Buenos Aires - El Consejo de la Magistratura de Argentina ordenó realizar una auditoría en el máximo tribunal penal para conocer plazos en que se tramitan las causas por violaciones a los derechos humanos, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Acusación del Consejo, con el objetivo de conocer detalles respecto al trámite otorgado a todas las causas de forma individual.
Los auditores deberán establecer "con expresa indicación las fechas de recepción de los expedientes en el tribunal de Casación, fecha y contenido de las providencias simples y resoluciones".
Además se intentará establecer el tiempo "que han consumido las notificaciones y traslados, y detalles de todas las presentaciones realizadas por las partes".
La auditoría fue propuesta por el juez consejero Luis María Cabral, encargado de instruir una denuncia contra miembros de la Cámara Nacional de Casación por supuestas "maniobras dilatorias" en causas por delitos de lesa humanidad.
El Consejo busca determinar "el tiempo total de duración de los procesos en todas las instancias", para resolver si se impulsa la acusación contra el actual titular de la Cámara, Alfredo Bisordi, y otros cuatro miembros.
Ellos fueron acusados por organismos de derechos humanos querellantes de supuestamente dilatar la marcha de las investigaciones.
Durante un discurso pronunciado en marzo último, con motivo del aniversario 31 del golpe de Estado de 1976, el presidente Néstor Kirchner pidió que se apremien los juicios contra ex represores y funcione la Cámara de Casación.
La crítica del gobernante desató un cruce de acusaciones entre el gobierno y los magistrados.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en las cortes nacionales hay 111 procesos abiertos, con 305 militares y ex agentes de fuerzas de seguridad incriminados.
De esa última cifra, a 46 se les dictó falta de pruebas en su contra, 44 están prófugos, 105 murieron, cinco resultaron declarados incapaces y cinco recibieron condena.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Acusación del Consejo, con el objetivo de conocer detalles respecto al trámite otorgado a todas las causas de forma individual.
Los auditores deberán establecer "con expresa indicación las fechas de recepción de los expedientes en el tribunal de Casación, fecha y contenido de las providencias simples y resoluciones".
Además se intentará establecer el tiempo "que han consumido las notificaciones y traslados, y detalles de todas las presentaciones realizadas por las partes".
La auditoría fue propuesta por el juez consejero Luis María Cabral, encargado de instruir una denuncia contra miembros de la Cámara Nacional de Casación por supuestas "maniobras dilatorias" en causas por delitos de lesa humanidad.
El Consejo busca determinar "el tiempo total de duración de los procesos en todas las instancias", para resolver si se impulsa la acusación contra el actual titular de la Cámara, Alfredo Bisordi, y otros cuatro miembros.
Ellos fueron acusados por organismos de derechos humanos querellantes de supuestamente dilatar la marcha de las investigaciones.
Durante un discurso pronunciado en marzo último, con motivo del aniversario 31 del golpe de Estado de 1976, el presidente Néstor Kirchner pidió que se apremien los juicios contra ex represores y funcione la Cámara de Casación.
La crítica del gobernante desató un cruce de acusaciones entre el gobierno y los magistrados.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en las cortes nacionales hay 111 procesos abiertos, con 305 militares y ex agentes de fuerzas de seguridad incriminados.
De esa última cifra, a 46 se les dictó falta de pruebas en su contra, 44 están prófugos, 105 murieron, cinco resultaron declarados incapaces y cinco recibieron condena.
No hay comentarios:
Publicar un comentario