Dos reclutas que pretendieron secuestrar sin éxito en Cuba un avión para emigrar a Estados Unidos corren riesgo de ser condenados a muerte, reeditando hechos que, cuatro años atrás, acabaron con el fusilamiento de tres de los involucrados.Antes de ser detenidos, en la madrugada del jueves, los secuestradores dieron muerte a uno de sus rehenes, añadiendo agravantes al caso que mantuvo en jaque durante varios días a las fuerzas policiales.
Elizardo Sánchez, activista de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sin reconocimiento legal en el país, admitió que la pena de muerte está contemplada para los delitos cometidos tanto en el código penal como en el militar.
Esa sentencia se aplicó por última vez en este país el 11 de abril de 2003 a tres secuestradores de una lancha repleta de pasajeros, en la cual pretendían viajar a territorio estadounidense, meta principal de la emigración cubana.
El incidente formó parte de una ola de secuestros de medios de transporte para ser desviados hacia Estados Unidos, en lo que el gobierno cubano denunció como "plan siniestro de provocaciones" tramado en ese país.
En esa ocasión, el presidente Fidel Castro explicó que hubo que aplicar "sin vacilación alguna" esas sentencias para cortar de manera radical aquella situación que ponía en juego la seguridad del país.
El nuevo caso encuentra al mandatario convaleciente de una compleja intervención intestinal, tras la cual delegó sus cargos de manera provisional en su hermano y primer vicepresidente, Raúl Castro.
En una nota informativa, el Ministerio del Interior señaló la noche del jueves que "los dos individuos" se apoderaron previamente de un ómnibus de transporte urbano, con varios pasajeros a bordo, e irrumpieron con ese vehículo en la terminal de vuelos nacionales del aeropuerto internacional José Martí.
Una vez allí, penetraron en un avión estacionado, sin tripulantes ni pasajeros, donde asesinaron al teniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Víctor Ibo Acuña Velázquez, quien pese a estar desarmado intentó oponer resistencia, según la version oficial.
"La acción efectiva y coordinada de las fuerzas del orden permitió frustrar el propósito de los secuestradores y preservar la vida del resto de los rehenes", aseveró el comunicado.
Sin identificarlos, el Ministerio del Interior dijo que los reclutas se fugaron el 29 de abril de una unidad militar de las FAR, luego de asesinar al soldado del Servicio Militar Activo Yoendris Gutiérrez Hernández y herir a otro combatiente.
"En esa ocasión estos individuos, que cumplían también el Servicio Militar Activo en la propia unidad, huyeron con dos fusiles AK, razón por la cual se desplegó un intenso operativo y se adoptaron las medidas dirigidas a evitar nuevas víctimas", puntualizó.
De acuerdo a la información oficial, el apoyo de la población de la zona facilitó la captura de un tercer implicado en los hechos, "quien reveló que el propósito era abandonar el país de forma ilegal".
La nota culpó de alentar "acciones vandálicas y criminales" a la estadounidense "llamada Ley de Ajuste Cubano", que concede residencia a ciudadanos cubanos que pisen suelo estadounidense sin importar la vía de ingreso.
"Sobre las máximas autoridades de los Estados Unidos recae la responsabilidad por estos nuevos crímenes, que se suman a la larga lista de actos de terrorismo de que Cuba ha sido víctima durante casi medio siglo", sentenció.
La policía hizo circular desde este fin de semana las fotografías de los tres reclutas fugados, a quienes identificó como Yoan Torres Martínez, de 21 años, Alain Forbus Lameru, de 19 años, y Leandro Cerezo Sirut, también de 19 años.
Todos son oriundos de Camagüey, distante 534 kilómetros de La Habana.
Según el artículo 29 del Código Penal, la pena capital es de carácter excepcional y no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando embarazadas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia.
Todos los varones cubanos, desde el 1 de enero del año en el que cumplen los 17 años de edad hasta el 31 de diciembre del año en que lleguen a los 28 años, deben cumplir el servicio militar activo por un período de 24 meses.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias puede disponer que ese plazo sea conmutado con la prestación de dicho servicio en formas alternativas, siempre que se garantice la preparación militar correspondiente.
Los ciudadanos que constituyen el único sostén familiar reciben una prestación de asistencia social mientras permanezcan en servicio activo.
Según el gobierno, Cuba no puede contar únicamente con soldados profesionales porque la defensa es tarea de todos y cada cubano debe alcanzar la preparación militar requerida, pero además el país no dispone de los enormes recursos financieros requeridos para reclutar personal mediante el estímulo económico.
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