En Panamá, país que proporcionalmente posee la segunda mayor población carcelaria de América Latina, la falta de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad son frecuentes. En un estudio presentado hoy (07) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) constató que el sistema penitenciario del país se encuentra en estado permanente de crisis.
"A pesar de haber promulgado leyes y reglamentos nacionales que, si son implementados, asegurarían el respeto de los derechos humanos y una condición adecuada de vida a las personas privadas de libertad, el Estado panameño ignora sus propias directrices diariamente", dijeron los elaboradores del informe.
Entre marzo y octubre de 2007, los investigadores estuvieron en siete prisiones panameñas, que albergan al 75% de la población carcelaria del país, y evaluaron que esos espacios tienen problemas de superpoblación, de infraestructura y de maltratos. La capacidad oficial del sistema carcelario del país es de 7.114 personas. Sin embargo, actualmente, alberga a más de 11 mil 300 personas. Algunos centros de detención reciben el doble o el triple de sus capacidades.
"Entre las causas del alto índice de presos en el país se encuentran: los atrasos judiciales, el uso excesivo de la detención preventiva y la falta de sanciones alternativas a la detención", dijeron los especialistas de la Clínica.
Las instalaciones están en condiciones "terribles", según el informe. La mayoría de los edificios no fueron construidos para ser una penitenciaría, por eso no tienen infraestructura adecuada para lidiar con el número de detenidos. Las instalaciones son precarias, el saneamiento es inadecuado y la superpoblación es extrema. Las celdas son oscuras, mal ventiladas, sucias e infectadas por roedores e insectos.
En algunas cárceles, los presos no poseen cama y grupos de 100 presos tienen que compartir sólo uno o dos baños. Además de que los mismos son, muchas veces, inutilizables. De acuerdo con el estudio, lo más preocupante es que "las consecuencias de la superpoblación parecen afectar a grupos menos privilegiados más que a los otros".
Los centros La Joya y La Joyita, los de situación más preocupante, tienen inclusive problema con el abastecimiento de agua potable. Los cerca de 300 presos entrevistados reclamaron acerca de la precariedad en el servicio de salud. Faltan medicamentos y equipos médicos; en algunas cárceles tienen que esperar meses por una visita médica.
El informe pide que el Estado panameño realice un monitoreo de la situación de sus prisiones, pues lo que fue visto está en desacuerdo con un sistema penitenciario fundado en los principios de la seguridad y de la rehabilitación. Para los especialistas que elaboraron el material, son necesarias acciones inmediatas para mejorar centros penitenciarios panameños y garantizar que las necesidades básicas de los detenidos sean aseguradas.
Recursos escasos, administración deficiente y una probable corrupción fueron los factores que llevaron a "una situación deplorable, en la cual los derechos de las personas privadas de libertad son violados rutinariamente".
Traducción: Daniel Barrantes
"A pesar de haber promulgado leyes y reglamentos nacionales que, si son implementados, asegurarían el respeto de los derechos humanos y una condición adecuada de vida a las personas privadas de libertad, el Estado panameño ignora sus propias directrices diariamente", dijeron los elaboradores del informe.
Entre marzo y octubre de 2007, los investigadores estuvieron en siete prisiones panameñas, que albergan al 75% de la población carcelaria del país, y evaluaron que esos espacios tienen problemas de superpoblación, de infraestructura y de maltratos. La capacidad oficial del sistema carcelario del país es de 7.114 personas. Sin embargo, actualmente, alberga a más de 11 mil 300 personas. Algunos centros de detención reciben el doble o el triple de sus capacidades.
"Entre las causas del alto índice de presos en el país se encuentran: los atrasos judiciales, el uso excesivo de la detención preventiva y la falta de sanciones alternativas a la detención", dijeron los especialistas de la Clínica.
Las instalaciones están en condiciones "terribles", según el informe. La mayoría de los edificios no fueron construidos para ser una penitenciaría, por eso no tienen infraestructura adecuada para lidiar con el número de detenidos. Las instalaciones son precarias, el saneamiento es inadecuado y la superpoblación es extrema. Las celdas son oscuras, mal ventiladas, sucias e infectadas por roedores e insectos.
En algunas cárceles, los presos no poseen cama y grupos de 100 presos tienen que compartir sólo uno o dos baños. Además de que los mismos son, muchas veces, inutilizables. De acuerdo con el estudio, lo más preocupante es que "las consecuencias de la superpoblación parecen afectar a grupos menos privilegiados más que a los otros".
Los centros La Joya y La Joyita, los de situación más preocupante, tienen inclusive problema con el abastecimiento de agua potable. Los cerca de 300 presos entrevistados reclamaron acerca de la precariedad en el servicio de salud. Faltan medicamentos y equipos médicos; en algunas cárceles tienen que esperar meses por una visita médica.
El informe pide que el Estado panameño realice un monitoreo de la situación de sus prisiones, pues lo que fue visto está en desacuerdo con un sistema penitenciario fundado en los principios de la seguridad y de la rehabilitación. Para los especialistas que elaboraron el material, son necesarias acciones inmediatas para mejorar centros penitenciarios panameños y garantizar que las necesidades básicas de los detenidos sean aseguradas.
Recursos escasos, administración deficiente y una probable corrupción fueron los factores que llevaron a "una situación deplorable, en la cual los derechos de las personas privadas de libertad son violados rutinariamente".
Traducción: Daniel Barrantes
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