La medida, solicitada por los trabajadores, convierte a este edificio en una garantía ante el impago de los salarios
SANTA CRUZ DE TENERIFE - "Un juez ha embargado cautelarmente el edificio de la clínica Capote como garantía del impago de los salarios de 63 trabajadores y las indemnizaciones de diez empleados despedidos", según informó Carlos Moreno, representante del sindicato CC OO. El embargo, solicitado por los trabajadores, se produjo la última semana del mes de febrero, apuntó Moreno.
Pese a esta medida, los trabajadores del centro están a la espera de que se determine la fecha del juicio, y mientras tanto acuden a su puesto de trabajo, "en horario de 8 de la mañana a tres de la tarde, desde las tres hasta las diez de la noche y desde esta hora hasta las ocho de la mañana los del turno de noche, a pesar de que no hay pacientes y no cobran desde hace más de tres meses", denunció ayer Moreno.
El representante sindical manifestó que espera que el juicio se celebre lo antes posible debido a que el personal está pasando por una situación económica "muy dura".
Moreno aseguró que "nunca pensamos que se llegara a esta situación" y que "el embargo era una de las últimas opciones", ya que esperábamos que se corrigiera la situación en la que se encontraba el centro sanitario. "Nunca pensamos que el Consejo de Administración de la clínica Capote abandonara", apuntó el sindicalista.
Responsabilidades privadas y públicas
Carlos Moreno, representante de CC OO, afirmó ayer que los responsables de la situación en la que está la clínica Capote son los empresarios y la Consejería de Sanidad. Indicó que la Administración conocía la situación de este centro un año antes de que se decidiera suspender la actividad asistencial en el centro.
Al respecto, fuentes de Sanidad recordaron que esta medida se tomó después de recibir un escrito por parte de algunos miembros del Consejo de Administración de la clínica, en la que se solicitaba que Sanidad tomara medidas para atender a las personas que estaban ingresadas, alegando imposibilidad de garantizar la atención sanitaria de los hospitalizados.
Tras varias inspecciones, señalaron, en las que se ratificaron las condiciones de la clínica Capote, se suspendió la actividad quirúrgica y posteriormente se trasladó a todos los pacientes. Por último, se paralizó el tratamiento de hemodiálisis. En este momento -recordaron- había 42 pacientes ingresados, de los cuales 36 fueron trasladados al centro Mirador de Ifara, cuatro al Febles Campos y dos a la clínica La Colina. En su momento también anunciaron un plan de viabilidad para este centro, que "aún no se ha realizado".
SANTA CRUZ DE TENERIFE - "Un juez ha embargado cautelarmente el edificio de la clínica Capote como garantía del impago de los salarios de 63 trabajadores y las indemnizaciones de diez empleados despedidos", según informó Carlos Moreno, representante del sindicato CC OO. El embargo, solicitado por los trabajadores, se produjo la última semana del mes de febrero, apuntó Moreno.
Pese a esta medida, los trabajadores del centro están a la espera de que se determine la fecha del juicio, y mientras tanto acuden a su puesto de trabajo, "en horario de 8 de la mañana a tres de la tarde, desde las tres hasta las diez de la noche y desde esta hora hasta las ocho de la mañana los del turno de noche, a pesar de que no hay pacientes y no cobran desde hace más de tres meses", denunció ayer Moreno.
El representante sindical manifestó que espera que el juicio se celebre lo antes posible debido a que el personal está pasando por una situación económica "muy dura".
Moreno aseguró que "nunca pensamos que se llegara a esta situación" y que "el embargo era una de las últimas opciones", ya que esperábamos que se corrigiera la situación en la que se encontraba el centro sanitario. "Nunca pensamos que el Consejo de Administración de la clínica Capote abandonara", apuntó el sindicalista.
Responsabilidades privadas y públicas
Carlos Moreno, representante de CC OO, afirmó ayer que los responsables de la situación en la que está la clínica Capote son los empresarios y la Consejería de Sanidad. Indicó que la Administración conocía la situación de este centro un año antes de que se decidiera suspender la actividad asistencial en el centro.
Al respecto, fuentes de Sanidad recordaron que esta medida se tomó después de recibir un escrito por parte de algunos miembros del Consejo de Administración de la clínica, en la que se solicitaba que Sanidad tomara medidas para atender a las personas que estaban ingresadas, alegando imposibilidad de garantizar la atención sanitaria de los hospitalizados.
Tras varias inspecciones, señalaron, en las que se ratificaron las condiciones de la clínica Capote, se suspendió la actividad quirúrgica y posteriormente se trasladó a todos los pacientes. Por último, se paralizó el tratamiento de hemodiálisis. En este momento -recordaron- había 42 pacientes ingresados, de los cuales 36 fueron trasladados al centro Mirador de Ifara, cuatro al Febles Campos y dos a la clínica La Colina. En su momento también anunciaron un plan de viabilidad para este centro, que "aún no se ha realizado".
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