América Central consiguió dejar atrás los conflictos armados internos. Pero el istmo vive hoy otra guerra.
Analistas y líderes religiosos coinciden en que los gobiernos de las últimas dos décadas han sido incapaces de detener una vorágine que costó la vida de miles de centroamericanos en tiempos de paz.
El Acuerdo de Paz de Esquipulas II --firmado en 1987 por cinco presidentes centroamericanos--, trajo alguna esperanza en medio de guerras "revolucionarias y contrarrevolucionarias", dijo Carlos Rivas, pastor general de la iglesia evangélica Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) de El Salvador.
Pero, dos décadas después se mantiene "un clima de violencia".
"Existe una total indiferencia ante las necesidades espirituales, la ingobernabilidad que linda con la anarquía, la corrupción y la desigualdad social que empuja a la emigración", señaló Rivas, que maneja un programa de apoyo para jóvenes en riesgo o ex pandilleros en el municipio de Ilopango, en las afueras de San Salvador, uno de los más afectados por la violencia.
El 6 de agosto, Rivas enterró a un joven feligrés asesinado en el fin de semana.
El 7 de agosto de 1987, los presidentes Vinicio Cerezo, de Guatemala, José Napoleón Duarte, de El Salvador, José Azcona Hoyo, de Honduras, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Óscar Arias, de Costa Rica, artífice del plan, firmaron en la ciudad guatemalteca homónima el acuerdo de Esquipulas II, que los comprometió a terminar con las guerras civiles guatemalteca, salvadoreña y nicaragüense.
El "Procedimiento para la establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" de 16 páginas, estipulaba 11 puntos medulares, entre ellos, reconciliación nacional, exhortación al cese de hostilidades, democratización, elecciones libres, cese de ayuda a las fuerzas irregulares y no uso del territorio para agredir a otros estados.
El pacto también estableció negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento, refugiados y desplazados, cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo y verificación y seguimiento internacional.
El 8 de agosto, los actuales mandatarios centroamericanos se reunieron en Costa Rica, en la denominada cumbre de Esquipulas III, para evaluar el plan propuesto por Arias, quien es, como Ortega, nuevamente presidente de su país.
En Guatemala, "los fantasmas de la guerra siguen presentes. El conflicto armado dejó un legado de represión, violencia e impunidad muy acentuado", dijo a IPS Diego de León, encargado del área política de la Fundación Myrna Mack, defensora de derechos humanos.
Esos fantasmas cotidianos son la delincuencia común, la violencia política, las ejecuciones extrajudiciales, el accionar de las pandillas y, en los últimos 10 años, el crimen organizado.
Aunque Esquipulas y los acuerdos de paz de 1996 entre y el gobierno de Álvaro Arzú y la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG) lograron sentar algunas bases para acabar con un estado de guerra, la confrontación, la inseguridad y la precariedad social y económica siguen alimentando la violencia, opinó De León.
Para el ex presidente Vinicio Cerezo (1986-1990), uno de los firmantes del pacto, "el crimen organizado, la violencia de las pandillas, la corrupción y el debilitamiento del Estado no conducen ahora a una guerra política pero sí pueden llevar a un conflicto social cuyas consecuencias aún se desconocen", según dijo a IPS.
Las "maras" o pandillas juveniles son consecuencia de la pobreza y la marginación, agregó.
Sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. El Informe de Limpieza Social de esa entidad reportó el año pasado 3.776 ejecuciones extrajudiciales. Buena parte de las víctimas presentaban señales de tortura.
En los 36 años de conflicto interno, murieron 200.000 guatemaltecos.
Pero "durante la guerra teníamos más claro el panorama, pero ahora no sabemos qué sector está provocando más muertes porque no existe sanción penal", subrayó De León.
En 1992, el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLB) pactaron en México el fin de la guerra civil que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 50.000 lisiados en ambos bandos.
Pero las guerras intestinas del pasado no explican en su totalidad la actual violencia, sostuvo el coordinador de seguridad pública y justicia penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, Edgardo Amaya.
Si bien en Guatemala y El Salvador podría ser una precondición, esto no se aplica a Nicaragua, país que también vivió una guerra civil pero que hoy no padece los grados de violencia de sus vecinos, dijo Amaya a IPS.
En su opinión, esto podría deberse a que Nicaragua ha implementado "formas de convivencia y de combate a la violencia" distintas a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Datos de varias organizaciones internacionales revelan que en 2005, Guatemala tuvo una proporción de 37,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras 40 y Nicaragua 6,5.
En 2006, El Salvador llegó a 56 homicidios por cada 100.000 personas, una de las proporciones más altas de América Latina y del mundo. Ese año, 3.928 personas fueron asesinadas en este país, mientras en 2003 habían sido 2.388. El aumento es atribuido a la intensa represión aplicada contra las pandillas.
La aseveración de las autoridades salvadoreñas de que las pandillas son las causantes de toda la violencia "es una excusa para no enfrentar los verdaderos problemas en el país", apuntó Rivas.
A finales de julio, el sargento Nelson Arriaza, otro uniformado y un civil fueron enviados a prisión acusados de pertenecer a un grupo de exterminio organizado dentro de la Policía Nacional Civil y financiado por empresarios de la oriental ciudad de San Miguel.
La ex procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, denunció sin mucho eco el año pasado la existencia de esos grupos dentro del cuerpo policial.
Además, "la persecución política y el endurecimiento de leyes para criminalizar la protesta social" se han convertido en "una cacería de brujas contra las organizaciones que se preocupan por el bienestar público", añadió el pastor Rivas.
El 2 de julio, 13 activistas sociales y una periodista fueron capturados en una protesta en la ciudad turística de Suchitoto, a unos 45 kilómetros de San Salvador, y luego acusados de "actos de terrorismo". Si bien fueron liberados más tarde, continúan encausados.
Cesada la guerra, no cesó la violencia social. El establecimiento de un Estado de derecho sólido "sigue pendiente", consideró Amaya.
La "democratización y mejoras a las condiciones de vida de la población" son la gran deuda de Esquipulas II, concluyó.
Analistas y líderes religiosos coinciden en que los gobiernos de las últimas dos décadas han sido incapaces de detener una vorágine que costó la vida de miles de centroamericanos en tiempos de paz.
El Acuerdo de Paz de Esquipulas II --firmado en 1987 por cinco presidentes centroamericanos--, trajo alguna esperanza en medio de guerras "revolucionarias y contrarrevolucionarias", dijo Carlos Rivas, pastor general de la iglesia evangélica Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) de El Salvador.
Pero, dos décadas después se mantiene "un clima de violencia".
"Existe una total indiferencia ante las necesidades espirituales, la ingobernabilidad que linda con la anarquía, la corrupción y la desigualdad social que empuja a la emigración", señaló Rivas, que maneja un programa de apoyo para jóvenes en riesgo o ex pandilleros en el municipio de Ilopango, en las afueras de San Salvador, uno de los más afectados por la violencia.
El 6 de agosto, Rivas enterró a un joven feligrés asesinado en el fin de semana.
El 7 de agosto de 1987, los presidentes Vinicio Cerezo, de Guatemala, José Napoleón Duarte, de El Salvador, José Azcona Hoyo, de Honduras, Daniel Ortega, de Nicaragua, y Óscar Arias, de Costa Rica, artífice del plan, firmaron en la ciudad guatemalteca homónima el acuerdo de Esquipulas II, que los comprometió a terminar con las guerras civiles guatemalteca, salvadoreña y nicaragüense.
El "Procedimiento para la establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" de 16 páginas, estipulaba 11 puntos medulares, entre ellos, reconciliación nacional, exhortación al cese de hostilidades, democratización, elecciones libres, cese de ayuda a las fuerzas irregulares y no uso del territorio para agredir a otros estados.
El pacto también estableció negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamento, refugiados y desplazados, cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo y verificación y seguimiento internacional.
El 8 de agosto, los actuales mandatarios centroamericanos se reunieron en Costa Rica, en la denominada cumbre de Esquipulas III, para evaluar el plan propuesto por Arias, quien es, como Ortega, nuevamente presidente de su país.
En Guatemala, "los fantasmas de la guerra siguen presentes. El conflicto armado dejó un legado de represión, violencia e impunidad muy acentuado", dijo a IPS Diego de León, encargado del área política de la Fundación Myrna Mack, defensora de derechos humanos.
Esos fantasmas cotidianos son la delincuencia común, la violencia política, las ejecuciones extrajudiciales, el accionar de las pandillas y, en los últimos 10 años, el crimen organizado.
Aunque Esquipulas y los acuerdos de paz de 1996 entre y el gobierno de Álvaro Arzú y la Unión Nacional Revolucionaria de Guatemala (URNG) lograron sentar algunas bases para acabar con un estado de guerra, la confrontación, la inseguridad y la precariedad social y económica siguen alimentando la violencia, opinó De León.
Para el ex presidente Vinicio Cerezo (1986-1990), uno de los firmantes del pacto, "el crimen organizado, la violencia de las pandillas, la corrupción y el debilitamiento del Estado no conducen ahora a una guerra política pero sí pueden llevar a un conflicto social cuyas consecuencias aún se desconocen", según dijo a IPS.
Las "maras" o pandillas juveniles son consecuencia de la pobreza y la marginación, agregó.
Sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego, según la Procuraduría de los Derechos Humanos. El Informe de Limpieza Social de esa entidad reportó el año pasado 3.776 ejecuciones extrajudiciales. Buena parte de las víctimas presentaban señales de tortura.
En los 36 años de conflicto interno, murieron 200.000 guatemaltecos.
Pero "durante la guerra teníamos más claro el panorama, pero ahora no sabemos qué sector está provocando más muertes porque no existe sanción penal", subrayó De León.
En 1992, el entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLB) pactaron en México el fin de la guerra civil que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 50.000 lisiados en ambos bandos.
Pero las guerras intestinas del pasado no explican en su totalidad la actual violencia, sostuvo el coordinador de seguridad pública y justicia penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, Edgardo Amaya.
Si bien en Guatemala y El Salvador podría ser una precondición, esto no se aplica a Nicaragua, país que también vivió una guerra civil pero que hoy no padece los grados de violencia de sus vecinos, dijo Amaya a IPS.
En su opinión, esto podría deberse a que Nicaragua ha implementado "formas de convivencia y de combate a la violencia" distintas a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Datos de varias organizaciones internacionales revelan que en 2005, Guatemala tuvo una proporción de 37,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras 40 y Nicaragua 6,5.
En 2006, El Salvador llegó a 56 homicidios por cada 100.000 personas, una de las proporciones más altas de América Latina y del mundo. Ese año, 3.928 personas fueron asesinadas en este país, mientras en 2003 habían sido 2.388. El aumento es atribuido a la intensa represión aplicada contra las pandillas.
La aseveración de las autoridades salvadoreñas de que las pandillas son las causantes de toda la violencia "es una excusa para no enfrentar los verdaderos problemas en el país", apuntó Rivas.
A finales de julio, el sargento Nelson Arriaza, otro uniformado y un civil fueron enviados a prisión acusados de pertenecer a un grupo de exterminio organizado dentro de la Policía Nacional Civil y financiado por empresarios de la oriental ciudad de San Miguel.
La ex procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, denunció sin mucho eco el año pasado la existencia de esos grupos dentro del cuerpo policial.
Además, "la persecución política y el endurecimiento de leyes para criminalizar la protesta social" se han convertido en "una cacería de brujas contra las organizaciones que se preocupan por el bienestar público", añadió el pastor Rivas.
El 2 de julio, 13 activistas sociales y una periodista fueron capturados en una protesta en la ciudad turística de Suchitoto, a unos 45 kilómetros de San Salvador, y luego acusados de "actos de terrorismo". Si bien fueron liberados más tarde, continúan encausados.
Cesada la guerra, no cesó la violencia social. El establecimiento de un Estado de derecho sólido "sigue pendiente", consideró Amaya.
La "democratización y mejoras a las condiciones de vida de la población" son la gran deuda de Esquipulas II, concluyó.
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