El Perú vuelve a insistir en la aplicación de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores que matan a sus víctimas. Después del anuncio, hecho por el presidente García el día 14, muchas manifestaciones se están dando. Por un lado, varios organismos de derechos humanos emitieron sus opiniones contra esta medida tan extrema; por el otro, la propuesta del mandatario recibió expresiones de apoyo, como una marcha realizada el viernes pasado por familiares de victimas muertas en conflicto.
La Idea de realizar una consulta popular fue presentada después que la propuesta para adoptar la pena de muerte fue rechazada por el Congreso. Muchos diputados, inclusive de la bancada del gobierno, rechazaron la iniciativa. Este proyecto de ley fue el cuarto de este tipo presentado al Congreso durante la gestión del Presidente García.
Para Amnistía Internacional, de hecho, muchos de los delitos señalados en estos proyectos de ley son graves, pero deben ser resueltos a través de otros mecanismos. Aplicar la pena de muerte, afirma, va "contra todas las normas internacionales que buscan limitar los lugares donde esta pena es tenida como legal, además de ir contra la tendencia mundial que propone la erradicación de la pena capital". Según el organismo, aunque es evidente la necesidad que proteger a los menores de la violencia, no se ha comprobado que la adopción de la pena de muerte, logre resolver o siquiera contener los problemas de violencia y los asesinatos contra mujeres y niños.
Otro punto de preocupación indicado por Amnistía, es la posible retirada del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - lo que implicaría un retroceso para el país, tomando en cuenta que la población quedaría sin el recurso de la Convención, muchas veces utilizado cuando el sistema nacional no presenta soluciones efectivas.
La Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh), en nota divulgada por la agencia de noticias Pulsar, también manifestó su preocupación con el debate y la posibilidad de un plebiscito sobre el tema. Ante tanta especulación, el director del la Asociación, Francisco Soberón, lamentó que el tema esté siendo manipulado. "Es lamentable la manipulación del tema y la obstinación del Presidente en querer mantener la pena de muerte en agenda, además de manipular las manifestaciones de los ciudadanos, aprovechando políticamente el dolor de las víctimas"
El pasado día 19, una marcha recorrió las calles de Lima en dirección al Palacio de Gobierno para respaldar la propuesta de la pena de muerte por terrorismo. La mayoría de las personas eran familiares de víctimas de los conflictos ocurridos durante años, entre las fuerzas del Estado y grupos guerrilleros.
Pero en medio de tantas polémicas, especialistas y constitucionalistas han afirmado que descartan la posible modificación del Artículo 32 de la Constitución para establecer la posibilidad del plebiscito.
La Idea de realizar una consulta popular fue presentada después que la propuesta para adoptar la pena de muerte fue rechazada por el Congreso. Muchos diputados, inclusive de la bancada del gobierno, rechazaron la iniciativa. Este proyecto de ley fue el cuarto de este tipo presentado al Congreso durante la gestión del Presidente García.
Para Amnistía Internacional, de hecho, muchos de los delitos señalados en estos proyectos de ley son graves, pero deben ser resueltos a través de otros mecanismos. Aplicar la pena de muerte, afirma, va "contra todas las normas internacionales que buscan limitar los lugares donde esta pena es tenida como legal, además de ir contra la tendencia mundial que propone la erradicación de la pena capital". Según el organismo, aunque es evidente la necesidad que proteger a los menores de la violencia, no se ha comprobado que la adopción de la pena de muerte, logre resolver o siquiera contener los problemas de violencia y los asesinatos contra mujeres y niños.
Otro punto de preocupación indicado por Amnistía, es la posible retirada del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - lo que implicaría un retroceso para el país, tomando en cuenta que la población quedaría sin el recurso de la Convención, muchas veces utilizado cuando el sistema nacional no presenta soluciones efectivas.
La Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh), en nota divulgada por la agencia de noticias Pulsar, también manifestó su preocupación con el debate y la posibilidad de un plebiscito sobre el tema. Ante tanta especulación, el director del la Asociación, Francisco Soberón, lamentó que el tema esté siendo manipulado. "Es lamentable la manipulación del tema y la obstinación del Presidente en querer mantener la pena de muerte en agenda, además de manipular las manifestaciones de los ciudadanos, aprovechando políticamente el dolor de las víctimas"
El pasado día 19, una marcha recorrió las calles de Lima en dirección al Palacio de Gobierno para respaldar la propuesta de la pena de muerte por terrorismo. La mayoría de las personas eran familiares de víctimas de los conflictos ocurridos durante años, entre las fuerzas del Estado y grupos guerrilleros.
Pero en medio de tantas polémicas, especialistas y constitucionalistas han afirmado que descartan la posible modificación del Artículo 32 de la Constitución para establecer la posibilidad del plebiscito.
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