SANTO DOMINGO - En un viaje a Pedernales, la provincia más meridional sobre la frontera con Haití, funcionarios de República Dominicana subieron 12 veces a inspeccionar el autobús.
Dos mujeres que viajaban en él con niños y documentos dominicanos fueron sometidas a reiterados controles. Una, acusada al principio de portar cédula de identidad falsa, terminó intercambiando bromas con el guardia de la frontera.
Las medidas de seguridad se intensificaron luego de informes según los cuales haitianos ingresaron en República Dominicana pagando sobornos a guardias de la frontera, y en medio de una crisis entre dominicanos que temen que su nación sea invadida por inmigrantes haitianos que escapan de la pobreza y la degradación ambiental.
En respuesta, Santo Domingo aumentó los salarios de los guardias y lanzó una nueva fuerza militar fronteriza que ya realizó ejercicios para restringir el masivo influjo de inmigrantes.
Funcionarios del gobierno vestidos de civiles ahora detienen a los autobuses que llegan desde la frontera.
La mayoría de los pasajeros en el viaje desde Pedernales presentaron pasaportes haitianos que les habían costado 75 dólares, alrededor de 15 por ciento del ingreso nacional promedio, y visas individuales y múltiples cuyo costo es de entre 33 y 150 dólares.
Los pasajeros confirmaron que hasta hace pocos meses era posible ingresar al país simplemente sobornando al chofer, que negociaba con los guardias de la frontera el derecho a atravesarla.
"Podíamos venir sin nada, ni documentos, solamente dinero. Ahora debemos tener documentos", dijo una de las mujeres.
Los hombres haitianos dijeron que iban a trabajar, ya que no había empleos en su país. Pero ninguna de sus visas les daba el derecho legal a trabajar.
En 2004 fue aprobada una nueva ley para formalizar el estatus de los trabajadores temporales, pero todavía necesita la sanción presidencial. La economía dominicana depende fuertemente de los inmigrantes haitianos, que constituyen alrededor de 60 por ciento de la mano de obra agrícola y realizan buena parte de los trabajos de construcción.
Pocos de los nuevos trabajadores haitianos buscan empleo en las plantaciones de caña de azúcar, y prefieren vivir en las ciudades o buscar otras tareas agrícolas.
República Dominicana fue acusada de "esclavitud moderna" en dos películas sobre las condiciones de vida entre los cultivadores de caña de azúcar, que ahora se exhiben en Francia y Estados Unidos. También hubo informes negativos de Amnistía Internacional y una campaña nacional e internacional a favor de los haitianos-dominicanos sin documentación.
Como consecuencia de todo esto, aumentó el sentimiento nacionalista. Las voces moderadas fueron acalladas, mientras periódicos locales publicaban carta tras carta transmitiendo los temores de muchos dominicanos de que su nación, tradicionalmente "blanca, española y cristiana", sea dominada por los haitianos.
Muchos dominicanos tomaron las acusaciones de abusos contra inmigrantes como ataques contra toda la nación. La industria azucarera fue privatizada en 1999, pero el azúcar y el ron, su derivado, fueron durante siglos la columna vertebral de la economía dominicana. Los líderes de la industria turística, que ahora es el principal motor económico, temen que los llamados a sancionar y boicotear a la nación afecten las ganancias.
Tras la resolución de un caso que llevó 10 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo no vinculante de la Organización de Estados Americanos, la Suprema Corte Dominicana reafirmó su soberanía declarando que no concedería la ciudadanía a hijos de trabajadores indocumentados, como había recomendado el tribunal, pero en cambio establecería un "libro rosa" para registrar los nacimientos de los hijos de ciudadanos extranjeros.
Edwin Paraison, director de la Fundación Zile y ex cónsul haitiano que trabaja por los derechos de los haitianos en República Dominicana, apoya la idea del "libro rosa".
"Es un primer paso. Por lo menos todos los niños tendrán un registro de nacimiento y nosotros podemos trabajar a partir de ahí, para conseguirles documentos oficiales, ya sea de Haití o de aquí", sostuvo.
"Hay 600.000 haitianos viviendo en este país, pero apenas 5.000 o 6.000 de ellos poseen un estatus legal adecuado", enfatizó.
Todos los otros viven en condiciones de inseguridad, sometidos a deportaciones en cualquier momento. Sin embargo, las deportaciones masivas de haitianos se redujeron, registrándose apenas 5.000 en los primeros cinco meses de este año, en contraste con unas 20.000 el año pasado.
Paraison también urgió a implementar la nueva ley migratoria. "Los jefes llaman a la policía para que deporte a trabajadores haitianos, así no tienen que pagarles", agregó.
Este abuso fue confirmado a IPS por Luis Manuel Ramírez, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Ginebra, quien trabaja con el gobierno dominicano en Santo Domingo para garantizar que las deportaciones sean hechas de manera humana y que los deportados puedan recibir su paga y notificar a sus familias.
"Las cosas mejoraron un poco en los últimos dos años. Son transportados en autobuses, no en camiones abiertos. Los alimentan mientras están bajo custodia. Menos niños son llevados", señaló.
Aunque la Organización Internacional para las Migraciones no adopta ninguna posición en materia de ciudadanía por considerar que es un asunto interno dominicano, Ramírez sostuvo que "las condiciones mejorarán una vez que la nueva ley sea implementada".
Contrariamente a la impresión de que todos los haitianos viven en condiciones terribles en República Dominicana, la evidencia sugiere que la mayoría están a la par sus vecinos dominicanos pobres.
La Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana, realizada en 2004 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de 40.000 hogares, concluyó que alrededor de 70 por ciento de los haitianos vivía con luz eléctrica, camas con colchones, baños y agua de suministro urbano.
REPÚBLICA DOMINICANA:
Dos mujeres que viajaban en él con niños y documentos dominicanos fueron sometidas a reiterados controles. Una, acusada al principio de portar cédula de identidad falsa, terminó intercambiando bromas con el guardia de la frontera.
Las medidas de seguridad se intensificaron luego de informes según los cuales haitianos ingresaron en República Dominicana pagando sobornos a guardias de la frontera, y en medio de una crisis entre dominicanos que temen que su nación sea invadida por inmigrantes haitianos que escapan de la pobreza y la degradación ambiental.
En respuesta, Santo Domingo aumentó los salarios de los guardias y lanzó una nueva fuerza militar fronteriza que ya realizó ejercicios para restringir el masivo influjo de inmigrantes.
Funcionarios del gobierno vestidos de civiles ahora detienen a los autobuses que llegan desde la frontera.
La mayoría de los pasajeros en el viaje desde Pedernales presentaron pasaportes haitianos que les habían costado 75 dólares, alrededor de 15 por ciento del ingreso nacional promedio, y visas individuales y múltiples cuyo costo es de entre 33 y 150 dólares.
Los pasajeros confirmaron que hasta hace pocos meses era posible ingresar al país simplemente sobornando al chofer, que negociaba con los guardias de la frontera el derecho a atravesarla.
"Podíamos venir sin nada, ni documentos, solamente dinero. Ahora debemos tener documentos", dijo una de las mujeres.
Los hombres haitianos dijeron que iban a trabajar, ya que no había empleos en su país. Pero ninguna de sus visas les daba el derecho legal a trabajar.
En 2004 fue aprobada una nueva ley para formalizar el estatus de los trabajadores temporales, pero todavía necesita la sanción presidencial. La economía dominicana depende fuertemente de los inmigrantes haitianos, que constituyen alrededor de 60 por ciento de la mano de obra agrícola y realizan buena parte de los trabajos de construcción.
Pocos de los nuevos trabajadores haitianos buscan empleo en las plantaciones de caña de azúcar, y prefieren vivir en las ciudades o buscar otras tareas agrícolas.
República Dominicana fue acusada de "esclavitud moderna" en dos películas sobre las condiciones de vida entre los cultivadores de caña de azúcar, que ahora se exhiben en Francia y Estados Unidos. También hubo informes negativos de Amnistía Internacional y una campaña nacional e internacional a favor de los haitianos-dominicanos sin documentación.
Como consecuencia de todo esto, aumentó el sentimiento nacionalista. Las voces moderadas fueron acalladas, mientras periódicos locales publicaban carta tras carta transmitiendo los temores de muchos dominicanos de que su nación, tradicionalmente "blanca, española y cristiana", sea dominada por los haitianos.
Muchos dominicanos tomaron las acusaciones de abusos contra inmigrantes como ataques contra toda la nación. La industria azucarera fue privatizada en 1999, pero el azúcar y el ron, su derivado, fueron durante siglos la columna vertebral de la economía dominicana. Los líderes de la industria turística, que ahora es el principal motor económico, temen que los llamados a sancionar y boicotear a la nación afecten las ganancias.
Tras la resolución de un caso que llevó 10 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo no vinculante de la Organización de Estados Americanos, la Suprema Corte Dominicana reafirmó su soberanía declarando que no concedería la ciudadanía a hijos de trabajadores indocumentados, como había recomendado el tribunal, pero en cambio establecería un "libro rosa" para registrar los nacimientos de los hijos de ciudadanos extranjeros.
Edwin Paraison, director de la Fundación Zile y ex cónsul haitiano que trabaja por los derechos de los haitianos en República Dominicana, apoya la idea del "libro rosa".
"Es un primer paso. Por lo menos todos los niños tendrán un registro de nacimiento y nosotros podemos trabajar a partir de ahí, para conseguirles documentos oficiales, ya sea de Haití o de aquí", sostuvo.
"Hay 600.000 haitianos viviendo en este país, pero apenas 5.000 o 6.000 de ellos poseen un estatus legal adecuado", enfatizó.
Todos los otros viven en condiciones de inseguridad, sometidos a deportaciones en cualquier momento. Sin embargo, las deportaciones masivas de haitianos se redujeron, registrándose apenas 5.000 en los primeros cinco meses de este año, en contraste con unas 20.000 el año pasado.
Paraison también urgió a implementar la nueva ley migratoria. "Los jefes llaman a la policía para que deporte a trabajadores haitianos, así no tienen que pagarles", agregó.
Este abuso fue confirmado a IPS por Luis Manuel Ramírez, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, con sede en Ginebra, quien trabaja con el gobierno dominicano en Santo Domingo para garantizar que las deportaciones sean hechas de manera humana y que los deportados puedan recibir su paga y notificar a sus familias.
"Las cosas mejoraron un poco en los últimos dos años. Son transportados en autobuses, no en camiones abiertos. Los alimentan mientras están bajo custodia. Menos niños son llevados", señaló.
Aunque la Organización Internacional para las Migraciones no adopta ninguna posición en materia de ciudadanía por considerar que es un asunto interno dominicano, Ramírez sostuvo que "las condiciones mejorarán una vez que la nueva ley sea implementada".
Contrariamente a la impresión de que todos los haitianos viven en condiciones terribles en República Dominicana, la evidencia sugiere que la mayoría están a la par sus vecinos dominicanos pobres.
La Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en República Dominicana, realizada en 2004 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de 40.000 hogares, concluyó que alrededor de 70 por ciento de los haitianos vivía con luz eléctrica, camas con colchones, baños y agua de suministro urbano.
REPÚBLICA DOMINICANA:
- Ataque a activista de origen haitiano
- Acatamiento parcial a Corte Interamericana
- Campaña contra esclavitud de haitianos
- Crítica a deportaciones de haitianos
- Haitiano, persona non grata
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