Feizal Samath
Trabajadores pobres de Sri Lanka hacen oídos sordos a los riesgos de buscar empleo en Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudita, país con un sistema "macabro" para dictar la pena de muerte.
"Se siguen yendo, independiente de que conozcan o no la severidad de las leyes de Arabia Saudita y de Medio Oriente", dijo a IPS David Soysa, director del Centro de Trabajadores Emigrantes, con sede en Colombo.
"Tienen la mentalidad de ‘eso no me va a pasar a mí’", indicó Nimalka Fernando, activista de derechos humanos.
El 14 de este mes, Amnistía Internacional advirtió a Arabia Saudita que "los trabajadores extranjeros pobres pagan literalmente con su vida cuando son acusados de delitos".
"La pena de muerte no sólo se aplica de forma injusta y secreta, sino que discrimina y se usa contra los que tienen menos recursos para defender sus derechos. Es una lotería macabra", señaló la organización con sede en Londres. Esta semana, tres srilankeses fueron sentenciados a ser ejecutados en público en Arabia Saudita por su presunta participación en el asesinato de un ciudadano yemení. Otros ocho, incluidas dos mujeres srilankesas que supuestamente trabajaban para él como prostitutas, también fueron condenadas a prisión y azotes por el mismo delito. Todos tienen derecho a apelar si pueden reunir las decenas de miles de dólares que se necesitan para contratar un abogado defensor. En Arabia Saudita se ejecuta en promedio dos personas por semana. El año pasado hubo más de 143 ejecuciones, en su gran mayoría extranjeros. La Comisión de Derechos Humanos de Asia (CDHA) volvió a mencionar el 6 de este mes el caso de Rizana Nafeek y sus tres años de sufrimiento. Una trabajadora domestica srilankesa condenada a muerte en Arabia Saudita por la muerte de un niño que se atragantó mientras ella lo cuidaba y murió antes de que llegara la asistencia. Naffek comenzó a trabajar en 2005 tras llegar a Arabia Saudita con un pasaporte que indicaba que era mayor de edad, pero tenía tan sólo 17 años. En ese país está prohibido contratar trabajadores extranjeros de menos de 22 años. El 5 de noviembre habrá una nueva instancia judicial en la que se tratará de obtener el perdón de la madre y del padre para evitar que Nafeek sea ejecutada con espada. Bajo la shariá, ley islámica, ellos pueden perdonarla.
No es común que los trabajadores extranjeros sean perdonados en Arabia Saudita. Uno de cada 30 se salva de la ejecución. Los sauditas tienen ocho veces más de probabilidad de salvarse, según Amnistía. CDHA informó que Nafeek no tuvo representación legal durante el juicio. La acusación se basó sobre una confesión suya, extraída bajo coacción y de la que luego se retractó. La confesión habría sido autenticada por un traductor sin conocimiento suficiente de tamil. El cumplimiento de la sentencia se pudo suspender el año pasado gracias a una campaña internacional lanzada por la CDHA mediante la cual se reunieron 40.000 dólares para que un abogado saudí presentara la apelación. Unas 100.000 personas firmaron en Sri Lanka un pedido para salvar la vida de Nafeek, pero eso no disuade a las jóvenes de seguir falsificando su edad para ir a trabajar al extranjero igual que lo hizo ella, denuncian activistas de derechos humanos. Muchas de las adolescentes son de la misma localidad de Nafeek, de Mutur, dijo a IPS una monja católica.
"Probablemente conozcan las penurias de Nafeek, pero sus padres las siguen entregando por las condiciones de extrema pobreza", señaló. "Agentes de Colombo y de los países receptores forman parte de este tráfico".
Las jóvenes llegan hasta esos agentes a través de otros que trabajan en los poblados. "Esos sub-agentes son los principales responsables pues pagan a los padres como forma de incentivarlos", dijo a IPS Hussain Bhaila, viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka. Es difícil precisar la edad de las jóvenes porque van vestidas con el tradicional atuendo musulmán, dijo a IPS Suraj Dandeniya, ex presidente de la Asociación de Agencias de Empleo.
"Llevan la cabeza cubierta, por lo que los funcionarios de la oficina de pasaportes no les piden que muestren el rostro para certificar su edad pues puede ser considerado un sacrilegio", relató Dandeniya. "Falsifican su certificado de nacimiento para decir que tienen 22 años, cuando tienen tan sólo 18 o menos. Es decir que su pasaporte indica que son cinco años mayores de lo que en realidad son", apuntó. El gobierno de Sri Lanka se dispone a controlar el trabajo que realizan los sub-agentes. Los juzgados estudiarán los antecedentes familiares de las personas que quieran emigrar, dijo a IPS un funcionario que participa en la elaboración de las nuevas medidas. Eso reducirá la cantidad de adolescentes que emigran en busca de trabajo pues "los aldeanos estarán pendientes y notificaran a la justicia", añadió. Hay más de un millón de srilankeses trabajando en Asia y Medio Oriente. Alrededor de 60 por ciento de ellos hacen tareas domésticas. Se estima que entre 10 y 20 por ciento salen del país con pasaportes que muestran edades falsas, muchos de ellos jóvenes menores de 18 años.
Trabajadores pobres de Sri Lanka hacen oídos sordos a los riesgos de buscar empleo en Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudita, país con un sistema "macabro" para dictar la pena de muerte.
"Se siguen yendo, independiente de que conozcan o no la severidad de las leyes de Arabia Saudita y de Medio Oriente", dijo a IPS David Soysa, director del Centro de Trabajadores Emigrantes, con sede en Colombo.
"Tienen la mentalidad de ‘eso no me va a pasar a mí’", indicó Nimalka Fernando, activista de derechos humanos.
El 14 de este mes, Amnistía Internacional advirtió a Arabia Saudita que "los trabajadores extranjeros pobres pagan literalmente con su vida cuando son acusados de delitos".
"La pena de muerte no sólo se aplica de forma injusta y secreta, sino que discrimina y se usa contra los que tienen menos recursos para defender sus derechos. Es una lotería macabra", señaló la organización con sede en Londres. Esta semana, tres srilankeses fueron sentenciados a ser ejecutados en público en Arabia Saudita por su presunta participación en el asesinato de un ciudadano yemení. Otros ocho, incluidas dos mujeres srilankesas que supuestamente trabajaban para él como prostitutas, también fueron condenadas a prisión y azotes por el mismo delito. Todos tienen derecho a apelar si pueden reunir las decenas de miles de dólares que se necesitan para contratar un abogado defensor. En Arabia Saudita se ejecuta en promedio dos personas por semana. El año pasado hubo más de 143 ejecuciones, en su gran mayoría extranjeros. La Comisión de Derechos Humanos de Asia (CDHA) volvió a mencionar el 6 de este mes el caso de Rizana Nafeek y sus tres años de sufrimiento. Una trabajadora domestica srilankesa condenada a muerte en Arabia Saudita por la muerte de un niño que se atragantó mientras ella lo cuidaba y murió antes de que llegara la asistencia. Naffek comenzó a trabajar en 2005 tras llegar a Arabia Saudita con un pasaporte que indicaba que era mayor de edad, pero tenía tan sólo 17 años. En ese país está prohibido contratar trabajadores extranjeros de menos de 22 años. El 5 de noviembre habrá una nueva instancia judicial en la que se tratará de obtener el perdón de la madre y del padre para evitar que Nafeek sea ejecutada con espada. Bajo la shariá, ley islámica, ellos pueden perdonarla.
No es común que los trabajadores extranjeros sean perdonados en Arabia Saudita. Uno de cada 30 se salva de la ejecución. Los sauditas tienen ocho veces más de probabilidad de salvarse, según Amnistía. CDHA informó que Nafeek no tuvo representación legal durante el juicio. La acusación se basó sobre una confesión suya, extraída bajo coacción y de la que luego se retractó. La confesión habría sido autenticada por un traductor sin conocimiento suficiente de tamil. El cumplimiento de la sentencia se pudo suspender el año pasado gracias a una campaña internacional lanzada por la CDHA mediante la cual se reunieron 40.000 dólares para que un abogado saudí presentara la apelación. Unas 100.000 personas firmaron en Sri Lanka un pedido para salvar la vida de Nafeek, pero eso no disuade a las jóvenes de seguir falsificando su edad para ir a trabajar al extranjero igual que lo hizo ella, denuncian activistas de derechos humanos. Muchas de las adolescentes son de la misma localidad de Nafeek, de Mutur, dijo a IPS una monja católica.
"Probablemente conozcan las penurias de Nafeek, pero sus padres las siguen entregando por las condiciones de extrema pobreza", señaló. "Agentes de Colombo y de los países receptores forman parte de este tráfico".
Las jóvenes llegan hasta esos agentes a través de otros que trabajan en los poblados. "Esos sub-agentes son los principales responsables pues pagan a los padres como forma de incentivarlos", dijo a IPS Hussain Bhaila, viceministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka. Es difícil precisar la edad de las jóvenes porque van vestidas con el tradicional atuendo musulmán, dijo a IPS Suraj Dandeniya, ex presidente de la Asociación de Agencias de Empleo.
"Llevan la cabeza cubierta, por lo que los funcionarios de la oficina de pasaportes no les piden que muestren el rostro para certificar su edad pues puede ser considerado un sacrilegio", relató Dandeniya. "Falsifican su certificado de nacimiento para decir que tienen 22 años, cuando tienen tan sólo 18 o menos. Es decir que su pasaporte indica que son cinco años mayores de lo que en realidad son", apuntó. El gobierno de Sri Lanka se dispone a controlar el trabajo que realizan los sub-agentes. Los juzgados estudiarán los antecedentes familiares de las personas que quieran emigrar, dijo a IPS un funcionario que participa en la elaboración de las nuevas medidas. Eso reducirá la cantidad de adolescentes que emigran en busca de trabajo pues "los aldeanos estarán pendientes y notificaran a la justicia", añadió. Hay más de un millón de srilankeses trabajando en Asia y Medio Oriente. Alrededor de 60 por ciento de ellos hacen tareas domésticas. Se estima que entre 10 y 20 por ciento salen del país con pasaportes que muestran edades falsas, muchos de ellos jóvenes menores de 18 años.
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