Juanjo Robledo
El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela dictó este miércoles la apertura de un juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. La decisión no es apelable.
La medida supone sentar en el banquillo a Garzón y su posible inhabilitación de por vida en la Audiencia Nacional.
Varela lo acusa de incumplir las obligaciones y los deberes de su cargo al investigar -sin tener competencia para ello- las desapariciones durante el régimen de Francisco Franco (1939-1975).
El magistrado tiene previsto remitir el auto al Consejo General del Poder Judicial, lo que le permitirá a este órgano convocar un pleno para estudiar la eventual suspensión de Garzón.
La apertura de juicio oral se produce un día después de que el juez le solicitara al mismo órgano su traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe, el argentino Luis Moreno Ocampo.
La comisión analizará este miércoles la petición de traslado de Garzón.
Garzón se siente vulnerado
El llamado "superjuez" tiene previsto acudir al Tribunal Constitucional porque "entiende que el Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales".
Han hecho todo lo posible para que el juez no pudiera investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en nuestro país. Espero que se vaya a La Haya a investigar lo que no puede investigar aquí
Joan Herrera, Iniciativa per Catalunya
El juez recusó a Varela porque "está ayudando a las acusaciones para que procedan contra él, demostrando interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo".
Garzón citó el hecho de que el magistrado le pidiese a Falange –el único partido existente durante el franquismo y que finalmente fue expulsado del proceso- y a Manos Limpias que presentaran nuevos escritos de denuncia para subsanar una serie de errores.
"Exiliado"
La decisión de Garzón de solicitar su traslado al TPI ha despertado reacciones de colectivos, agrupaciones políticas, jueces y fiscales.
En este mismo sentido se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Este organismo lamentó que el juez de la Audiencia Nacional tenga que "exiliarse" en la TPI y acusó a los tribunales de convertir al magistrado en un "refugiado político".
Para la ARMH, "la amputación que se le puede hacer a la justicia española del único juez que ha tratado de investigar las terribles violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista es de extrema gravedad" y un "precedente para otros jueces que traten de investigar los crímenes del franquismo".
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