martes, 7 de agosto de 2007

Un “fracaso” les costó el gobierno

Miguel Ángel Granados Chapa

Como en una lección de ciencia política, anteayer domingo apareció un vasto repertorio de causas y modos en que se pierden y ganan posiciones de gobierno y de representación. Lo peor ocurrió en Oaxaca, donde una combinación de argucias permitió al PRI un resultado como eran normales antaño, de todas todas. Las 25 curules que estaban en juego, las que se ganan en votación directa en otros tantos distritos, fueron en su totalidad para el tricolor.

De tal magnitud fue el abuso, que produjo consecuencias contrarias a las buscadas en el diseño electoral del gobernador Ulises Ruiz. En previsión de eventuales acusaciones contra colaboradores suyos directamente vinculados a los aspectos ilegales de la represión contra amplios sectores de la sociedad, en la planilla de candidatos a ser diputados por la vía plurinominal figuraron de modo eminente Lizbet Caña, la procuradora de justicia que arrojó en mazmorras, sin causa legal, a decenas de oaxaqueños, y Jorge Franco, secretario de Gobierno el 14 de junio del año pasado, fecha en que lanzó a la policía a desalojar a los maestros que demandaban ajustes salariales.

Al no haber perdido una sola elección distrital, ningún candidato a legislador por representación proporcional entrará en el Congreso, salvo que ante el resultado se sacrifique a uno o dos ganadores. Así procedía antaño el sistema autoritario priista, plenamente vigente en Oaxaca.

Ante ese resultado, la explicación conveniente al gobierno oaxaqueño es que muestra la falsedad de la impugnación social al gobernador. Se ratificará la tesis de que todo conflicto, si lo hubo, está superado, como concluida está la maquinación de los opositores adversos al Ejecutivo.

El presidente del PRI local, Heliodoro Díaz Escárraga, que reemplazó a Franco en la Secretaría de Gobierno, ufano ahora por el triunfo, le confirió carácter plebiscitario: “Representa un respaldo para la política y gobierno que ha implementado Ulises Ruiz, obedece a un proyecto que tiene nombre y apellido y se llama Ulises Ruiz”.

Pero frente a esa facilona explicación se erigen otras, como la que pone el acento en el abstencionismo, por ejemplo. Todavía no se conoce con certidumbre el porcentaje de participación, pero parece que será el menor en la historia del estado. Cuando poca gente sale a las urnas, el voto duro del PRI se abulta. Y ese voto duro es dúctil, manejable conforme los viejos vicios, los que inducen o compran el sufragio. O la intimidad.

Es presumible que buena parte de los ausentes, cuyo porcentaje podría llegar a 80%, lo haya hecho por temor, causado directa o indirectamente. Tampoco fueron a votar, por lo que se puede apreciar (un índice relevante es la diferencia entre los votos a los partidos del Frente Amplio Progresista en la elección federal del año pasado y los de este domingo), los opositores a Ruiz decepcionados por la conducta de los partidos, de sus dirigentes, siempre dispuestos a servirse a sí mismos antes que a demandas populares. Una táctica de Ruiz, desde que era candidato a gobernador, consiste en romper y corromper a sus adversarios. Lo consiguió una vez más.

Por razones diferentes el priismo de Aguascalientes vivió también una jornada venturosa. Recuperó buena parte de la fuerza que comenzó a perder en 1995. Ganó, como no ocurría desde entonces, el ayuntamiento capitalino, y cuatro más, de los 11 que en total estuvieron en disputa. Su aliado, el Partido Verde, que aquí contendió solo, obtuvo dos alcaldías, con lo que Acción Nacional se quedaría sólo con cuatro. Y también contaría con más diputados que el PAN, pues ganó 10 de los 17 distritos, siendo blanquiazules los triunfadores restantes.

Dos causas parecen haber determinado la votación ciudadana. Por un lado, el desgaste panista, que gobernó el principal municipio con deterioro creciente (lo cual no impidió el magno triunfo albiazul en la elección federal del año pasado) y sobre todo la división del partido atribuida por su dirección estatal al gobernador Luis Armando Reynoso Femat.

Aunque en marzo pasado el líder estatal Antonio Martín del Campo acudió al palacio de gobierno para poner fin al diferendo que estuvo a punto de concluir con la expulsión del gobernador (enfrentado con su antecesor Felipe González y otros legisladores y ex legisladores, por su intención de gobernar sólo con “los suyos”), o entabló un acuerdo de dientes para afuera o se renovaron los motivos de la división, que se habría expresado en el apoyo de Reynoso a la candidatura de Convergencia, que como otras postulaciones de su género no alcanza a triunfar pero sí a modificar el resultado entre los punteros.

A cambio del progreso priista en Oaxaca y Aguascalientes, en Baja California el PAN obtuvo una victoria amplia, resonante.

No sólo retuvo la gubernatura, con una diferencia todavía no establecida por entero pero tal vez más ancha que la previsible según los sondeos de semanas atrás. Ese ensanchamiento de la diferencia acaso se debe a la operación electoral que el magisterio llegado de fuera, a las órdenes de su presidenta Elba Ester Gordillo, aplicó esta vez contra el PRI.

Utilizando a la Policía Municipal de Tijuana, tan de mala fama, el priismo buscó desmantelar aquella operación apresando arbitrariamente a algunos de los brigadistas del Panal. Pero la acción inhibitoria fue insuficiente y quienes la urdieron acaso tengan que pagar no su fracaso, sino el uso de la policía, porque Tijuana tendrá de nuevo gobierno del PAN.

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