La aplicación de las recomendaciones de la ONU, cruciales para que se haga justicia

Todos los órganos pertinentes de la ONU deben actuar sin demora y de manera coordinada para poner en práctica las recomendaciones del informe Goldstone, encargado por la ONU, sobre las violaciones del derecho internacional cometidas en Gaza y el sur de Israel a finales de diciembre y en enero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy 15 de septiembre.

“El Consejo de Derechos Humanos debe aprobar el informe y sus recomendaciones y debe solicitar al secretario general de la ONU que lo remita al Consejo de Seguridad”, ha manifestado Donatella Rovera, quien ha dirigido la investigación de Amnistía Internacional sobre el conflicto de Israel y Gaza.

“El Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU deben tomar ahora las medidas necesarias para garantizar que las víctimas reciben la justicia y la reparación que se les debe y que los responsables de las violaciones de derechos humanos no quedan impunes.”

Pese a las pruebas fidedignas de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional que salieron a la luz durante el conflicto y después de él, ni Israel ni Hamás han llevado a cabo investigaciones dignas de crédito ni han procesado a los responsables. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los ataques contra civiles perpetrados durante el conflicto e instó a ambos bandos a respetar el derecho internacional, pero hasta ahora ha hecho oídos sordos a las denuncias de crímenes de guerra y otros abusos graves cometidos por ambos bandos.

“La responsabilidad de emprender acciones enérgicas para garantizar que los responsables rinden cuentas y que las víctimas reciben justicia recae ahora en la comunidad internacional, especialmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano más poderoso de las Naciones Unidas”, ha manifestado Donatella Rovera. “Si Israel y Hamás no llevan a cabo investigaciones dignas de crédito en un periodo establecido y limitado, el Consejo de Seguridad debe remitir las conclusiones del informe Goldstone al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).”

La misión de investigación del juez Goldstone, encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó sus conclusiones y formuló recomendaciones el martes en un informe de 575 páginas. En él concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos cometieron violaciones graves del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad.

Las conclusiones del informe coinciden con las de la investigación sobre el terreno llevada a cabo por la propia Amnistía Internacional sobre el conflicto de 22 días, que duró desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 18 de enero de 2009, y en el transcurso del cual murieron unos 1.400 palestinos y 9 israelíes. La mayoría de los palestinos muertos por fuerzas israelíes eran civiles desarmados, entre ellos 300 niños y niñas. Los ataques palestinos con cohetes mataron a tres civiles israelíes y a seis soldados (otros cuatro soldados murieron a manos de su propio bando por “fuego amigo”). Las fuerzas israelíes emprendieron asimismo una campaña de destrucción sistemática y gratuita en Gaza, dejando barrios enteros en ruinas y utilizaron a la población palestina como escudos humanos.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción las recomendaciones de la misión de investigación, unas recomendaciones que si se ponen en práctica brindan la mejor esperanza de justicia y rendición de cuentas. La organización insta:

• al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que respalde las recomendaciones de la misión, examine su aplicación periódicamente, pida al secretario general de la ONU que remita el informe al Consejo de Seguridad, y pida al Consejo de Seguridad que remita su contenido al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que emprenda acciones si Israel y Hamás no garantizan justicia para las víctimas;

• al secretario general de la ONU a que remita el informe sin demora al Consejo de Seguridad;

• al Consejo de Seguridad de la ONU a que establezca sin demora un comité de expertos encargado de observar y evaluar cualquier procedimiento nacional iniciado por Israel y el gobierno de facto de Hamás en Gaza, y pida a los gobiernos tanto de Israel como de Hamás que informen en un plazo de seis meses de las investigaciones independientes y los enjuiciamientos de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que hayan emprendido;

• al Consejo de Seguridad que remita la situación al fiscal de la CPI si Israel y el gobierno de Hamás no llevan a cabo investigaciones dignas de crédito de conformidad con las normas internacionales en el periodo establecido;

• a la Asamblea General de la ONU que pida al Consejo de Seguridad que le informe de las medidas tomadas por las dos partes para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho internacional y para establecer un fondo con el que pagar una indemnización adecuada a las víctimas de ambos bandos que sufrieron pérdidas o daños a consecuencia de actos ilegítimos.

Estas son las conclusiones clave de la misión internacional e independiente de investigación, encargada por la ONU y encabezada por el juez Richard Goldstone.

• Las fuerzas israelíes cometieron violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes de guerra y, en algunos casos, posiblemente crímenes de lesa humanidad. En especial, las investigaciones sobre numerosos casos de ataques mortales contra personas y objetos civiles revelaron que los ataques eran intencionados, que algunos tenían como finalidad propagar el terror entre la población civil sin tener ningún objetivo militar justificable, y que las fuerzas israelíes utilizaron a civiles palestinos como escudos humanos.

• Las fuerzas israelíes cometieron violaciones graves del Convenio IV de Ginebra, especialmente homicidios deliberados, tortura, trato inhumano, sufrimiento grave y deliberado o lesiones graves, y destrucción generalizada de bienes, no justificada por necesidad militar y llevada a cabo de manera ilegítima y gratuita. Estos actos, como violaciones graves del tratado, entrañan una responsabilidad penal individual.

• Israel incumplió su deber de respetar el derecho de la población de Gaza a un nivel de vida adecuado, incluido el acceso a comida, agua y vivienda adecuadas. En especial, se cometieron actos que privaron a la población palestina de Gaza de los medios de sustento, el empleo, la vivienda y el agua, que le negaron la libertad de circulación y su derecho a entrar y salir de su país, que limitaron su acceso a un remedio efectivo y que podrían constituir persecución: es decir, un crimen de lesa humanidad.

• Los grupos armados palestinos violaron el principio de distinción al lanzar contra objetivos militares ataques con cohetes y morteros que no pueden dirigirse con la suficiente precisión. Además, sus ataques contra zonas civiles sin objetivo militar específico constituyeron ataques deliberados contra civiles. Ese tipo de ataques constituye un crimen de guerra y puede constituir un crimen de lesa humanidad.

• Los combatientes palestinos no siempre se distinguían adecuadamente de la población civil y expusieron innecesariamente a civiles al peligro cuando lanzaron ataques cerca de edificios civiles o protegidos.

La misión de investigación no encontró pruebas de que los grupos armados palestinos dirigieran a civiles a zonas donde se estaban lanzando ataques, o de que obligaran a la población civil a quedarse en sus cercanías, ni tampoco pruebas de que el gobierno de facto de Hamás o los grupos armados palestinos utilizaran hospitales para ocultar actividades militares, utilizaran ambulancias para transportar combatientes, o de que los grupos armados palestinos entablaran combate desde el interior de hospitales o de instalaciones de la ONU utilizadas como refugio.