Una farsa de proceso de desmovilización paramilitar, sumada a miles de casos de amenazas y homicidio y a una falta crónica de investigaciones y procesamientos, convierte a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas.
En el informe “Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia”, Amnistía Internacional destaca la existencia de un patrón de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad industrias extractivas.
La organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre enero de 1991 y diciembre de 2006. Se cree que, a pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército, así como las fuerzas de seguridad, están detrás de la mayoría de las agresiones. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.
“Se está enviando un mensaje claro a los sindicalistas de toda Colombia: ‘No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio’”, ha manifestado Susan Lee, directora del programa regional para América de Amnistía Internacional.
“Al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos, mientras que las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las podría considerar responsables de abusos contra los derechos humanos.”
El informe contiene casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas sindicalistas –y sus familiares– que trabajan en Colombia en los sectores de la salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, la minería, el petróleo, el gas, la energía y la alimentación.
Amnistía Internacional pide a las empresas con actividades en Colombia que utilicen su influencia con el gobierno colombiano para detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos de que son víctima los sindicalistas.
“Este informe es una llamada de atención a toda empresa multinacional que desarrolle su actividad en un entorno de violación sistemática de derechos humanos. No se puede optar ya por la inacción.”
Los sucesivos gobiernos colombianos han aplicado diversas políticas con el fin de mejorar la seguridad de los sindicalistas, entre ellas un programa para asignar escolta armada, vehículos blindados y teléfonos a algunos sindicalistas amenazados.
“Aunque tales políticas son positivas, las agresiones contra sindicalistas continuarán si no se toman medias efectivas para poner fin a la impunidad de que disfrutan quienes los matan y amenazan.”
Amnistía Internacional destaca también en su informe el Acuerdo Tripartito firmado por el gobierno colombiano, representantes de los empresarios colombianos y las centrales sindicales de Colombia en junio de 2006, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El acuerdo prevé el establecimiento de un presencia permanente de la OIT en Colombia para vigilar la aplicación del derecho a la libertad sindical en el país y los progresos realizados en los esfuerzos por impulsar la investigación de los homicidios de sindicalistas.
“El acuerdo de la OIT es una gran oportunidad para abordar la crisis de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas. Es ya imperativo que las autoridades colombianas, las empresas multinacionales y colombianas y el movimiento internacional de los trabajadores trabajen conjuntamente con la oficina de la OIT en Bogotá para garantizar que se investigan todos los casos de amenaza y agresión contra sindicalistas y familiares de sindicalistas.”
En el informe “Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia”, Amnistía Internacional destaca la existencia de un patrón de agresiones sistemáticas contra sindicalistas involucrados en disputas laborales y en campañas en contra de privatizaciones y en favor de los derechos de los trabajadores en algunas zonas donde desarrollan su actividad industrias extractivas.
La organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre enero de 1991 y diciembre de 2006. Se cree que, a pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército, así como las fuerzas de seguridad, están detrás de la mayoría de las agresiones. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.
“Se está enviando un mensaje claro a los sindicalistas de toda Colombia: ‘No os quejéis de vuestras condiciones laborales ni hagáis campaña para proteger vuestros derechos porque se os hará callar a cualquier precio’”, ha manifestado Susan Lee, directora del programa regional para América de Amnistía Internacional.
“Al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos, mientras que las empresas con actividades en Colombia corren el riesgo de que, por su conducta, se las podría considerar responsables de abusos contra los derechos humanos.”
El informe contiene casos de abusos contra los derechos humanos de los que han sido víctimas sindicalistas –y sus familiares– que trabajan en Colombia en los sectores de la salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, la minería, el petróleo, el gas, la energía y la alimentación.
Amnistía Internacional pide a las empresas con actividades en Colombia que utilicen su influencia con el gobierno colombiano para detener y prevenir los abusos contra los derechos humanos de que son víctima los sindicalistas.
“Este informe es una llamada de atención a toda empresa multinacional que desarrolle su actividad en un entorno de violación sistemática de derechos humanos. No se puede optar ya por la inacción.”
Los sucesivos gobiernos colombianos han aplicado diversas políticas con el fin de mejorar la seguridad de los sindicalistas, entre ellas un programa para asignar escolta armada, vehículos blindados y teléfonos a algunos sindicalistas amenazados.
“Aunque tales políticas son positivas, las agresiones contra sindicalistas continuarán si no se toman medias efectivas para poner fin a la impunidad de que disfrutan quienes los matan y amenazan.”
Amnistía Internacional destaca también en su informe el Acuerdo Tripartito firmado por el gobierno colombiano, representantes de los empresarios colombianos y las centrales sindicales de Colombia en junio de 2006, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El acuerdo prevé el establecimiento de un presencia permanente de la OIT en Colombia para vigilar la aplicación del derecho a la libertad sindical en el país y los progresos realizados en los esfuerzos por impulsar la investigación de los homicidios de sindicalistas.
“El acuerdo de la OIT es una gran oportunidad para abordar la crisis de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas. Es ya imperativo que las autoridades colombianas, las empresas multinacionales y colombianas y el movimiento internacional de los trabajadores trabajen conjuntamente con la oficina de la OIT en Bogotá para garantizar que se investigan todos los casos de amenaza y agresión contra sindicalistas y familiares de sindicalistas.”
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