El Gobierno intimida a simpatizantes de la oposición, medios de comunicación y activistas
El informe de 59 páginas, “‘One Hundred Ways of Putting Pressure’: Violations of Freedom of Expression and Association in Ethiopia” (“Un centenar de formas de ejercer presión”: Violaciones de la libertad de expresión y asociación en Etiopía), documenta las numerosas maneras en que el gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope (FRDPE) ha castigado sistemáticamente a los simpatizantes de la oposición. Desde las elecciones de 2005, el partido ha ejercido su control casi total de los gobiernos municipales y distritales para menoscabar los medios de vida de sus opositores mediante la negación de servicios como los insumos agrícolas, los microcréditos y las oportunidades de empleo. El informe también documenta la manera en que las leyes recientemente adoptadas restringen seriamente las actividades de la sociedad civil y los medios de comunicación.
“Expresar el desacuerdo es muy peligroso en Etiopía”, señaló Georgette Gagnon, directora para África de Human Rights Watch. “El partido gobernante y el Estado se están convirtiendo en una misma cosa, y el Gobierno está utilizando todo su poder para eliminar a la oposición e intimidar a la población para que permanezca callada”, agregó.
La represión gubernamental ha provocado que muchos activistas de la sociedad civil y periodistas huyan del país en los últimos meses. El periódico independiente más destacado fue cerrado en diciembre de 2009 y el Gobierno interfirió las emisiones radiofónicas de Voice Of America el mes pasado. Los etíopes no pueden hablar con libertad, organizar actividades políticas ni cuestionar las políticas gubernamentales—ya sea mediante las protestas pacíficas, las elecciones o la publicación de sus opiniones—sin temor a las represalias. En 2008, el Gobierno encarceló arbitrariamente al líder de la oposición Birtukan Midekssa, presidente del Partido de Unidad para la Democracia y la Justicia.
Etiopía tiene una fuerte dependencia de la asistencia extranjera, que equivale aproximadamente a un tercio del gasto total del Gobierno. Los principales donantes extranjeros del país—el Banco Mundial, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea—han mostrado mucha timidez en sus críticas sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Etiopía, señaló Human Rights Watch.
Para este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 200 personas durante 15 semanas de investigación en Etiopía, entre ellas campesinos, maestros, funcionarios civiles, activistas, miembros de la oposición y funcionarios del Gobierno, así como diplomáticos y funcionarios de ayuda extranjeros, en la capital, Addis Abeba, y en otras tres regiones.
Desde las elecciones municipales de abril de 2008, en las que el FRDPE obtuvo más del 99.9 por ciento de los votos, el partido gobernante ha consolidado su control de los gobiernos municipales y distritales, y gobernado con mano de hierro. En los distritos visitados por Human Rights Watch, los residentes contaron que cada aldea estaba organizada en células y que los funcionarios municipales y la milicia vigilaban los hogares buscando señales de disidencia. Los gobiernos locales suspendieron servicios oficiales para castigar a los que criticaban al Gobierno o no apoyaban al partido gobernante.
Los funcionarios municipales ejercen una influencia considerable sobre los medios de vida de los residentes: son responsables de seleccionar y supervisar a los participantes en programas de trabajo por ayuda, asignar semillas y fertilizante, conceder microcréditos y suministrar cartas de recomendación para empleos, oportunidades educativas y capacitación. Los partidos de la oposición afirman que su membresía se ha visto diezmada porque la población no tiene más remedio que afiliarse al partido gobernante para salvaguardar sus empleos y alimentar a sus familias.
El Gobierno también ha ejercido presión sobre todos los empleados públicos—y especialmente los maestros—para que se afilien al partido gobernante, y ha castigado selectivamente a las voces críticas. Se ha servido de la draconiana Proclamación sobre Organizaciones y Sociedades Benéficas y la Ley Antiterrorista para intimidar a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas que han intentado informar sobre la represión del Estado.
Human Rights Watch insta al Gobierno etíope a que adopte medidas urgentes para mejorar el ambiente electoral poniendo inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, entre ellos Midekssa. Human Rights Watch apela también al Gobierno para que ordene públicamente a todos los funcionarios y los miembros del FRDPE que cesen los ataques y las amenazas contra miembros de la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación; y permita iniciativas independientes, como los observadores electorales independientes, para investigar e informar públicamente sobre los abusos.
La Unión Europea y la Unión Africana son las únicas instituciones que están considerando enviar observadores electorales internacionales para supervisar las elecciones de mayo. Las restricciones impuestas por la Proclamación sobre Organizaciones y Sociedades Benéficas hacen prácticamente imposible la observación electoral independiente por parte de organizaciones etíopes. Human Rights Watch instó a todos los observadores internacionales a que tengan en cuenta la represión preelectoral cuando evalúen la libertad y la imparcialidad de las elecciones.
“Las entidades extranjeras que apoyan a Etiopía deben romper su silencio y condenar el ambiente de miedo en el país”, señaló Gagnon. “Los donantes deben utilizar su considerable influencia financiera para presionar con el fin de terminar con el hostigamiento de la oposición y las leyes opresivas contra los activistas y los medios de comunicación”, agregó.
Testimonios seleccionados del informe
“Expresar el desacuerdo es muy peligroso en Etiopía”, señaló Georgette Gagnon, directora para África de Human Rights Watch. “El partido gobernante y el Estado se están convirtiendo en una misma cosa, y el Gobierno está utilizando todo su poder para eliminar a la oposición e intimidar a la población para que permanezca callada”, agregó.
La represión gubernamental ha provocado que muchos activistas de la sociedad civil y periodistas huyan del país en los últimos meses. El periódico independiente más destacado fue cerrado en diciembre de 2009 y el Gobierno interfirió las emisiones radiofónicas de Voice Of America el mes pasado. Los etíopes no pueden hablar con libertad, organizar actividades políticas ni cuestionar las políticas gubernamentales—ya sea mediante las protestas pacíficas, las elecciones o la publicación de sus opiniones—sin temor a las represalias. En 2008, el Gobierno encarceló arbitrariamente al líder de la oposición Birtukan Midekssa, presidente del Partido de Unidad para la Democracia y la Justicia.
Etiopía tiene una fuerte dependencia de la asistencia extranjera, que equivale aproximadamente a un tercio del gasto total del Gobierno. Los principales donantes extranjeros del país—el Banco Mundial, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea—han mostrado mucha timidez en sus críticas sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Etiopía, señaló Human Rights Watch.
Para este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 200 personas durante 15 semanas de investigación en Etiopía, entre ellas campesinos, maestros, funcionarios civiles, activistas, miembros de la oposición y funcionarios del Gobierno, así como diplomáticos y funcionarios de ayuda extranjeros, en la capital, Addis Abeba, y en otras tres regiones.
Desde las elecciones municipales de abril de 2008, en las que el FRDPE obtuvo más del 99.9 por ciento de los votos, el partido gobernante ha consolidado su control de los gobiernos municipales y distritales, y gobernado con mano de hierro. En los distritos visitados por Human Rights Watch, los residentes contaron que cada aldea estaba organizada en células y que los funcionarios municipales y la milicia vigilaban los hogares buscando señales de disidencia. Los gobiernos locales suspendieron servicios oficiales para castigar a los que criticaban al Gobierno o no apoyaban al partido gobernante.
Los funcionarios municipales ejercen una influencia considerable sobre los medios de vida de los residentes: son responsables de seleccionar y supervisar a los participantes en programas de trabajo por ayuda, asignar semillas y fertilizante, conceder microcréditos y suministrar cartas de recomendación para empleos, oportunidades educativas y capacitación. Los partidos de la oposición afirman que su membresía se ha visto diezmada porque la población no tiene más remedio que afiliarse al partido gobernante para salvaguardar sus empleos y alimentar a sus familias.
El Gobierno también ha ejercido presión sobre todos los empleados públicos—y especialmente los maestros—para que se afilien al partido gobernante, y ha castigado selectivamente a las voces críticas. Se ha servido de la draconiana Proclamación sobre Organizaciones y Sociedades Benéficas y la Ley Antiterrorista para intimidar a los activistas de la sociedad civil y a los periodistas que han intentado informar sobre la represión del Estado.
Human Rights Watch insta al Gobierno etíope a que adopte medidas urgentes para mejorar el ambiente electoral poniendo inmediatamente en libertad a todos los presos políticos, entre ellos Midekssa. Human Rights Watch apela también al Gobierno para que ordene públicamente a todos los funcionarios y los miembros del FRDPE que cesen los ataques y las amenazas contra miembros de la oposición política, la sociedad civil y los medios de comunicación; y permita iniciativas independientes, como los observadores electorales independientes, para investigar e informar públicamente sobre los abusos.
La Unión Europea y la Unión Africana son las únicas instituciones que están considerando enviar observadores electorales internacionales para supervisar las elecciones de mayo. Las restricciones impuestas por la Proclamación sobre Organizaciones y Sociedades Benéficas hacen prácticamente imposible la observación electoral independiente por parte de organizaciones etíopes. Human Rights Watch instó a todos los observadores internacionales a que tengan en cuenta la represión preelectoral cuando evalúen la libertad y la imparcialidad de las elecciones.
“Las entidades extranjeras que apoyan a Etiopía deben romper su silencio y condenar el ambiente de miedo en el país”, señaló Gagnon. “Los donantes deben utilizar su considerable influencia financiera para presionar con el fin de terminar con el hostigamiento de la oposición y las leyes opresivas contra los activistas y los medios de comunicación”, agregó.
Testimonios seleccionados del informe
“Tiene que entender que a nivel de base todo está organizado de acuerdo con la ideología del FRDPE, todo está organizado y controlado por células; si eres de la oposición estás excluido [de la vida de la aldea]”.– Maestro, región de Amhara
“Soy miembro del FRDPE, pero apoyo al partido de la oposición. Ser miembro no significa nada. Soy miembro del FRDPE porque necesito asistencia de emergencia… Para recibir ayuda hay que presentar la lista de recibos—demostrando que estoy pagando las cuotas al partido. Estoy pagando porque no quiero que me repriman o ignoren”.– Miembro del partido gobernante, región de las Naciones, Nacionalidad y Pueblos del Sur
“Hay un componente significativo de autocensura, hay muchas cosas sobre las que no podemos escribir, muchas cosas que no podemos decir. No nos dicen dónde está el límite, tenemos que imaginárnoslo. Su interpretación del terrorismo [en la ley antiterrorista] es tan amplia que resulta peligrosa para nosotros. Por ejemplo, si califican a cierto partido político de organización terrorista, ya no podemos escribir sobre ellos… No se permite a los periódicos realizar encuestas o predecir resultados antes de que los haya anunciado la Junta Nacional Electoral”.– Periodista, Addis Abeba
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