Emilio Godoy
MÉXICO - México dejó expuesta una ambigua política de derechos humanos con las visitas de representantes de Amnistía Internacional y del presidente de la comisión especializada de la OEA, Florentín Meléndez, quien el 8 de agosto viajó al convulsionado estado de Oaxaca.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le interesa que los tratados internacionales en la materia de los que forma parte México "adquieran un rango constitucional", dijo Meléndez, también Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
De este modo puso el énfasis en la preocupación de la Comisión por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de este país haya dictaminado que la Constitución y las leyes nacionales están por encima de los acuerdos supranacionales, por más que hayan sido ratificados por el parlamento.
El representante de este organismo de la OEA (Organización de Estados Americanos) con sede en Washington también expresó su inquietud por el cúmulo de denuncias de violaciones a los derechos básicos en este país, pese a que ha adherido a prácticamente todos los acuerdos internacionales de protección humanitaria.
Entre las denuncias señaló la impunidad que rodea el asesinato de mujeres en las norteñas Ciudad Juárez y Chihuahua, los ataques y muertes a periodistas y la falta de esclarecimiento respecto de las desapariciones forzadas de personas en la llamada guerra sucia contra opositores en los años 60 y 70.
La Comisión puso la mira además sobre las acusaciones de prácticas de torturas por parte de la policía y en la decisión de dejar en manos de la justicia militar la investigación de abusos contra los derechos humanos cometidos por solados.
También la secretaria general de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Irene Khan, señaló que México mantiene "un doble discurso" en este asunto.
Al término de su gira de una semana por México, Khan sostuvo que este país es "líder en la protección y fomento de los derechos humanos en sus relaciones internacionales, pero no puede asegurar la efectiva implementación de estos principios a favor de la igualdad y protección de derechos de las personas que viven en el país".
Khan y Meléndez se entrevistaron el 7 de agosto por separado con el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, quien destacó en ambos encuentros, según el comunicado oficial, "la alta prioridad que su gobierno otorga a la protección de los derechos humanos, lo cual se recoge ampliamente en el Programa Nacional de Desarrollo".
En sus respectivas giras, tanto Amnistía como la Comisión de la OEA investigaron algunos de los casos más relevantes de abusos denunciados en México en los últimos tiempos, como la represión policial de mayo de 2006 en el poblado de San Salvador Atenco, a unos 15 kilómetros de la capital mexicana, y la crítica situación en el meridional estado de Oaxaca.
En el marco de la represión contra habitantes de Atenco, las fuerzas de seguridad golpearon a mansalva y ultrajaron mujeres, allanaron viviendas sin orden judicial y detuvieron a más de 200 personas, 28 de las cuales aún siguen presas y tres hombres fueron condenados a 67 años de cárcel, según documentaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Un día antes del operativo, los habitantes de esa localidad, que en 2002 se movilizaron y lograron impedir la construcción de un aeropuerto en sus tierras, habían chocado con policías por el desalojo de un grupo de floricultores.
En Oaxaca, en tanto, se mantiene la protesta latente de los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, contra el gobierno estadual de Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Los activistas acusan a Ruiz de corrupción y abuso de poder, por lo cual exigen su renuncia al cargo.
Ese conflicto se agudizó en la segunda mitad de 2006, con el saldo de una veintena de personas muertas, la gran mayoría atribuidas a la represión policial, más 370 heridas y 350 detenidas. Al no allanarse el principal reclamo de los manifestantes, las protestas cobraron fuerza nuevamente en junio pasado.
Durante su recorrido en México, la delegación de Amnistía Internacional presentó un informe sobre la situación en Oaxaca, uno de los estados más pobres de México. En ese documento se recogen los casos de 18 asesinatos no resueltos, detenciones arbitrarias, abusos policiales y también posibles delitos cometidos por la APPO, en el periodo que va de junio de 2006 a abril.
Khan calificó de "esquizofrénica" la postura dual asumida por México ante los derechos humanos.
"El compromiso manifiesto del presidente Calderón con los derechos humanos será puesto a prueba al tomar acciones decisivas para quebrar el ciclo de impunidad que ha persistido ante situaciones como las de Oaxaca y Atenco", subrayó la secretaria general de AI.
Por su parte Meléndez dejará México el domingo próximo, tras evaluar in situ la situación en Oaxaca, donde se reunirá con autoridades estatales y organizaciones defensoras de los derechos humanos del lugar.
En esa localidad, el diplomático de origen salvadoreño indagará sobre la presunta desaparición de Edmundo Reyes y de Gabriel Cruz, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero con presencia en la zona.
El EPR, nacido en 1996, se adjudicó el 10 de julio pasado el sabotaje a gasoductos de la firma estatal Petróleos Mexicanos en los estados de Jalisco, en el oeste, y de Querétaro, en el centro del país, en demanda de la libertad de dos de sus miembros. Además, detonó la semana pasada una bomba de fabricación casera en una tienda departamental en la ciudad de Oaxaca.
Las delegaciones del grupo civil con sede en Londres y de la Comisión de la OEA recibieron de organizaciones de derechos humanos un detallado panorama de la situación humanitaria de México
"Queremos que la Comisión siga prestando atención a México y mantenga la presión (sobre el gobierno)", comentó a IPS Fabienne Venet, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras, dedicada a promover el respeto humanitario de los inmigrantes centroamericanos que pasan por México en ruta hacia Estados Unidos, y quien asistió a la reunión con Meléndez.
MÉXICO - México dejó expuesta una ambigua política de derechos humanos con las visitas de representantes de Amnistía Internacional y del presidente de la comisión especializada de la OEA, Florentín Meléndez, quien el 8 de agosto viajó al convulsionado estado de Oaxaca.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le interesa que los tratados internacionales en la materia de los que forma parte México "adquieran un rango constitucional", dijo Meléndez, también Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
De este modo puso el énfasis en la preocupación de la Comisión por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de este país haya dictaminado que la Constitución y las leyes nacionales están por encima de los acuerdos supranacionales, por más que hayan sido ratificados por el parlamento.
El representante de este organismo de la OEA (Organización de Estados Americanos) con sede en Washington también expresó su inquietud por el cúmulo de denuncias de violaciones a los derechos básicos en este país, pese a que ha adherido a prácticamente todos los acuerdos internacionales de protección humanitaria.
Entre las denuncias señaló la impunidad que rodea el asesinato de mujeres en las norteñas Ciudad Juárez y Chihuahua, los ataques y muertes a periodistas y la falta de esclarecimiento respecto de las desapariciones forzadas de personas en la llamada guerra sucia contra opositores en los años 60 y 70.
La Comisión puso la mira además sobre las acusaciones de prácticas de torturas por parte de la policía y en la decisión de dejar en manos de la justicia militar la investigación de abusos contra los derechos humanos cometidos por solados.
También la secretaria general de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Irene Khan, señaló que México mantiene "un doble discurso" en este asunto.
Al término de su gira de una semana por México, Khan sostuvo que este país es "líder en la protección y fomento de los derechos humanos en sus relaciones internacionales, pero no puede asegurar la efectiva implementación de estos principios a favor de la igualdad y protección de derechos de las personas que viven en el país".
Khan y Meléndez se entrevistaron el 7 de agosto por separado con el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, quien destacó en ambos encuentros, según el comunicado oficial, "la alta prioridad que su gobierno otorga a la protección de los derechos humanos, lo cual se recoge ampliamente en el Programa Nacional de Desarrollo".
En sus respectivas giras, tanto Amnistía como la Comisión de la OEA investigaron algunos de los casos más relevantes de abusos denunciados en México en los últimos tiempos, como la represión policial de mayo de 2006 en el poblado de San Salvador Atenco, a unos 15 kilómetros de la capital mexicana, y la crítica situación en el meridional estado de Oaxaca.
En el marco de la represión contra habitantes de Atenco, las fuerzas de seguridad golpearon a mansalva y ultrajaron mujeres, allanaron viviendas sin orden judicial y detuvieron a más de 200 personas, 28 de las cuales aún siguen presas y tres hombres fueron condenados a 67 años de cárcel, según documentaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
Un día antes del operativo, los habitantes de esa localidad, que en 2002 se movilizaron y lograron impedir la construcción de un aeropuerto en sus tierras, habían chocado con policías por el desalojo de un grupo de floricultores.
En Oaxaca, en tanto, se mantiene la protesta latente de los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, contra el gobierno estadual de Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Los activistas acusan a Ruiz de corrupción y abuso de poder, por lo cual exigen su renuncia al cargo.
Ese conflicto se agudizó en la segunda mitad de 2006, con el saldo de una veintena de personas muertas, la gran mayoría atribuidas a la represión policial, más 370 heridas y 350 detenidas. Al no allanarse el principal reclamo de los manifestantes, las protestas cobraron fuerza nuevamente en junio pasado.
Durante su recorrido en México, la delegación de Amnistía Internacional presentó un informe sobre la situación en Oaxaca, uno de los estados más pobres de México. En ese documento se recogen los casos de 18 asesinatos no resueltos, detenciones arbitrarias, abusos policiales y también posibles delitos cometidos por la APPO, en el periodo que va de junio de 2006 a abril.
Khan calificó de "esquizofrénica" la postura dual asumida por México ante los derechos humanos.
"El compromiso manifiesto del presidente Calderón con los derechos humanos será puesto a prueba al tomar acciones decisivas para quebrar el ciclo de impunidad que ha persistido ante situaciones como las de Oaxaca y Atenco", subrayó la secretaria general de AI.
Por su parte Meléndez dejará México el domingo próximo, tras evaluar in situ la situación en Oaxaca, donde se reunirá con autoridades estatales y organizaciones defensoras de los derechos humanos del lugar.
En esa localidad, el diplomático de origen salvadoreño indagará sobre la presunta desaparición de Edmundo Reyes y de Gabriel Cruz, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero con presencia en la zona.
El EPR, nacido en 1996, se adjudicó el 10 de julio pasado el sabotaje a gasoductos de la firma estatal Petróleos Mexicanos en los estados de Jalisco, en el oeste, y de Querétaro, en el centro del país, en demanda de la libertad de dos de sus miembros. Además, detonó la semana pasada una bomba de fabricación casera en una tienda departamental en la ciudad de Oaxaca.
Las delegaciones del grupo civil con sede en Londres y de la Comisión de la OEA recibieron de organizaciones de derechos humanos un detallado panorama de la situación humanitaria de México
"Queremos que la Comisión siga prestando atención a México y mantenga la presión (sobre el gobierno)", comentó a IPS Fabienne Venet, directora de la organización no gubernamental Sin Fronteras, dedicada a promover el respeto humanitario de los inmigrantes centroamericanos que pasan por México en ruta hacia Estados Unidos, y quien asistió a la reunión con Meléndez.
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