La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos en base a su investigación iniciada en Oaxaca por peticiones de los movimientos sociales reconoció que 23 personas murieron en los conflictos entre la Policía Federal Preventiva y la Asamblea Popular de los Pueblo de Oaxaca (APPO). En sus consideraciones advierte el gobierno mexicano para que tome las providencias y cumpla su papel de proteger a la sociedad civil, sin utilizar la represión. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia había reconocido a 11 muertes.
Además de las muertes, la comisión se ha enterado de que existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas.
Con respecto a las violaciones que se han cometido en contra de la sociedad civil, la comisión señala los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, libre circulación y manifestación. "Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación", afirma el documento.
Asimismo, el derecho a la educación también ha sido afectado, apuntando la falta de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, así como la prolongación del conflicto por la falta de diálogo en la resolución del mismo. Ninguna de las partes en conflicto estableció medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas.
La comisión resalta que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con el beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres.
No se garantizó el derecho de defensa de los detenidos y procesados: ni asistencia de un abogado de confianza, ni comunicación con el abogado, ni condiciones de privacidad en las entrevistas, ni asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas.
El informe menciona aún la violación a los derechos a paro sindical, las detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas policiales y estatales; denuncia la detención en espacios ilegales, torturas físicas y psicológicas, traslado ilegal (se intervino la llamada "fiscalía móvil", este órgano carece de toda cobertura legal, su actuación no es transparente ni está sujeta a control alguno), personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad sin necesidad, detenciones a menores de edad.
Con respecto a las mujeres, a comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, etc). Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos.
Entre las varias recomendaciones al gobierno está la revisión de la situación jurídica de todas las personas encarceladas; proceder al desarme, controlar la posesión y utilización ilegal de armas, impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas; impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados; aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto físicas como psicológicas con especial atención a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres; ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.
Además de las muertes, la comisión se ha enterado de que existen sospechas fundadas de la existencia de personas desaparecidas. Una de las mayores dificultades para investigar y esclarecer estas desapariciones es la falta de denuncias presentadas.
Con respecto a las violaciones que se han cometido en contra de la sociedad civil, la comisión señala los poderes públicos no han garantizado el pleno ejercicio de la libertad de expresión, libre circulación y manifestación. "Se ha impedido mediante el uso de la fuerza física y la coacción el ejercicio de estos derechos fundamentales, desalojando violentamente plantones y marchas pacíficas, impidiendo el pleno ejercicio de la función de los representantes comunales legalmente elegidos, agrediendo a periodistas y hostigando a medios de comunicación", afirma el documento.
Asimismo, el derecho a la educación también ha sido afectado, apuntando la falta de recursos materiales y humanos, especialmente en zonas rurales, así como la prolongación del conflicto por la falta de diálogo en la resolución del mismo. Ninguna de las partes en conflicto estableció medidas alternativas durante el paro magisterial para asegurar el derecho a la educación de los niños y las niñas.
La comisión resalta que las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a disposición de los cuerpos policiales, con el beneplácito de éstos, a las personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres.
No se garantizó el derecho de defensa de los detenidos y procesados: ni asistencia de un abogado de confianza, ni comunicación con el abogado, ni condiciones de privacidad en las entrevistas, ni asistencia de intérpretes en las diligencias con personas indígenas.
El informe menciona aún la violación a los derechos a paro sindical, las detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas policiales y estatales; denuncia la detención en espacios ilegales, torturas físicas y psicológicas, traslado ilegal (se intervino la llamada "fiscalía móvil", este órgano carece de toda cobertura legal, su actuación no es transparente ni está sujeta a control alguno), personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad sin necesidad, detenciones a menores de edad.
Con respecto a las mujeres, a comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, etc). Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos.
Entre las varias recomendaciones al gobierno está la revisión de la situación jurídica de todas las personas encarceladas; proceder al desarme, controlar la posesión y utilización ilegal de armas, impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas; impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados; aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto físicas como psicológicas con especial atención a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres; ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.
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