jueves, 28 de junio de 2007

Futbolista posaría desnudo en la revista G Magazine

El delantero Éverton Santos, del Corinthians de San Pablo, afirmó que estaría dispuesto a posar y, de inmediato, la revista G Magazine, dirigida al público gay, manifestó su interés.

El jugador sería el octavo futbolista brasileño y el tercero del Corinthians en desnudarse para esa publicación, después de que Vampeta, campeón mundial con Brasil en la Copa del Mundo de Corea del Sur-Japón 2002, lo hiciera en 1999 cuando defendía al popular equipo paulista.

"Creo que las personas tienen que separar la parte profesional de la parte personal. No veo problema alguno en lo que (la juez de línea) Ana Paula hizo (de aceptar desnudarse). Yo aceptaría, sí. Dependiendo del monto, ¿por que no?", comentó Éverton al portal deportivo Lancenet.

El jefe de edición de G Magazine, Haroldo Pereira, en tanto, señaló sin revelar cifras: "Si él se interesó, vamos a buscarlo. El fútbol es el gran fetiche de nuestro público".

"Hasta hoy, la edición de Vampeta es una de las récord de ventas en la historia de la revista", añadió el editor.

Después de Vampeta, quien admitió haber recibido para posar el triple del sueldo mensual que ganaba en la época, salieron desnudos en la portada de la revista los futbolistas Dinei, Tulio Maravilla, Alexandre Gaúcho, Roger, Fabiano y Bruno Carvalho.

La noticia se conoce casi de manera paralela a la aceptación de la jueza de línea Ana Paula de Oliveira de posar desnuda para la edición brasileña de la revista masculina Playboy y del rumor que un futbolista de un club paulistano estaría dispuesto a admitir su homosexualidad en un sintonizado programa de televisión.

miércoles, 27 de junio de 2007

Fármacos para todos con precios en alza

En menos de una década, los programas de acceso gratuito y universal a medicamentos antirretrovirales disminuyeron mucho la mortalidad del sida en países como Argentina y Brasil, un avance amenazado por los precios crecientes de las nuevas fórmulas patentadas por los grandes laboratorios.

En Brasil, el Ministerio de Salud garantiza el acceso universal de medicamentos antirretrovirales a todas las personas con sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Según el Programa Nacional de Enfermedades Sexualmente Transmisibles y Sida (PN-DST-AIDS), 180.000 personas utilizan en Brasil esos fármacos que reducen la carga de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el organismo, mejorando la calidad de vida y evitando la proliferación de infecciones oportunistas.

Entre 1996 y 2004, ese beneficio redujo en 27,5 por ciento la mortalidad del sida, y en 80 por ciento las hospitalizaciones relacionadas con la enfermedad entre los años 1996 y 2003, lo que implicó 635.000 internacionales menos y una reducción de costos de salud de 1.700 millones de dólares, según datos oficiales.

La tendencia se confirma en Chile, cuya cobertura universal de fármacos antirretrovirales en el sistema público se alcanzó en 2003. "Ya pueden verse con claridad los efectos del uso masivo de esos medicamentos, y evidentemente han mejorado los indicadores de salud asociados al sida", dijo a IPS Patricio Novoa, coordinador del Área Atención Integral de Vivo Positivo, coordinadora chilena de organizaciones de personas con VIH.

En Argentina, el Ministerio de Salud indica que si en 1996 --antes de que estuvieran disponibles los tratamientos-- la mortalidad era de 60 por ciento, en 2004 había bajado a 38 por ciento, y "seguramente ahora el número será más bajo", dijo a IPS Kart Frieder, director ejecutivo de la no gubernamental Fundación Huésped.

Estos índices vienen acompañados de otros avances no cuantificables, afirma Vereano Terto, coordinador de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria contra el Sida.

"El gran cambio que tenemos en relación al uso de medicamentos antirretrovirales es que a partir de la mejora de la calidad de vida de los pacientes comenzó a desvincularse el hecho de ser seropositivo con la muerte, aquella idea de que por tener sida uno se iba a morir. Hubo una separación entre el sida y el estigma de la muerte", enfatizó Terto.

En el sistema brasileño --considerado como uno de los más completos y exitosos del mundo por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida--, de los 17 medicamentos incluidos en el "cóctel" (combinación de drogas), ocho son importados y nueve producidos en el país, en laboratorios gubernamentales como Fiocruz.

Esa producción de genéricos --con el mismo principio activo, pero menos costosos que los patentados-- abatió el costo promedio del tratamiento anual de cada paciente de 6.240 dólares en 1997 a 1.336 dólares a fines de 2004, según Mariangela Simao, directora del PN-DST-AIDS.

Eso se logró mediante una política combinada de financiación oficial a la producción de genéricos y de una decidida negociación con los grandes laboratorios transnacionales para abatir los precios.

La negociación triunfó, por ejemplo, cuando las amenazas de licencia obligatoria (quiebra de patente) esgrimidas por Brasilia indujeron al laboratorio Roche a rebajar el precio del Nelfinavir en 40 por ciento, lo que permitió economizar 40 millones de dólares por año, y a la compañía Merck a aceptar un recorte de 60 por ciento en su Efavirenz, con un ahorro de 43 millones de dólares para las arcas del Estado.

El caso con más repercusión se presentó este año, cuando ante el fracaso de nuevas negociaciones para rebajar el precio de Efavirenz, el gobierno brasileño apeló por primera a la licencia obligatoria para uso público no comercial de ese medicamento, una medida pionera en América Latina.

Brasil se amparó en los acuerdos de propiedad intelectual adoptados en la Organización Mundial del Comercio, que establecieron la prioridad de la salud pública por sobre los derechos de patente para autorizar a los países a tomar esas medidas ante situaciones de emergencia sanitaria.

La compra de la versión genérica de Efavirenz, en una primera etapa a laboratorios de India, representará, según Simao, una reducción de gastos en salud de 30 millones de dólares por año, "que podrán ser reinvertidos en otras acciones para mejorar la atención a las personas que viven con sida", dijo.

"Onusida considera favorablemente las medidas que un país utiliza para asegurar el acceso universal de los medicamentos a su población", dijo a IPS Laurent Zessler, representante de esa agencia para el Cono Sur sudamericano.

Brasil, "como país de ingresos medios, demostró que es posible implementar la distribución gratuita de medicamentos de forma nacional y asociada a la adhesión al tratamiento de personas que viven con VIH", añadió.

La mala noticia, según Simao, comenzó en 2005, "cuando a partir de la gradual incorporación de nuevos pacientes a la terapia, y con la entrada de nuevos medicamentos, el costo individual comenzó a elevarse hasta 2.500 dólares anuales por paciente".

El gran desafío no es sólo mantener los buenos resultados, sino ampliarlos y garantizar la sustentabilidad en el futuro, advierten organizaciones no gubernamentales como la que representa Terto.

"Hemos visto que los nuevos medicamentos además de cada vez más caros están más protegidos por patentes, y en la medida en que aumente el número de casos será difícil para el gobierno mantener el programa", agregó Terto.

Este fenómeno también podría comprometer al programa argentino, señaló Frieder.

"Comenzaron a aparecer medicamentos que no tienen genéricos y no están en el vademécum, que son para mejorar la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, permiten tomar una en lugar de seis pastillas por día, y para ese acceso habrá más dificultad", explicó Frieder.

El aumento de precios también preocupa a la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) que trata a más de 80.000 pacientes con VIH en más de 30 países.

En un articulo publicado en su sitio en Internet, MSF llama la atención sobre la "explosión de costos" de los antirretrovirales, que en dos años duplicarán los gastos en ese rubro "en la medida en que más y más pacientes tienen que migrar a tratamientos más modernos de segunda línea".

"Unas 50 compañías farmacéuticas producen esos medicamentos en todo el mundo", según MSF, y se están desarrollando nuevos tratamientos y potenciales vacunas porque "existe un mercado para ellos en los países occidentales", según MSF.

Sin embargo, MSF indica que de 40 millones de personas contagiadas, 90 por ciento viven en el mundo en desarrollo, y de seis millones que necesitan tratamiento en esos países, sólo 440.000 los reciben, citando datos de Onusida de 2005.

Las soluciones a futuro, impulsadas por Onusida, MSF o la William J. Clinton Foundation, implican articular redes de cooperación, producción y formación técnica en antirretrovirales.

Brasil, por ejemplo, efectúa donaciones de medicamentos producidos en el país que benefician a 11 naciones: Bolivia, Burkina Fasso, Cabo Verde, Colombia, El Salvador, Guinea Bissau, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, según Simao.

Brasil y Argentina firmaron en enero de 2006 un acuerdo de cooperación para la construcción de una fábrica de medicamentos y pruebas diagnósticas para varias enfermedades, inclusive el sida.

La fábrica se instalará en Argentina, con inversión de los dos países.

Brasil coordina una Red Internacional de Cooperación técnica en VIH/Sida, que también cuenta con la participación de Argentina, China, Cuba, Nigeria, Rusia, Tailandia y Ucrania, cuya principal meta es la transferencia de tecnología en la producción de antirretrovirales.

Estas soluciones han contribuido a la sustentabilidad del programa de distribución de antirretrovirales en países como Bolivia, donde desde hace cuatro años las personas con sida reciben de manera gratuita los medicamentos a través del Servicio Departamental de Salud. Brasil hace donaciones a la iniciativa desde 2003.

En Venezuela hay acceso a medicamentos sin costo desde 2000 para todos los pacientes registrados en el Ministerio de Salud. Se destinan a esos fines entre 20 y 30 millones de dólares al año. Los 17 fármacos utilizados se adquieren a Cuba e India, entre otros países fabricantes, mientras se acompaña las negociaciones latinoamericanas con las grandes farmacéuticas internacionales para conseguir reducciones de precios.

La red de cooperación comienza a articularse también en países como Paraguay, donde 1.184 personas reciben el cóctel de medicamentos a través del Programa Nacional sobre Sida, que desde 1996 ha conseguido reducir la tasa de mortalidad en 30 por ciento, dijo su director, Nicolás Aguayo, a IPS.

Además, Paraguay participa de una iniciativa promovida por el gobierno de Brasil y denominada Lazos Sur-Sur, por la cual 300 personas reciben tratamiento antirretroviral, entre ellas 21 niños.

* Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Bernarda Claure (Bolivia), Daniela Estrada (Chile), David Vargas (Paraguay) y Humberto Márquez (Venezuela).

México: depuración policial

Agentes de la policía federal mexicana durante un operativo contra el narcotráfico
Miles de agentes federales participan en la lucha contra el crimen organizado

El gobierno de México dispuso el relevo de 284 oficiales de la policía federal, entre ellos las cabezas de más de 30 oficinas regionales, como parte de esfuerzos para atacar la corrupción y vínculos con el crimen organizado dentro de la fuerza.

"Es parte de un proceso de selección y formación de nuevos mandos superiores", argumentó el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al anunciar la decisión.

La medida afecta a mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

En conferencia de prensa, García Luna dijo que los oficiales serán sometidos a cursos de capacitación y evaluaciones que determinarán sus permanencia en la Policía Federal.

García Luna explicó que algunos de los altos mandos destituidos fueron separados de sus cargos por haberse negado a ser sometidos a una investigación interna, ordenada en marzo pasado por el presidente Felipe Calderón.

A poco de asumir en diciembre pasado, el mandatario lanzó una ofensiva contra los carteles de la droga, enviando a unos 25.000 soldados y policías federales a varios estados.

Lejos de lo esperado, la violencia no disminuyó y en lo que va del año se cobró la vida de unas 1.400 personas, según estiman los medios mexicanos.

Víctimas

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México
Uno de los ejes de esta estrategia es la profesionalización y depuración de los cuerpos de policía.
Genaro García Luna
Varias de estas víctimas son agentes de la policía y funcionarios locales, cuyas muertes serían producto de ajustes de cuentas de los grupos delincuentes.

Según expertos mexicanos, los bajos salarios, son a menudo un buen caldo de cultivo para que las organizaciones mafiosas tienten con fuertes sumas de dinero a los responsables de la seguridad.

En lo que va del año, centenares de agentes municipales y estatales fueron separados de sus cargos e investigados, especialmente en los estados de Nueva León, en el norte y Michoacán, en el oeste.

En marzo pasado, el presidente Calderón ordenó aplicar "exámenes de confianza" a los mandos policiales que comprendían pruebas psicológicas, médicas, antidoping y patrimoniales.

Vuelta a los cuarteles

Auto de un comandante de la policía asesinado el 19 de mayo.
Algunos policías fueron víctimas de ajustes de cuenta.
"Quien no quiera someterse a esos exámenes, no puede estar en la policía", advirtió García Luna, para quien estas pruebas tienden a garantizar la honestidad, transparencia y eficiencia de la policía federal.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, el funcionario añadió que esta depuración, demuestra que el presidente "quiere fortalecer a las policías para que el Ejército algún día pueda regresar a los cuarteles".

Algunos dirigentes y expertos mexicanos criticaron el uso de la fuerza militar en esta campaña contra las organizaciones criminales.

Mientras consideran este despliegue excesivo y peligroso para el respeto de los derechos humanos, por otra parte temen de que si la campaña fracasa, desprestigie al Ejército y ponga al país en una situación de desgobierno y caos.

Buenos Aires será sede del Primer Festival Internacional de Tango Queer

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre Buenos Aires será sede del Primer Festival Internacional de Tango Queer, del que participarán alumnos, profesores, artistas e intelectuales de todo el mundo.

El lema del festival es “bailar tango sin que los roles estén fijos al sexo de quienes lo bailan”, y es por eso que el festival no está dirigido exclusivamente a las parejas del mismo sexo sino a todas aquellas personas y espacios que apoyen nuestra propuesta y promuevan el respeto por la diversidad.

Los organizadores consideran que la realización de este festival “es un gran paso para la visibilidad, y que expresa por otra parte, los cambios que vienen presentándose desde hace tiempo en nuestra sociedad y en nuestra cultura”.

Durante esa semana habrá clases de tango con maestros de renombre, milongas, bailes, prácticas, exhibiciones, proyecciones y conferencias.

Para mas información, visitar la web del Festival

Un policía denunció que en la fuerza lo discriminan por ser gay


Un hombre que desempeñaba funciones como policía en la Jefatura Departamental de Paraná denunció que fue removido de su cargo por su condición de gay. Además relató que le recargan los horarios de trabajo y que sus compañeros le colocan carteles mofándose de su homosexualidad.
* Audio:
Confesiones del agente policial homosexual.

En declaraciones a LT14, José –quien hace años trabaja en la fuerza policial- comentó que, si bien siempre mantuvo bajo reserva su condición sexual, hace un tiempo fue visto por policías que brindaban seguridad en un boliche gay. A partir de ese momento comenzó a correr el comentario sobre su homosexualidad dentro de la Policía. Según dijo, esta situación le trajo múltiples inconvenientes.

“Se descubrió mi condición de gay, pero siempre fui un hombre reservado que ha mantenido sus actitudes en forma anónima”, afirmó tras comentar que “se me dio por ir a una confitería, me vieron, se corrió la voz, me preguntaron (si era homosexual) y yo no puedo negar algo que es innato mío”, expresó. Sin embargo aclaró que su condición sexual “no repercute” en su trabajo, ya que según dijo “no dejo de ser un buen policía”.

José manifestó que luego de confirmar que es homosexual fue removido de su cargo y comenzó a ser objeto de bromas de mal gusto. “Me pasaron a otra oficina donde no tengo mucho que hacer, hay escritos en lugares comunes y hacen sornas cuando paso”, comentó.

“Soy un hombre normal como cualquier otro, solo tengo una elección de vida diferente”, señaló tras destacar que “la fuerza está conformada por seres humanos, es la naturaleza así y no se puede ir en contra”.

Por otra parte, José indicó que es separado y que tiene hijos que conocerían su condición de homosexual. “No quiero hundir a mi familia en una situación muy engorrosa”, argumentó al momento de explicar porqué no recurría a una vía administrativa. “No me han permitido hablar con un superior”, finalizó.

Amnistía Internacional pide erradicación de la Tortura

Amnistía Internacional (AI) pidió ayer (25), en un comunicado, que todos los Estados erradiquen cualquier forma de tortura y de sufrimiento o tratamiento cruel, inhumano o degradante. Hoy (26) es celebrado el Día Internacional de las Naciones Unidas en Solidaridad con las Víctimas de la Tortura. También se celebra el vigésimo aniversario de la entrada en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobada en 1984 para su firma y ratificación, después de una amplia campaña por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones.

De acuerdo con el informe de AI, hasta esta fecha, una mayoría substancial de los Estados (144 de todas las regiones del mundo) habrá ratificado la Convención y ocho Estados más habrán de firmarla. Esto ha contribuido a que varios tratados regionales prohíban la tortura, además de haber ayudado a incluir en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a la tortura como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. El Comité de la Tortura de la ONU verifica periódicamente los informes presentados por los Estados partes sobre el cumplimiento de la Convención, saca conclusiones y realiza recomendaciones a los Estados para prevenir y castigar a la tortura y también proporcionar reparación a las víctimas.

La Convención define la tortura como una violación de los derechos humanos y también como un delito, que supone provocar intencionalmente dolores o sufrimientos graves a fin de castigar, intimidar u obtener información, cuando tales dolores o sufrimientos son provocados por un funcionario público, con su estímulo o con consentimiento o condescendencia.

A pesar de todo el éxito conseguido con la Convención, Amnistía Internacional cree que todavía existen muchos desafíos a ser superados: "El primero y más importante de estos desafíos es la cuestión de que muchos países continúen torturando y sometiendo a otros maltratos a detenidos, presos y otras personas. Es deprimente comprobar que año tras año, en los informes anuales de Amnistía Internacional, la mayoría de los Estados del mundo continúan torturando o maltratando a las personas que están bajo su control".

La organización resalta que de los 153 Estados y territorios examinados en su informe de 2007, por lo menos 102 han apelado a la tortura o a otros maltratos. Otro problema es en relación con la argumentación de que la tortura es un arma imprescindible en la "guerra contra el terror". La entidad alerta que ciertos Estados emplean juegos de palabras para disfrazar las prácticas de tortura.

Para la entidad, la dificultad para erradicar la tortura se encuentra en la falta de voluntad política. La organización exige que los Estados consideren seriamente sus obligaciones internacionales: "Aquellos que no ratificaron la Convención deben hacerlo. Los que formularon reservas que debilitan las protecciones de la Convención deben retirarlas. Los que no han permitido que el Comité contra la Tortura examine denuncias individuales deben permitir que así se haga. Los que no ratificaron el Protocolo Facultativo deben hacerlo. Además, los Estados deben contribuir generosamente con el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura".


Manifestaciones en América Latina

En Ecuador, varias organizaciones sociales reclaman por la demora en las investigaciones en el caso del asesinato de Paúl Guañuna, de 17 años, en la ciudad de Quito. Las entidades convocan a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa, que será realizada mañana (27), a las 10h de la mañana, con los padres de Paul Guañuma y diversas entidades comprometidas en esta lucha. La entrevista colectiva va a tener lugar en la sede de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).

Paúl Guañuma fue encontrado muerto el día 7 de enero, con cortes en la cabeza, golpes en la pierna y varios hematomas en diversas partes del cuerpo. Había sido visto por última vez con vida en una patrulla de la Policía Nacional. Hasta este momento, se encuentran detenidos por la muerte del joven tres policías. Las asociaciones critican la tipificación del caso como "homicidio no intencional", que supone sanciones leves en relación con la gravedad del delito cometido. Ellos solicitan que esa decisión sea revisada lo más rápidamente posible.

En Chile, Amnistía Internacional realizó hoy (26) un acto simbólico en la Plaza de Armas para llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en la prisión de Guantánamo. La organización denuncia que desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, las fuerzas estadounidenses han secuestrado a personas, transportándolas de un país a otro en forma ilegal, sometiéndolas a torturas y maltratos en centros de detención como el de Guantánamo.

De acuerdo con la entidad, cerca de 430 personas de más de 35 nacionalidades diferentes continúan detenidas en esa prisión, sin acceso a ningún tribunal independiente, sin abogados ni visitas de familiares. "La Bahía de Guantánamo es un escándalo para los derechos humanos y se ha convertido en un símbolo de injusticia de la "guerra contra el terror" del gobierno de Estados Unidos", afirman. AI considera que el Día Internacional en Solidaridad con las Víctimas de la Tortura es una oportunidad importante para recordar a Estados Unidos sus obligaciones en relación con las normas del Derecho Internacional.

Traducción: Daniel Barrantes

Condenas a muerte no traen paz a Kurdistán

Mohammed A. Salih

ARBIL, Iraq - Cuando escuchó en la radio la condena dictada por un juez iraquí contra cinco hombres por la masacre de decenas de miles de kurdos en 1988, Samira Jabbar lustraba el cristal que cubre la foto de su fallecido esposo sobre una pared de su casa.

Samira, hoy de 44 años, perdió a su esposo y a otros familiares en abril de 1988. Unidades del ejército iraquí arremetieron entonces contra el poblado de Qafade, al este de Kirkuk, como parte de una ofensiva a gran escala contra la población kurda.

"Nuestros hombres nos pidieron a las mujeres y niños que abandonáramos el poblado para que no cayéramos en manos del ejército", dijo Samira el domingo, cuando conoció el fallo. "Huimos y nunca más los volvimos a ver. Mi hijo menor nunca conoció a su padre."

"Merecen ir a la horca", agregó esta mujer, que sigue guardando luto 19 años después de la muerte de su marido. "Mi tristeza terminó hoy. Bailaría de felicidad."

Hoy, Samira y otros sobrevivientes procuran una compensación económica.

Luego de 61 audiencias que comenzaron en agosto pasado, un tribunal especial iraquí condenó a muerte a tres de los principales colaboradores del dictador Saddam Hussein, depuesto tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 y ejecutado en diciembre pasado.

Uno de los condenados fue el primo del dictador, Alí Hassan al-Majid, más conocido como "Alí el químico" por haber usado gases venenosos contra la población civil kurda.

El ex ministro de Defensa Sultán Hashem Ahmad y el ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas iraquíes Hussein Rashid también fueron condenados a la pena capital.

Otros dos acusados recibieron una sentencia a cadena perpetua y otro fue liberado por falta de evidencia.

Este juicio se refirió a la campaña Anfal ("botín de guerra", en árabe), que se desarrolló en ocho etapas entre febrero y septiembre de 1988.

La operación tenía como objetivo elevar la moral de las fuerzas armadas iraquíes, luego de la derrota en la guerra contra Irán (1980-1988). Los militares y sus colaboradores kurdos asesinaron hasta 180.000 personas, en su mayoría civiles.

Más de 3.000 poblados fueron arrasados. Miles de predios de cultivo, así como propiedades comunitarias y familiares en áreas rurales kurdas fueron incendiados. Las fuerzas iraquíes también aniquilaron numerosas cabezas de ganado.

Los acusados aseguraron que su objetivo militar eran insurgentes kurdos que combatieron contra el gobierno iraquí en los años 80.

Iraq usó en la campaña Anfal armas químicas en docenas de poblados y todas las acciones estuvieron bajo la directa supervisión de Al-Majid, según una amplia pesquisa de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

Luego del desalojo de las fuerzas iraquíes invasoras de Kuwait, en 1991, Saddam Hussein ordenó a Al-Majid reprimir las revueltas de la población chiíta del sur de Iraq. El general ordenó entonces ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, desapariciones, torturas y otras atrocidades, aseguró HRW.

Las mismas organizaciones internacionales de derechos humanos que reclamaban el juzgamiento internacional de Saddam Hussein y sus comandantes cuestionan ahora la legitimidad del procedimiento judicial que culminó con la condena de Al-Majid, Ahmad y Rashid.

Pero la población kurda festejó la sentencia.

En varios poblados del Kurdistán, región que ya gozaba de amplia autonomía desde la guerra del Golfo de 1991 al amparo de fuerzas occidentales, hubo celebraciones públicas, con bailes callejeros y automóviles que salían a las calles adornados con la bandera kurda.

Pero el júbilo fue menor del esperado, en especial en la localidad de Halabja, al sudeste de Arbil, la capital regional. En ese poblado, el gas venenoso mató a 5.000 personas.

"La gente estaba feliz de que Alí el Químico fuera condenado a la horca", dijo Omar Halabjayi, de 28 años, maestro de escuela. "Pero Alí no fue acusado por sus acciones aquí en Halabja. Además, nuestra ciudad sufre muchas carencias de servicios públicos, por lo cual no hubo tanto entusiasmo."

El juicio por la masacre de Halabja se celebrará luego. Al-Majid será uno de los acusados, a menos que se lo ejecute primero. De todos modos, la ejecución estará pendiente de la revisión del veredicto, a cargo de un panel de jueces.

El tribunal dictaminó por unanimidad que los acusados fueron culpables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.

El proceso judicial por el caso Anfal no terminó. Hay una larga lista de acusados de complicidad, entre ellos paramilitares kurdos que colaboraban con el ejército iraquí, conocidos como mustashar.

Muchos kurdos insisten en que la justicia no será completa hasta que esos colaboracionistas sean procesados.

"Los que cometieron las masacres de Anfal no fueron sólo esos seis acusados", dijo a IPS Shwan Mahmoud, un graduado universitario de Arbil de 29 años.

"Los veredictos del domingo son apenas una parte de la justicia. Todos los involucrados deberían afrontar a las familias de las víctimas en un tribunal."

Condenas a muerte no traen paz a Kurdistán

Mohammed A. Salih

ARBIL, Iraq - Cuando escuchó en la radio la condena dictada por un juez iraquí contra cinco hombres por la masacre de decenas de miles de kurdos en 1988, Samira Jabbar lustraba el cristal que cubre la foto de su fallecido esposo sobre una pared de su casa.

Samira, hoy de 44 años, perdió a su esposo y a otros familiares en abril de 1988. Unidades del ejército iraquí arremetieron entonces contra el poblado de Qafade, al este de Kirkuk, como parte de una ofensiva a gran escala contra la población kurda.

"Nuestros hombres nos pidieron a las mujeres y niños que abandonáramos el poblado para que no cayéramos en manos del ejército", dijo Samira el domingo, cuando conoció el fallo. "Huimos y nunca más los volvimos a ver. Mi hijo menor nunca conoció a su padre."

"Merecen ir a la horca", agregó esta mujer, que sigue guardando luto 19 años después de la muerte de su marido. "Mi tristeza terminó hoy. Bailaría de felicidad."

Hoy, Samira y otros sobrevivientes procuran una compensación económica.

Luego de 61 audiencias que comenzaron en agosto pasado, un tribunal especial iraquí condenó a muerte a tres de los principales colaboradores del dictador Saddam Hussein, depuesto tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 y ejecutado en diciembre pasado.

Uno de los condenados fue el primo del dictador, Alí Hassan al-Majid, más conocido como "Alí el químico" por haber usado gases venenosos contra la población civil kurda.

El ex ministro de Defensa Sultán Hashem Ahmad y el ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas iraquíes Hussein Rashid también fueron condenados a la pena capital.

Otros dos acusados recibieron una sentencia a cadena perpetua y otro fue liberado por falta de evidencia.

Este juicio se refirió a la campaña Anfal ("botín de guerra", en árabe), que se desarrolló en ocho etapas entre febrero y septiembre de 1988.

La operación tenía como objetivo elevar la moral de las fuerzas armadas iraquíes, luego de la derrota en la guerra contra Irán ). Los militares y sus colaboradores kurdos asesinaron hasta 180.000 personas, en su mayoría civiles.

Más de 3.000 poblados fueron arrasados. Miles de predios de cultivo, así como propiedades comunitarias y familiares en áreas rurales kurdas fueron incendiados. Las fuerzas iraquíes también aniquilaron numerosas cabezas de ganado.

Los acusados aseguraron que su objetivo militar eran insurgentes kurdos que combatieron contra el gobierno iraquí en los años 80.

Iraq usó en la campaña Anfal armas químicas en docenas de poblados y todas las acciones estuvieron bajo la directa supervisión de Al-Majid, según una amplia pesquisa de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

Luego del desalojo de las fuerzas iraquíes invasoras de Kuwait, en 1991, Saddam Hussein ordenó a Al-Majid reprimir las revueltas de la población chiíta del sur de Iraq. El general ordenó entonces ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, desapariciones, torturas y otras atrocidades, aseguró HRW.

Las mismas organizaciones internacionales de derechos humanos que reclamaban el juzgamiento internacional de Saddam Hussein y sus comandantes cuestionan ahora la legitimidad del procedimiento judicial que culminó con la condena de Al-Majid, Ahmad y Rashid.

Pero la población kurda festejó la sentencia.

En varios poblados del Kurdistán, región que ya gozaba de amplia autonomía desde la guerra del Golfo de 1991 al amparo de fuerzas occidentales, hubo celebraciones públicas, con bailes callejeros y automóviles que salían a las calles adornados con la bandera kurda.

Pero el júbilo fue menor del esperado, en especial en la localidad de Halabja, al sudeste de Arbil, la capital regional. En ese poblado, el gas venenoso mató a 5.000 personas.

"La gente estaba feliz de que Alí el Químico fuera condenado a la horca", dijo Omar Halabjayi, de 28 años, maestro de escuela. "Pero Alí no fue acusado por sus acciones aquí en Halabja. Además, nuestra ciudad sufre muchas carencias de servicios públicos, por lo cual no hubo tanto entusiasmo."

El juicio por la masacre de Halabja se celebrará luego. Al-Majid será uno de los acusados, a menos que se lo ejecute primero. De todos modos, la ejecución estará pendiente de la revisión del veredicto, a cargo de un panel de jueces.

El tribunal dictaminó por unanimidad que los acusados fueron culpables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.

El proceso judicial por el caso Anfal no terminó. Hay una larga lista de acusados de complicidad, entre ellos paramilitares kurdos que colaboraban con el ejército iraquí, conocidos como mustashar.

Muchos kurdos insisten en que la justicia no será completa hasta que esos colaboracionistas sean procesados.

"Los que cometieron las masacres de Anfal no fueron sólo esos seis acusados", dijo a IPS Shwan Mahmoud, un graduado universitario de Arbil de 29 años.

"Los veredictos del domingo son apenas una parte de la justicia. Todos los involucrados deberían afrontar a las familias de las víctimas en un tribunal."

Otra mecha de rebelión en Oaxaca

Diego Cevallos

MÉXICO - Cientos de miembros del movimiento social de Oaxaca reprimido a fines de 2006, tras seis meses de levantamiento, ocupan otra vez y desde hace una semana la plaza central de la capital de ese estado del sur de México. Sus portavoces amenazan con radicalizar acciones si sus demandas no son atendidas.

"Obviamente no tenemos la misma fuerza, pero estamos creciendo y serán las repuestas del Estado las que definan los nuevos caminos y acciones", dijo a IPS vía telefónica desde Oaxaca, Florentino López, portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Oaxaca, un estado que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene niveles de pobreza similares a los de los Territorios Palestinos Ocupados, fue escenario el año pasado un levantamiento contra el gobierno estadual, encabezado por Ulises Ruiz, del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El movimiento duró más de seis meses y dejó unas 350 personas detenidas y 370 heridas, en su mayoría producto de acciones represivas de la policía que grupos humanitarios evaluaron como excesivas y marcadas por abusos y violaciones contra las garantías de los manifestantes y de otros que no tenían nada que ver con la rebelión social.

Además, hubo despliegue de grupos armados irregulares que la APPO y activistas afirman estaban al mando de Ruiz, lo cual dejó unas decena de muertos entre ellos un estadounidense que reporteaba para Indymedia, una red de comunicadores identificados con el activismo altermundista.

La APPO, integrada por diversas organizaciones locales, pero principalmente por profesores sindicalizados, demandan ahora que el gobierno nacional del presidente Felipe Calderón, en funciones desde diciembre, reactive una comisión de negociación sobre Oaxaca y vuelve a pedir que renuncie el gobernador Ruiz.

También llaman a la población a votar contra el PRI y contra el gobernante conservador Partido Acción Nacional en las elecciones legislativas locales programadas para el 5 de agosto, y a rechazar toda posición emanada del Estado.

Pero la población en general del estado sureño no parece conjugar demasiado con esas ideas. Según una encuesta elaborada por la firma privada Covarrubias y Asociados y difundida a inicios de este mes, 55 por ciento de los entrevistados entre la población de la capital de Oaxaca, de igual nombre que el estado, tiene una opinión "mala" o "muy mala" de la APPO. Entre los habitantes de las zonas rurales, ese mismo punto de vista lo comparte 62 por ciento. "Las condiciones del año pasado eran diferentes, pero nos recuperamos", expresó López. "Estamos otra vez en el zócalo (plaza central) de Oaxaca (capital) unas 3.000 personas, aunque sin interrumpir las actividades de la ciudad. Desde aquí salen brigadas a realizar tareas de difusión a las colonias (barrios), las escuelas, en el trasporte público, los mercados y otro puntos", explicó el portavoz, uno de los pocos líderes de la APPO que no llegó a pisar la cárcel tras las acciones policiales de 2006.

Según un poblador de Oaxaca consultado por IPS vía telefónica, el número de manifestantes en el zócalo en realidad no llegaría ni a 300.

Aún están en la cárcel siete personas vinculadas a la APPO, todas capturadas a fines de 2006. Los demás fueron dejados en libertad luego que el gobierno de Oaxaca desistió de la presentación de cargos e incluso pagó la fianza de varios de los acusados.

La Suprema Corte de Justicia decidió el día 21 que la gravedad de los hechos registrados en Oaxaca ameritan una investigación, la que hará a través de una comisión especial. Se investigará la denunciada "violación de garantías a personas físicas determinadas, especialmente vida e integridad corporal, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, respeto del derecho de propiedad, entre otras", indicó la Corte. "También, la probable violación de garantías individuales generalizadas, especialmente libertad de tránsito y de trabajo, el derecho a la información, entre otras; los probables excesos de las fuerzas policíacas municipales, estatales y federales; y la probable omisión o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona". López consideró positiva la decisión de los máximos magistrados del país, pero advirtió que en esas investigaciones se podría también inculpar "injustamente" a las organizaciones sociales y con ello "encubrir a los verdaderos responsables". Tras la rebelión social en Oaxaca, que llegó a paralizar casi toda las actividades comerciales en la capital de ese estado, empresarios privados y ciudadanos acusaron a los miembros de la APPO de haber actuado con violencia y de proferir amenazas y acciones que golpearon duramente a la economía del estado. El gobierno de Calderón reiteró que las nuevas inconformidades en Oaxaca deben ser resueltas por las autoridades estaduales a través del diálogo. Pero esa respuesta fue considerada por la APPO como inaceptable. "La semana pasada entregamos una pedido formal al gobierno de Calderón para que se instala una mesa de negociación. No hemos tenido respuesta, pero la esperamos por el bien de Oaxaca", declaró López.

Para Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, "hay una falta de tino político en el gobierno y de acción institucional para atender a Oaxaca por lo que es alto el riesgo de que regresen las protestas".

"El tema de la impunidad en Oaxaca sigue presente así como las causas de la revuelta del año pasado", dijo Ramírez a IPS.

Todos los informes que se han elaborado sobre Oaxaca, entre ellos el de la estatal pero independiente Comisión Nacional por los Derechos Humanos y de la no gubernamental la Liga Mexicana, indican que Ruiz es el responsable de múltiples abusos no castigados, igual que la policía federal al mando del gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006), del mismo partido que Calderón.

Junto a Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de México.

Según cifras oficiales, en ese estado con unos 3,5 millones de habitantes, la esperanza de vida es de 73,6 años, cuando el promedio nacional es de 74,5, años y las tasa de alfabetización llega a 81,2 por ciento frente al promedio nacional de 91,8 por ciento. Además, cada habitante en promedio tiene 3.978 dólares de ingreso por persona, mientras que el nacional es de 9.015 dólares.

Más cocaína puede abonar tensiones

Franz Chávez

LA PAZ - El aumento de los cultivos bolivianos de coca en ocho por ciento, verificado por las Naciones Unidas, y una oferta anual de cocaína de 94 toneladas pueden derivar en tensiones con Brasil y países de la Unión Europea a los que se orienta el producto ilegal.

En su Informe Mundial de Drogas 2007, publicado este martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) afirma que "sigue disminuyendo el cultivo de coca en la región de los Andes", que comprende a Bolivia, Colombia y Perú.

Pero en el reporte sobre Bolivia, divulgado el 14 de este mes, la ONUDD asevera que las plantaciones bolivianas de coca, materia prima de la cocaína, pasaron en 2006 de 25.400 a 27.500 hectáreas, con una incidencia directa en el incremento de la producción potencial de cocaína de 80 a 94 toneladas respecto del año 2005.

Las reducciones andinas, de dos por ciento, son atribuidas por la ONUDD a Colombia, el mayor cultivador de coca y productor de cocaína del mundo, cuyas plantaciones cayeron en nueve por ciento, compensando los aumentos de Perú y Bolivia.

La legislación boliviana sólo autoriza el cultivo de 12.000 hectáreas para usos legales, consumo tradicional y ritos costumbristas de la coca, por lo que el informe de ONUDD revela un excedente de 15.500 hectáreas consideradas ilegales, en especial en la región semitropical del Chapare, en el central departamento de Cochabamba, donde entre 2005 y 2006 las plantaciones se expandieron en 1.300 hectáreas.

Este aumento "probablemente sea un próximo factor de tensión con Brasil, Europa, y no sólo con Estados Unidos", dijo a IPS el ex parlamentario y analista político Hugo Carvajal.

Fuentes diplomáticas brasileñas, citadas en La Paz por el diario La Razón, afirman que 80 por ciento de la droga producida en Bolivia es enviada a los mercados de Río de Janeiro y São Paulo, controlados en esta última ciudad por el violento Primer Comando de la Capital (PCC).

Además, Brasil se ha convertido en país de tránsito de droga boliviana y peruana destinada a Europa, según datos de la policía encargada de reprimir al narcotráfico.

Este aumento se registra además cuando el gobierno decide respaldar una ampliación de la superficie legal, de 12.000 a 20.000 hectáreas. Pero la mayor incautación de drogas demandará una acción decidida del gobierno para reducir la materia prima, expresó Carvajal.

En 2000 los cultivos de coca llegaron a 23.300 hectáreas, la menor superficie desde que se inició la lucha contra el narcotráfico en los años 90, como resultado de la erradicación forzosa y de los programas de reducción voluntaria en zonas no tradicionales, según datos del Centro Latinoamericano de Investigación Científica.

Poco después de iniciado su mandato, en enero de 2006, el presidente Evo Morales, líder principal de los productores de coca, cedió a la influencia de los sindicatos campesinos del Chapare y autorizó allí el cultivo de 1.600 metros cuadrados (cato) por afiliado.

Durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), la presión de los sindicatos de cocaleros ya había logrado flexibilizar las normas, al conseguir autorización para que cada familia agricultora cultivara un cato.

La ONUDD indica que las 27.500 hectáreas distribuidas entre el Chapare, la zona tradicional de los Yungas en el departamento de La Paz y, en menor extensión, los parques nacionales protegidos, producen 48.000 toneladas de hojas secas.

El mismo estudio agrega que unas 33.200 toneladas se emplean en la fabricación de pasta básica de cocaína bajo el control de narcotraficantes que desplazaron los laboratorios desde las zonas tropicales de cultivo hasta el frío altiplano y barrios marginales de ciudades empobrecidas como El Alto, un enorme suburbio de La Paz, a unos 4.000 metros de altura.

Con 370 kilogramos de hojas de coca del Chapare mezcladas con varios químicos, se puede obtener un kilogramo de clorhidrato de cocaína, mientras las variedades de los Yungas tienen mayor rendimiento: 315 kilogramos para producir un kilo del estupefaciente, señala el documento de la ONUDD.

Además, también se registra suba de la producción de otras sustancias prohibidas, como la marihuana, afirma la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El año pasado fueron confiscadas 139 toneladas, contra 46 en 2005.

En los primeros cinco meses de este año, los decomisos totales de estupefacientes llegaron a 266 toneladas.

Las incautaciones de pasta básica entre 2005 y 2006 pasaron de 10 a 12 toneladas, mientras el decomiso de clorhidrato subió levemente de 1.300 a 1.309 kilogramos, según el reporte de la ONUDD.

El ministro encargado de la seguridad interna, Alfredo Rada, demandó un análisis equilibrado con la incorporación de otros factores, como el resultado de la erradicación de 5.000 hectáreas en el último año, y el esfuerzo policial para combatir las bandas de traficantes.

Desde la población semitropical de Coroico, en los Yungas, 96 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, el agricultor y dirigente cocalero Santiago Gutiérrez no se mostró sorprendido por el diagnóstico de la ONUDD, puesto que está adherido a las "políticas de la derecha que vienen de Estados Unidos", dijo a IPS.

Los informes de organismos internacionales repiten el discurso de incremento de los cultivos, pero dejan de lado la contribución del vegetal al desarrollo de las comunidades, la generación de empleo e ingresos para la población dedicada a esta actividad, agregó.

Gutiérrez, quien es también funcionario de la alcaldía de Coroico y miembro del gobernante Movimiento al Socialismo, está convencido de que hay más consumo de la hoja de coca en usos tradicionales, masticación en regiones andinas y vallunas y empleo en la medicina indígena.

El precio de una carga legal de coca de 23 kilogramos subió de 50 a 93 dólares desde el año pasado y la demanda de coca de los Yungas es mayor que la del Chapare, según Gutiérrez.

El informe de la ONUDD señala que durante 2006, la comercialización de coca en mercados autorizados y fuera de ellos movilizó un total de 180 millones de dólares y representa casi dos por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, estimado en ese documento en 8.700 millones de dólares.

"Estas cifras sugieren que, para el país en su conjunto, la producción de hoja de coca aún tiene impacto en la economía y continúa jugando un rol muy importante dentro de las regiones productoras", reconoce la oficina de las Naciones Unidas.

Más cocaína puede abonar tensiones

Franz Chávez LA PAZ - El aumento de los cultivos bolivianos de coca en ocho por ciento, verificado por las Naciones Unidas, y una oferta anual de cocaína de 94 toneladas pueden derivar en tensiones con Brasil y países de la Unión Europea a los que se orienta el producto ilegal. En su Informe Mundial de Drogas 2007, publicado este martes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) afirma que "sigue disminuyendo el cultivo de coca en la región de los Andes", que comprende a Bolivia, Colombia y Perú. Pero en el reporte sobre Bolivia, divulgado el 14 de este mes, la ONUDD asevera que las plantaciones bolivianas de coca, materia prima de la cocaína, pasaron en 2006 de 25.400 a 27.500 hectáreas, con una incidencia directa en el incremento de la producción potencial de cocaína de 80 a 94 toneladas respecto del año 2005.
Las reducciones andinas, de dos por ciento, son atribuidas por la ONUDD a Colombia, el mayor cultivador de coca y productor de cocaína del mundo, cuyas plantaciones cayeron en nueve por ciento, compensando los aumentos de Perú y Bolivia. La legislación boliviana sólo autoriza el cultivo de 12.000 hectáreas para usos legales, consumo tradicional y ritos costumbristas de la coca, por lo que el informe de ONUDD revela un excedente de 15.500 hectáreas consideradas ilegales, en especial en la región semitropical del Chapare, en el central departamento de Cochabamba, donde entre 2005 y 2006 las plantaciones se expandieron en 1.300 hectáreas. Este aumento "probablemente sea un próximo factor de tensión con Brasil, Europa, y no sólo con Estados Unidos", dijo a IPS el ex parlamentario y analista político Hugo Carvajal. Fuentes diplomáticas brasileñas, citadas en La Paz por el diario La Razón, afirman que 80 por ciento de la droga producida en Bolivia es enviada a los mercados de Río de Janeiro y São Paulo, controlados en esta última ciudad por el violento Primer Comando de la Capital (PCC). Además, Brasil se ha convertido en país de tránsito de droga boliviana y peruana destinada a Europa, según datos de la policía encargada de reprimir al narcotráfico. Este aumento se registra además cuando el gobierno decide respaldar una ampliación de la superficie legal, de 12.000 a 20.000 hectáreas. Pero la mayor incautación de drogas demandará una acción decidida del gobierno para reducir la materia prima, expresó Carvajal. En 2000 los cultivos de coca llegaron a 23.300 hectáreas, la menor superficie desde que se inició la lucha contra el narcotráfico en los años 90, como resultado de la erradicación forzosa y de los programas de reducción voluntaria en zonas no tradicionales, según datos del Centro Latinoamericano de Investigación Científica. Poco después de iniciado su mandato, en enero de 2006, el presidente Evo Morales, líder principal de los productores de coca, cedió a la influencia de los sindicatos campesinos del Chapare y autorizó allí el cultivo de 1.600 metros cuadrados (cato) por afiliado. Durante el gobierno de Carlos Mesa ), la presión de los sindicatos de cocaleros ya había logrado flexibilizar las normas, al conseguir autorización para que cada familia agricultora cultivara un cato. La ONUDD indica que las 27.500 hectáreas distribuidas entre el Chapare, la zona tradicional de los Yungas en el departamento de La Paz y, en menor extensión, los parques nacionales protegidos, producen 48.000 toneladas de hojas secas. El mismo estudio agrega que unas 33.200 toneladas se emplean en la fabricación de pasta básica de cocaína bajo el control de narcotraficantes que desplazaron los laboratorios desde las zonas tropicales de cultivo hasta el frío altiplano y barrios marginales de ciudades empobrecidas como El Alto, un enorme suburbio de La Paz, a unos 4.000 metros de altura. Con 370 kilogramos de hojas de coca del Chapare mezcladas con varios químicos, se puede obtener un kilogramo de clorhidrato de cocaína, mientras las variedades de los Yungas tienen mayor rendimiento: 315 kilogramos para producir un kilo del estupefaciente, señala el documento de la ONUDD. Además, también se registra suba de la producción de otras sustancias prohibidas, como la marihuana, afirma la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El año pasado fueron confiscadas 139 toneladas, contra 46 en 2005. En los primeros cinco meses de este año, los decomisos totales de estupefacientes llegaron a 266 toneladas. Las incautaciones de pasta básica entre 2005 y 2006 pasaron de 10 a 12 toneladas, mientras el decomiso de clorhidrato subió levemente de 1.300 a 1.309 kilogramos, según el reporte de la ONUDD. El ministro encargado de la seguridad interna, Alfredo Rada, demandó un análisis equilibrado con la incorporación de otros factores, como el resultado de la erradicación de 5.000 hectáreas en el último año, y el esfuerzo policial para combatir las bandas de traficantes. Desde la población semitropical de Coroico, en los Yungas, 96 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, el agricultor y dirigente cocalero Santiago Gutiérrez no se mostró sorprendido por el diagnóstico de la ONUDD, puesto que está adherido a las "políticas de la derecha que vienen de Estados Unidos", dijo a IPS. Los informes de organismos internacionales repiten el discurso de incremento de los cultivos, pero dejan de lado la contribución del vegetal al desarrollo de las comunidades, la generación de empleo e ingresos para la población dedicada a esta actividad, agregó. Gutiérrez, quien es también funcionario de la alcaldía de Coroico y miembro del gobernante Movimiento al Socialismo, está convencido de que hay más consumo de la hoja de coca en usos tradicionales, masticación en regiones andinas y vallunas y empleo en la medicina indígena. El precio de una carga legal de coca de 23 kilogramos subió de 50 a 93 dólares desde el año pasado y la demanda de coca de los Yungas es mayor que la del Chapare, según Gutiérrez. El informe de la ONUDD señala que durante 2006, la comercialización de coca en mercados autorizados y fuera de ellos movilizó un total de 180 millones de dólares y representa casi dos por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, estimado en ese documento en 8.700 millones de dólares. "Estas cifras sugieren que, para el país en su conjunto, la producción de hoja de coca aún tiene impacto en la economía y continúa jugando un rol muy importante dentro de las regiones productoras", reconoce la oficina de las Naciones Unidas.

Moratoria no alcanza

Newton Sibanda

LUSAKA - Activistas de Zambia contra la pena capital temen por la fragilidad de la moratoria a las ejecuciones actualmente vigente, mientras jueces y legisladores presionan para preservar el máximo castigo.

Desde 1964, cuando Zambia se convirtió en país independiente, 53 personas fueron llevadas a la horca.

Pero en 2004, el presidente Levy Mwanawasa anunció que no firmaría ninguna sentencia de muerte mientras estuviera en el poder. Para dejar en claro su compromiso, conmutó las sentencias a muerte de unos 46 soldados rebeldes acusados de traición luego de un fallido golpe de Estado en 1997.

Mwanawasa fue reelecto el año pasado, y aseguró que la moratoria se mantendría hasta 2011.

Sin embargo, el compromiso del presidente no logró influir en las recomendaciones de la Comisión de Revisión Constitucional. En diciembre de 2005, ese organismo exigió mantener la pena de muerte en la carta magna.

A fines del año pasado, hubo un segundo ataque importante a las esperanzas abolicionistas, cuando la Suprema Corte rechazó un desafío legal a la constitucionalidad de la pena de muerte.

Kevin Hang'andu, prominente abogado y activista, había argumentado que como la pena capital violaba el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe "el castigo cruel, inhumano y degradante". El caso involucró a Benjamin Banda y Cephas Kufa Miti, condenados a muerte en 2000 por robo armado, un delito capital en Zambia.

"El fallo de la Suprema Corte esencialmente certificó el uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia, al sostener que el artículo 12 de la Constitución permite específicamente su aplicación, desviándose del derecho a la vida", dijo Hang'andu a IPS.

Su preocupación es que la moratoria descansa sólo en un individuo: el presidente. "Mi duda como abogado es que hace muchos siglos los ingleses descubrieron que la seguridad de la comunidad no radicaba en la benevolencia de los buenos gobernantes, sino en las buenas leyes. Los buenos gobernantes van y vienen, pero las buenas leyes son perpetuas", dijo.

"Si Levy Mwanawasa, que está finalizando su gobierno, desaparece de escena, solamente podemos especular sobre el destino de los prisioneros" que actualmente esperan ser ejecutados, agregó.

El activista criticó la falta de reacción del gobierno ante el fallo de la Suprema Corte. "No hubo ni una palabra", dijo.

El gobierno debería realizar una campaña educativa a fin de preparar a la población para que tome decisiones informadas en un momento en el que hay tanta controversia sobre una nueva Constitución, sostuvo.

Enocent Silwamba, obispo de la Iglesia de la Santidad Pentecostal y director ejecutivo de Prison Fellowship, organización no gubernamental cristiana de Zambia que trabaja por el bienestar de los prisioneros, se hizo eco del llamado a que los ciudadanos estén informados sobre la pena capital.

Hace dos años hubo una fuerte campaña organizada por la sociedad civil. Pero ahora el público está preocupado con otros temas importantes, como los referidos a la revisión de la Constitución.

"Pienso que necesitamos reavivar la campaña", afirmó Silwamba, subrayando que Zambia debería seguir la tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte.

"Deberíamos mirar sentencias alternativas. En Zambia no matan inmediatamente, sino que mantienen a los prisioneros esperando su ejecución durante años", declaró a IPS.

"¿Por qué mantenemos la pena de muerte si no estamos preparados para ahorcarlos una vez que son condenados? Sería útil darles otra chance, incluso a aquellos que cometieron delitos graves. Cuando termina la justicia, comienza la piedad", agregó.

Algo debe hacerse para reducir el número de personas en la fila al cadalso en Mukobeko, sostuvo.

Mukobeko es una prisión de alta seguridad 150 kilómetros al norte de Lusaka. Allí hay unos 290 sentenciados a muerte.

Enock Mulembe, de la abolicionista Comisión Permanente de Derechos Humanos, confirmó que la superpoblación de Mukobeko genera graves problemas. Los reclusos viven hacinados de a seis o siete en una celda prevista para una persona, dijo.

La Comisión sostiene que la pena capital no es un disuasivo efectivo contra los delitos graves. "Por lo tanto, no vemos ninguna justificación para que Zambia continúe conservar el castigo", dijo Mulembe a IPS.

Amnistía Internacional también llamó al gobierno a comprometer al público en un debate sobre la pena de muerte." La voz de quienes se oponen al castigo máximo ahora son débiles y la mayoría de la población del país está a favor de mantener la pena capital", dijo a IPS el director ejecutivo para Zambia, Charles Mulenga.

"El gobierno siempre debe asumir el liderazgo en asuntos de derechos humanos y brindar orientación. Muchas personas se resisten a la abolición por ignorancia", señaló.

Abolir la pena de muerte alentaría a otros países de la región a hacer lo mismo. "Sería un ejemplo de cómo el buen liderazgo puede avanzar y abolir la pena aunque la mayoría esté, todavía, a favor de mantenerla", sostuvo.

El debate actual sobre la nueva Constitución da la oportunidad de evaluar todos los argumentos y decidir si el castigo máximo debe permanecer en el sistema legal, dijo a IPS el abogado constitucionalista Chaloka Beyani.

Es un momento de desafíos y pruebas, coincidió Hang'andu. Ahora el gobierno debe declarar su posición en forma inequívoca sobre la recomendación de la Comisión de Revisión Constitucional.

"Pienso que el jefe de Estado hizo algo al negarse a firmar cualquier sentencia de muerte, y espero que ahora sus ministros puedan aprender lecciones de él", señaló.

Al borde del colapso

Cientos de miles de civiles están sumergidos en una ola de violencia y caos en República Centroafricana, según Amnistía Internacional, que este martes exigió el despliegue inmediato de cascos azules allí.

"La ley y el orden en República Centroafricana se dirigen rápidamente hacia el borde del colapso", según Godfrey Byaruhanga, investigador de Amnistía que acaba de regresar de una visita al país y al sur de Chad, donde entrevistó a refugiados de aquel país.

"La autoridad del gobierno está confinada a la capital, Bangui, donde reinan la inseguridad, la corrupción y la impunidad. La repercusión del colapso será catastrófica para toda la región de África central", agregó.

La peor violencia, según Amnistía, se registra en el norte del país, donde la población civil no sólo se enfrenta con la violencia de tropas del gobierno y de varias facciones rebeldes, sino también de bandoleros armados.

La situación en República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, no es tan notoria como la de la occidental región sudanesa de Darfur y Chad oriental, que sufren la agresión de milicias árabes respaldadas por Jartum.

El presidente de República Centroafricana, François Bozizé, está estrechamente aliado con el de Chad, Idriss Déby, quien apoyó a las fuerzas rebeldes en Darfur. Mientras, analistas regionales acusan a Sudán de respaldar a fuerzas rebeldes en República Centroafricana y en Chad.

Representantes de los tres países se reunieron en febrero en Francia para firmar un acuerdo que comprometió a cada uno de ellos a abstenerse de apoyar a fuerzas rebeldes en los otros.

Pero el acuerdo fue ignorado, mientras las prolongadas negociaciones entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Sudán demoraron el despliegue de una fuerza conjunta de 21.000 efectivos del foro mundial y la Unión Africana (UA) en la región para vigilar las fronteras y a proteger a la población civil.

Se calcula que 400.000 personas fallecieron como consecuencia de la violencia en Darfur, mientras más de dos millones debieron abandonar sus hogares. Decenas de miles también fueron desarraigados por la violencia transfronteriza en Chad.

Se calcula que del norte de República Centroafricana huyeron 280.000 de los 4,5 millones de habitantes en los últimos dos años de combate.

Pero la situación se deterioró en los últimos meses, según Amnistía.

A comienzos de junio, un socorrista francés de Médicos Sin Fronteras fue asesinado cuando participaba en una misión de evaluación a lo largo de la frontera común de República Centroafricana con Chad y Camerún.

Las agencias humanitarias de la ONU suspendieron las operaciones en el área afectada.

Según Byaruhanga, de Amnistía, el norte de República Centroafricana se volvió "una batalla campal, un coto de caza para varias milicias, tropas regulares e incluso bandoleros armados, algunos de los cuales proceden de lugares tan lejanos como África occidental para secuestrar personas y saquear en aldeas".

Las fuerzas rebeldes matan a civiles que se niegan a apoyarlas o a unirse a ellas, y efectivos del gobierno ejecutaron a civiles acusados de cooperar con insurgentes, e incluso incendiaron aldeas enteras en ataques de represalia.

Mientras, bandoleros conocidos como zaraguinas o "cortadores de rutas" deambulan libremente en el área en busca de ganado y niños a los que secuestran en procura de un rescate.

Según refugiados entrevistados por Byaruhanga, padres de estos niños deben pagar el equivalente de hasta 4.000 dólares por su libertad. Algunos fueron secuestrados muchas veces.

"El área total se convirtió en un caldero de violencia y temor, lo cual amenaza con desestabilizar aún más lo que ya es una de las áreas más inestables y peligrosas del mundo", dijo Byaruhanga.

"Los civiles están atrapados en una situación de pérdida total. Muchos tienen tanto miedo que huyen a Sudán, Camerún y Chad meridional, yendo de mal en peor por pura desesperación", explicó.

Francia, que intervino frecuentemente en República Centroafricana desde su independencia en 1960, tiene unos 200 efectivos apostados en Bangui para proteger la capital.

Estados Unidos, que retiró a su embajador en República Centroafricana en 2002 para poner de relieve su insatisfacción con el fracaso del entonces presidente Ange-Félix Patassé en la implementación de reformas económicas y políticas, enviará en julio a un nuevo representante, Frederick Cook.

En 2003, Bozizé depuso a Patassé, elegido presidente en 1993, a través de un golpe de Estado. Dos años después, ganó elecciones presidenciales que, según el embajador Cook, satisfacían "estándares internacionales mínimos".

Al menos una de las facciones rebeldes, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia, es considerada leal a Patassé.

Uno de sus líderes, Magloire Nguetel, dijo esta semana a The Associated Press que él y algunos de sus efectivos estaban preparados para abandonar las armas y volver a unirse al ejército bajo el mando de Bozizé.

La revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz, con sede en Washington, ubicaron la semana pasada a República Centroafricana y a tres de sus vecinos entre los 10 primeros de un índice anual de "estados fracasados".

Sudán quedó en el primer lugar, Chad en el quinto, República Democrática del Congo y República Centroafricana en el décimo.

"Ubicado en la frontera de Chad, Sudán y los Congos, el país enfrenta la presión de los vecinos, que por momentos pueden preferir que el país sea débil e inestable para que pueda servir como refugio para sus rebeldes, o sus fuerzas, o ambos", dijo Cook a los senadores en su audiencia de confirmación a comienzos de este mes.


Al borde del colapso

Cientos de miles de civiles están sumergidos en una ola de violencia y caos en República Centroafricana, según Amnistía Internacional, que este martes exigió el despliegue inmediato de cascos azules allí.

"La ley y el orden en República Centroafricana se dirigen rápidamente hacia el borde del colapso", según Godfrey Byaruhanga, investigador de Amnistía que acaba de regresar de una visita al país y al sur de Chad, donde entrevistó a refugiados de aquel país.

"La autoridad del gobierno está confinada a la capital, Bangui, donde reinan la inseguridad, la corrupción y la impunidad. La repercusión del colapso será catastrófica para toda la región de África central", agregó.

La peor violencia, según Amnistía, se registra en el norte del país, donde la población civil no sólo se enfrenta con la violencia de tropas del gobierno y de varias facciones rebeldes, sino también de bandoleros armados.

La situación en República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, no es tan notoria como la de la occidental región sudanesa de Darfur y Chad oriental, que sufren la agresión de milicias árabes respaldadas por Jartum.

El presidente de República Centroafricana, François Bozizé, está estrechamente aliado con el de Chad, Idriss Déby, quien apoyó a las fuerzas rebeldes en Darfur. Mientras, analistas regionales acusan a Sudán de respaldar a fuerzas rebeldes en República Centroafricana y en Chad.

Representantes de los tres países se reunieron en febrero en Francia para firmar un acuerdo que comprometió a cada uno de ellos a abstenerse de apoyar a fuerzas rebeldes en los otros.

Pero el acuerdo fue ignorado, mientras las prolongadas negociaciones entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Sudán demoraron el despliegue de una fuerza conjunta de 21.000 efectivos del foro mundial y la Unión Africana (UA) en la región para vigilar las fronteras y a proteger a la población civil.

Se calcula que 400.000 personas fallecieron como consecuencia de la violencia en Darfur, mientras más de dos millones debieron abandonar sus hogares. Decenas de miles también fueron desarraigados por la violencia transfronteriza en Chad.

Se calcula que del norte de República Centroafricana huyeron 280.000 de los 4,5 millones de habitantes en los últimos dos años de combate.

Pero la situación se deterioró en los últimos meses, según Amnistía.

A comienzos de junio, un socorrista francés de Médicos Sin Fronteras fue asesinado cuando participaba en una misión de evaluación a lo largo de la frontera común de República Centroafricana con Chad y Camerún.

Las agencias humanitarias de la ONU suspendieron las operaciones en el área afectada.

Según Byaruhanga, de Amnistía, el norte de República Centroafricana se volvió "una batalla campal, un coto de caza para varias milicias, tropas regulares e incluso bandoleros armados, algunos de los cuales proceden de lugares tan lejanos como África occidental para secuestrar personas y saquear en aldeas".

Las fuerzas rebeldes matan a civiles que se niegan a apoyarlas o a unirse a ellas, y efectivos del gobierno ejecutaron a civiles acusados de cooperar con insurgentes, e incluso incendiaron aldeas enteras en ataques de represalia.

Mientras, bandoleros conocidos como zaraguinas o "cortadores de rutas" deambulan libremente en el área en busca de ganado y niños a los que secuestran en procura de un rescate.

Según refugiados entrevistados por Byaruhanga, padres de estos niños deben pagar el equivalente de hasta 4.000 dólares por su libertad. Algunos fueron secuestrados muchas veces.

"El área total se convirtió en un caldero de violencia y temor, lo cual amenaza con desestabilizar aún más lo que ya es una de las áreas más inestables y peligrosas del mundo", dijo Byaruhanga.

"Los civiles están atrapados en una situación de pérdida total. Muchos tienen tanto miedo que huyen a Sudán, Camerún y Chad meridional, yendo de mal en peor por pura desesperación", explicó.

Francia, que intervino frecuentemente en República Centroafricana desde su independencia en 1960, tiene unos 200 efectivos apostados en Bangui para proteger la capital.

Estados Unidos, que retiró a su embajador en República Centroafricana en 2002 para poner de relieve su insatisfacción con el fracaso del entonces presidente Ange-Félix Patassé en la implementación de reformas económicas y políticas, enviará en julio a un nuevo representante, Frederick Cook.

En 2003, Bozizé depuso a Patassé, elegido presidente en 1993, a través de un golpe de Estado. Dos años después, ganó elecciones presidenciales que, según el embajador Cook, satisfacían "estándares internacionales mínimos".

Al menos una de las facciones rebeldes, el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia, es considerada leal a Patassé.

Uno de sus líderes, Magloire Nguetel, dijo esta semana a The Associated Press que él y algunos de sus efectivos estaban preparados para abandonar las armas y volver a unirse al ejército bajo el mando de Bozizé.

La revista Foreign Policy y el Fondo para la Paz, con sede en Washington, ubicaron la semana pasada a República Centroafricana y a tres de sus vecinos entre los 10 primeros de un índice anual de "estados fracasados".

Sudán quedó en el primer lugar, Chad en el quinto, República Democrática del Congo y República Centroafricana en el décimo.

"Ubicado en la frontera de Chad, Sudán y los Congos, el país enfrenta la presión de los vecinos, que por momentos pueden preferir que el país sea débil e inestable para que pueda servir como refugio para sus rebeldes, o sus fuerzas, o ambos", dijo Cook a los senadores en su audiencia de confirmación a comienzos de este mes.


martes, 26 de junio de 2007

HAITÍ - REPÚBLICA DOMINICANA: Vecinos, no amigos

SANTO DOMINGO - En un viaje a Pedernales, la provincia más meridional sobre la frontera con Haití, funcionarios de República Dominicana subieron 12 veces a inspeccionar el autobús.

Dos mujeres que viajaban en él con niños y documentos dominicanos fueron sometidas a reiterados controles. Una, acusada al principio de portar cédula de identidad falsa, terminó intercambiando bromas con el guardia de la frontera.

Las medidas de seguridad se intensificaron luego de informes según los cuales haitianos ingresaron en República Dominicana pagando sobornos a guardias de la frontera, y en medio de una crisis entre dominicanos que temen que su nación sea invadida por inmigrantes haitianos que escapan de la pobreza y la degradación ambiental.

En respuesta, Santo Domingo aumentó los salarios de los guardias y lanzó una nueva fuerza militar fronteriza que ya realizó ejercicios para restringir el masivo influjo de inmigrantes.

Funcionarios del gobierno vestidos de civiles ahora detienen a los autobuses que llegan desde la frontera.

La mayoría de los pasajeros en el viaje desde Pedernales presentaron pasaportes haitianos que les habían costado 75 dólares, alrededor de 15 por ciento del ingreso nacional promedio, y visas individuales y múltiples cuyo costo es de entre 33 y 150 dólares.

Los pasajeros confirmaron que hasta hace pocos meses era posible ingresar al país simplemente sobornando al chofer, que negociaba con los guardias de la frontera el derecho a atravesarla.

"Podíamos venir sin nada, ni documentos, solamente dinero. Ahora debemos tener documentos", dijo una de las mujeres.

Los hombres haitianos dijeron que iban a trabajar, ya que no había empleos en su país. Pero ninguna de sus visas les daba el derecho legal a trabajar.

En 2004 fue aprobada una nueva ley para formalizar el estatus de los trabajadores temporales, pero todavía necesita la sanción presidencial. La economía dominicana depende fuertemente de los inmigrantes haitianos, que constituyen alrededor de 60 por ciento de la mano de obra agrícola y realizan buena parte de los trabajos de construcción.

Pocos de los nuevos trabajadores haitianos buscan empleo en las plantaciones de caña de azúcar, y prefieren vivir en las ciudades o buscar otras tareas agrícolas.

República Dominicana fue acusada de "esclavitud moderna" en dos películas sobre las condiciones de vida entre los cultivadores de caña de azúcar, que ahora se exhiben en Francia y Estados Unidos. También hubo informes negativos de Amnistía Internacional y una campaña nacional e internacional a favor de los haitianos-dominicanos sin documentación.

Como consecuencia de todo esto, aumentó el sentimiento nacionalista. Las voces moderadas fueron acalladas, mientras periódicos locales publicaban carta tras carta transmitiendo los temores de muchos dominicanos de que su nación, tradicionalmente "blanca, española y cristiana", sea dominada por los haitianos.

Muchos dominicanos tomaron las acusaciones de abusos contra inmigrantes como ataques contra toda la nación. La industria azucarera fue privatizada en 1999, pero el azúcar y el ron, su derivado, fueron durante siglos la columna vertebral de la economía dominicana. Los líderes de la industria turística, que ahora es el principal motor económico, temen que los llamados a sancionar y boicotear a la nación afecten las ganancias.

Tras la resolución de un caso que llevó 10 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo no vinculante de la Organización de Estados Americanos, la Suprema Corte Dominicana reafirmó su soberanía declarando que no concedería la ciudadanía a hijos de trabajadores indocumentados, como había recomendado el tribunal, pero en cambio establecería un "libro rosa" para registrar los nacimientos de los hijos de ciudadanos extranjeros.

Edwin Paraison, director de la Fundación Zile y ex cónsul haitiano que trabaja por los derechos de los haitianos en República Dominicana, apoya la idea del "libro rosa".

"Es un primer paso. Por lo menos todos los niños tendrán un registro de nacimiento y nosotros podemos trabajar a partir de ahí, para conseguirles documentos oficiales, ya sea de Haití o de aquí", sostuvo.

"Hay 600.000 haitianos viviendo en este país, pero apenas 5.000 o 6.000 de ellos poseen un estatus legal adecuado", enfatizó.

Todos los otros viven en condiciones de inseguridad, sometidos a deportaciones en cualquier momento. Sin embargo, las deportaciones masivas de haitianos se redujeron, registrándose apenas 5.000 en los primeros cinco meses de este año, en contraste con unas 20.000 el año pasado.

Paraison también urgió a implementar la nueva ley migratoria. "Los jefes llaman a la policía para que deporte a trabajadores haitianos, así no tienen que pagarles", agregó.

Este abuso fue confirmado a IPS por Luis Manuel Ramírez, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Ginebra, quien trabaja con el gobierno dominicano en Santo Domingo para garantizar que las deportaciones sean hechas de manera humana y que los deportados puedan recibir su paga y notificar a sus familias.

"Las cosas mejoraron un poco en los últimos dos años. Son transportados en autobuses, no en camiones abiertos. Los alimentan mientras están bajo custodia. Menos niños son llevados", señaló.

Aunque la Organización Internacional para las Migraciones no adopta ninguna posición en materia de ciudadanía por considerar que es un asunto interno dominicano, Ramírez sostuvo que "las condiciones mejorarán una vez que la nueva ley sea implementada".

Contrariamente a la impresión de que todos los haitianos viven en condiciones terribles en República Dominicana, la evidencia sugiere que la mayoría están a la par sus vecinos dominicanos pobres.

La Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana, realizada en 2004 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de 40.000 hogares, concluyó que alrededor de 70 por ciento de los haitianos vivía con luz eléctrica, camas con colchones, baños y agua de suministro urbano.

REPÚBLICA DOMINICANA:
Organización Internacional para las Migraciones

"Si los desviados comienzan a manifestarse, habrá que aporrearlos."

Estas son las palabras pronunciadas por Wojciech Wierzejski, diputado de la Asamblea Nacional de Polonia. Entre los discursos de las autoridades polacas (incluido su gobierno) es tristemente habitual escuchar expresiones homófobas.

El gobierno polaco discrimina a una parte de la población e incumple sus compromisos con la UE en este sentido. Es necesario que las autoridades dejen de emitir discursos o declaraciones homófobas. También deben garantizar el derecho a la manifestación pacífica, el derecho de asociación y la libertad de expresión.

Pero además, es imprescindible que el gobierno polaco condene públicamente toda amenaza o ataque contra el colectivo LGBT. En los dos últimos años, activistas de los derechos de las minorías sexuales han sido atacados por manifestarse de forma pacífica. En otras ocasiones han tenido que afrontar la prohibición de actividades públicas a favor de la tolerancia.

Y ahora tienes la posibilidad de hacerles oir tu protesta. Firma ahora y demuéstrales que tú no lo aceptas.

Miles de personas desfilaron en la Marcha del Orgullo homosexual

Unos 20 ultraortodoxos detenidos, una carga explosiva descubierta a tiempo y algunos golpes, fue la molestia que sufrieron 5.000 participantes de una Marcha del Orgullo acorde a Jerusalem: silenciosa, breve, bien vestida y respetuosa. Antes, a último momento, la Corte Suprema tuvo que dar la última y definitiva autorización. Luego de semanas de oposición, manifestaciones virulentas, intentos de anulación y apelaciones a la Justicia, se realizó finalmente la Marcha del Orgullo Homosexual, convocada y organizada por la Casa Abierta. La misma recorrió un muy breve tramo durante algo menos de una hora: unos 500 metros de la calle Rey David.

Previo a la marcha, fue presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema reclamando su prohibición. La Corte debió debatir durante horas para rechazar la demanda, dando de hecho la luz verde final a su realización.

Los religiosos ultraortodoxos, que se autoconvocaron de modo espontáneo, intentaron perturbar una marcha que más que del orgullo parecía una marcha del silencio. Veinte de ellos fueron detenidos.

Mucha agua pasó bajo el puente, y el hecho de haber marchado por menos de una hora apenas 500 metros, tal vez la marcha más lenta de la historia, los homosexuales y lesbianas israelíes pudieron anotarse un triunfo.

Entre los carteles con los colores de la comunidad homosexual, podía leerse: “Donde callen a los homosexuales, callarán a los heteros”. En un panfleto repartido por la Casa Abierta se indicó que “el objetivo de la Marcha era protestar contra la homofobia y la incitación al odio, e impulsar los derechos de la comunidad”.

El evento que iba a tener lugar luego en el Parque de la Campana, fue suspendido debido a la huelga de bomberos. Sin embargo, a la hora de dispersarse, los manifestantes expresaron satisfacción por los resultados, y dijeron que el objetivo ha sido alcanzado.

El miembro del Consejo de la Muncipalidad de Jerusalem, Sáar Netanel (Meretz), dijo al final del evento que la Marcha era un triunfo para él y para la comunidad homosexual y lesbiana. “La Marcha del Orgullo desfiló por la capital de Israel a pesar de todo y ése es el logro más importante”. Algunos participantes protestaron por el hecho de haber sido tan corta.