unas 30 detenciones arbitrarias en los últimos dos meses" en municipios de Tolima, Cauca y Santander, informó a IPS, Aydeé Moreno, secretaria nacional de la Comisión de Derechos Humanos para la Movilización.
Un caso fue el 29 de septiembre, cuando agentes de seguridad del Estado allanaron la sede de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), en Barrancabermeja, en el nororiental departamento de Santander, donde arrestaron a cuatro de sus integrantes.
El 5 de octubre, en el municipio antioqueño de Yondó, tropas del batallón Calibío del ejército destruyeron publicidad alusiva a la movilización y advirtieron a los habitantes, según denunció la asociación, que "quemarían las casas si encontraban nuevos afiches, porque la orden es no permitir el desarrollo de la protesta en la región".
El mismo día, en Planadas (Tolima) fue retenido por el ejército el dirigente campesino Hernando Soto. Tres días más tarde, en el municipio de Rioblanco en el mismo departamento, dos jóvenes fueron apresados por el batallón de infantería de Alta Montaña.
Por su parte, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) afirmó que el martes fue bloqueado el paso de un autobús que transportaba alimentos entre el municipio de Rovira y el corregimiento de Playarrica, mientras que el ejército retuvo en Chaparral (Tolima) otro bus que transportaba campesinos.
Las organizaciones denunciaron que fueron detenidas y desaparecidas personas y que han sido asesinados campesinos, a los que luego se los acusa de pertenecer a grupos insurgentes de izquierda, especialmente a las FARC, argumentando que "esta tierra es cuna de bandidos y guerrilleros".
Y en septiembre circularon volantes invitando a "No participar en actos de terrorismo. (Que) No permita que lo sigan utilizando como carne de cañón. No vaya a la movilización de las FARC. No se convierta en cómplice de terroristas y asesinos".
* Con aportes de Constanza Vieira
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