Por Ángel Páez
Víctor Penas SandovalCrédito: Policía Nacional de Perú
Víctor Penas SandovalCrédito: Policía Nacional de PerúLa captura del ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) de Perú, el capitán retirado Víctor Penas, permitirá aclarar después de 19 años el asesinato de la periodista Melissa Alfaro y la mutilación del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga, víctimas de "cartas-bomba" en 1991.
Según el expediente del caso, Penas, un experto en sabotaje graduado en 1980 en la tristemente célebre Escuela de las Américas, fabricó las "cartas-bomba" como parte de una operación encubierta para eliminar a presuntos colaboradores de las guerrillas izquierdistas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Hubo otra víctima mortal y otro amputado por explosivos plásticos supuestamente remitidos por Penas a diferentes lugares de Lima, incluido el Congreso legislativo.
La operación contaba con la aprobación de Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Ambos cumplen actualmente largas penas por condenas en casos de violación de derechos humanos y corrupción.
"Han tenido que transcurrir casi dos décadas para que Penas y sus cómplices respondan por el asesinato de Melissa, una periodista que solo cumplía con su trabajo", dijo a IPS Alaín Alfaro, hermano de la víctima.
El expediente abierto contra Penas por la jueza Magalli Báscones, al que IPS tuvo acceso, determina que el acusado remitió la primera "carta-bomba" al abogado Augusto Zúñiga, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, el 15 de marzo de 1991. La explosión le amputó la mano izquierda.
El 21 de junio, Penas supuestamente envió otra bomba al director de la revista Cambio, Carlos Arroyo, de presunta vinculación con MRTA. Pero la correspondencia tenía la dirección equivocada y llegó a un vecino que murió al abrir el sobre.
Siete días después, Penas despachó otra "carta-bomba" al director del periódico El Diario, vocero de Sendero Luminoso. Pero fue el vigilante del establecimiento quien perdió un brazo, al estallar el artilugio cuando abrió la correspondencia para verificar el contenido.
Estas víctimas colaterales no detuvieron a Penas, quien insistió en tratar de matar a Arroyo, por orden de sus superiores. El 10 de octubre, entregó otro sobre con explosivo plástico, esta vez con la dirección correcta. Pero la correspondencia la recibió Melissa Alfaro, asistente de Arroyo.
Penas remitió una quinta "carta-bomba", en esta ocasión el diputado de izquierda Ricardo Letts, que llegó a su oficina en el parlamento el 16 octubre. Pero Letts sospechó algo y llamó a la policía, que desactivó el explosivo justo a tiempo.
El pasado 12 de marzo, la policía capturó a Penas en Lima por orden de Báscones, quien también acusa al comandante general del Ejército en 1991, el general en retiro Pedro Villanueva, así como Montesinos y a Fujimori por los sobres-bomba. La jueza atribuye a los tres la autoría mediata del delito de homicidio calificado.
La operación encubierta de Penas inauguró una nueva forma de combatir a los miembros de los grupos subversivos, dentro de la guerra entre fuerzas del Estado y de Sendero y MRTA entre 1980 y 2000.
En el juicio a Fujimori por violaciones a los derechos humanos, quedó establecido que en 1991 concedió poderes extraordinarios a Montesinos para que la inteligencia militar asumiera operaciones encubiertas contra Sendero Luminoso y MRTA, incluidas acciones de terrorismo de Estado.
Sorprendentemente, los crímenes con "cartas-bomba" fueron descritos por un oficial del SIE a funcionarios de la embajada de Washington en Lima, según un reporte secreto de 18 páginas del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos del 30 de junio de 1994, a cuya copia accedió IPS.
El documento fue desclasificado en 2007 por el no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), situado en Washington, como contribución al juicio contra Fujimori por violaciones a los derechos humanos.
El anónimo oficial relató a los diplomáticos estadounidenses con lujo de detalles que él mismo había perpetrado los crímenes y que lo hizo con el visto bueno de Montesinos, de acuerdo al informe desclasificado.
"La fuente afirma que el mayor (Roberto) Huamán, lugarteniente de jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos, le dijo después de los hechos que (la operación de) los sobres-bomba lo coordinaba él entre el SIN y la unidad militar a la que pertenece la fuente (el Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE)", señala el documento.
"Esto demuestra, según la fuente, que Montesinos era quien aprobaba (las operaciones)", añade.
En el expediente de la jueza Báscones se indica que el oficial anónimo es Penas, lo que se desprende del conocimiento exacto que ofreció a sus interlocutores de la operación encubierta de las "cartas-bomba".
"Para nosotros no hay duda de que el informante que habló con la embajada norteamericana es Víctor Penas, porque él se encargó de fabricar las ‘cartas-bomba’ y de enviarlas a los destinatarios. Ahora que está preso, esperamos que confirme lo que dijo en 1994 y reciba la sanción que se merece", declaró Alaín Alfaro.
"Hay testimonios que indican que Víctor Penas preparó las ‘cartas-bomba’ y que las envió a las víctimas", aseguró a IPS Gloria Cano, abogada de la familia Alfaro e integrante de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos.
Esos mismos testimonios señalan además "que lo hizo mediante un operativo secreto que, evidentemente, contaba con la aprobación y autorización de sus superiores. No habría actuado nunca por su cuenta personal", adujo.
Hubo otra víctima mortal y otro amputado por explosivos plásticos supuestamente remitidos por Penas a diferentes lugares de Lima, incluido el Congreso legislativo.
La operación contaba con la aprobación de Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor del presidente Alberto Fujimori (1990-2000). Ambos cumplen actualmente largas penas por condenas en casos de violación de derechos humanos y corrupción.
"Han tenido que transcurrir casi dos décadas para que Penas y sus cómplices respondan por el asesinato de Melissa, una periodista que solo cumplía con su trabajo", dijo a IPS Alaín Alfaro, hermano de la víctima.
El expediente abierto contra Penas por la jueza Magalli Báscones, al que IPS tuvo acceso, determina que el acusado remitió la primera "carta-bomba" al abogado Augusto Zúñiga, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos, el 15 de marzo de 1991. La explosión le amputó la mano izquierda.
El 21 de junio, Penas supuestamente envió otra bomba al director de la revista Cambio, Carlos Arroyo, de presunta vinculación con MRTA. Pero la correspondencia tenía la dirección equivocada y llegó a un vecino que murió al abrir el sobre.
Siete días después, Penas despachó otra "carta-bomba" al director del periódico El Diario, vocero de Sendero Luminoso. Pero fue el vigilante del establecimiento quien perdió un brazo, al estallar el artilugio cuando abrió la correspondencia para verificar el contenido.
Estas víctimas colaterales no detuvieron a Penas, quien insistió en tratar de matar a Arroyo, por orden de sus superiores. El 10 de octubre, entregó otro sobre con explosivo plástico, esta vez con la dirección correcta. Pero la correspondencia la recibió Melissa Alfaro, asistente de Arroyo.
Penas remitió una quinta "carta-bomba", en esta ocasión el diputado de izquierda Ricardo Letts, que llegó a su oficina en el parlamento el 16 octubre. Pero Letts sospechó algo y llamó a la policía, que desactivó el explosivo justo a tiempo.
El pasado 12 de marzo, la policía capturó a Penas en Lima por orden de Báscones, quien también acusa al comandante general del Ejército en 1991, el general en retiro Pedro Villanueva, así como Montesinos y a Fujimori por los sobres-bomba. La jueza atribuye a los tres la autoría mediata del delito de homicidio calificado.
La operación encubierta de Penas inauguró una nueva forma de combatir a los miembros de los grupos subversivos, dentro de la guerra entre fuerzas del Estado y de Sendero y MRTA entre 1980 y 2000.
En el juicio a Fujimori por violaciones a los derechos humanos, quedó establecido que en 1991 concedió poderes extraordinarios a Montesinos para que la inteligencia militar asumiera operaciones encubiertas contra Sendero Luminoso y MRTA, incluidas acciones de terrorismo de Estado.
Sorprendentemente, los crímenes con "cartas-bomba" fueron descritos por un oficial del SIE a funcionarios de la embajada de Washington en Lima, según un reporte secreto de 18 páginas del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos del 30 de junio de 1994, a cuya copia accedió IPS.
El documento fue desclasificado en 2007 por el no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), situado en Washington, como contribución al juicio contra Fujimori por violaciones a los derechos humanos.
El anónimo oficial relató a los diplomáticos estadounidenses con lujo de detalles que él mismo había perpetrado los crímenes y que lo hizo con el visto bueno de Montesinos, de acuerdo al informe desclasificado.
"La fuente afirma que el mayor (Roberto) Huamán, lugarteniente de jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Montesinos, le dijo después de los hechos que (la operación de) los sobres-bomba lo coordinaba él entre el SIN y la unidad militar a la que pertenece la fuente (el Servicio de Inteligencia del Ejército, SIE)", señala el documento.
"Esto demuestra, según la fuente, que Montesinos era quien aprobaba (las operaciones)", añade.
En el expediente de la jueza Báscones se indica que el oficial anónimo es Penas, lo que se desprende del conocimiento exacto que ofreció a sus interlocutores de la operación encubierta de las "cartas-bomba".
"Para nosotros no hay duda de que el informante que habló con la embajada norteamericana es Víctor Penas, porque él se encargó de fabricar las ‘cartas-bomba’ y de enviarlas a los destinatarios. Ahora que está preso, esperamos que confirme lo que dijo en 1994 y reciba la sanción que se merece", declaró Alaín Alfaro.
"Hay testimonios que indican que Víctor Penas preparó las ‘cartas-bomba’ y que las envió a las víctimas", aseguró a IPS Gloria Cano, abogada de la familia Alfaro e integrante de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos.
Esos mismos testimonios señalan además "que lo hizo mediante un operativo secreto que, evidentemente, contaba con la aprobación y autorización de sus superiores. No habría actuado nunca por su cuenta personal", adujo.
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