Berlín, 4 oct (PL) El movimiento de protesta contra la construcción de una nueva estación central en la ciudad alemana de Stuttgart pone en aprieto al gobierno de la canciller Angela Merkel.
El conflicto se intensificó el jueves de la semana pasada con un ataque de la policía a una manifestación de alumnos.
Conforme a la Cruz Roja, 16 manifestantes fueron hospitalizados, después del ataque con gases lacrimógenas y vehículos lanza-agua. Según informaciones de los hospitales locales, cientos de manifestantes resultaron heridos.
El controvertido proyecto Stuttgart 21 tiene previsto derrumbar la vieja estación de ferrocarriles de la capital del estado de Baden-Würtemberg, declarado como monumento nacional.
En su lugar, el gobierno municipal y estatal - ambos del Partido Democristiano (CDU) de la canciller federal Angela Merkel - quieren construir una estación subterránea con vías para trenes rápidos.
Los críticos del proyecto argumentan los altos riesgos por las condiciones geológicas del suelo. Además, no queda claro cuánto costará el megaproyecto, aunque los adversarios aseguran que podría costar hasta 18,7 mil millones de euros.
Después de la escalada el jueves, la policía reportó tres uniformados heridos y 26 detenciones de personas entre 15 y 68 años. El viernes y el fin de semana, más que 100 mil adversarios del megaproyecto participaron en otra manifestación masiva. Mientras tanto, hay demostraciones de solidaridad en otras ciudades alemanas.
En vista de estos acontecimientos, el debate sobre el megaproyecto Stuttgart 21 llegó definitivamente a Berlín.
El partido socialista alemán Die Linke (La Izquierda) anunció que convocará una comisión de investigación en el parlamento federal sobre el asalto de la policía a los jóvenes manifestantes.
Con su mayoría gubernamental, los democristianos y liberales habían rechazado ya el viernes un debate en el parlamento federal, solicitado por el partido de Los Verdes.
"Es totalmente indiscutible, que el gobierno federal y la canciller rechazan la responsabilidad para esta situación grave", dijo el viernes por su parte Gregor Gysi, el jefe del grupo parlamentario del partido socialista en la cámara baja de parlamento alemán, el Bundestag.
Mientras aumenta la crítica, Rüdiger Grube, presidente del consejo de administración de la Deutsche Bahn, la empresa sucesora de la antigua compañía estatal de trenes de Alemania, atacó fuertemente a los adversarios del proyecto.
Según dijo el gerente a la prensa alemana, los críticos "no tienen derecho ninguno a manifestarse", dado que el proyecto Stuttgart 21 fue aprobado el los parlamentos.
Representantes de varios partidos políticos exigieron después la renuncia de Grube, tomando en cuenta que la Constitución alemana garantiza el derecho a manifestarse.
En tanto, la policía de Baden-Würtemberg confirmó hoy que Grube y varios funcionarios políticos están bajo custodia policial por haber recibido amenazas de muerte.
Conforme a la Cruz Roja, 16 manifestantes fueron hospitalizados, después del ataque con gases lacrimógenas y vehículos lanza-agua. Según informaciones de los hospitales locales, cientos de manifestantes resultaron heridos.
El controvertido proyecto Stuttgart 21 tiene previsto derrumbar la vieja estación de ferrocarriles de la capital del estado de Baden-Würtemberg, declarado como monumento nacional.
En su lugar, el gobierno municipal y estatal - ambos del Partido Democristiano (CDU) de la canciller federal Angela Merkel - quieren construir una estación subterránea con vías para trenes rápidos.
Los críticos del proyecto argumentan los altos riesgos por las condiciones geológicas del suelo. Además, no queda claro cuánto costará el megaproyecto, aunque los adversarios aseguran que podría costar hasta 18,7 mil millones de euros.
Después de la escalada el jueves, la policía reportó tres uniformados heridos y 26 detenciones de personas entre 15 y 68 años. El viernes y el fin de semana, más que 100 mil adversarios del megaproyecto participaron en otra manifestación masiva. Mientras tanto, hay demostraciones de solidaridad en otras ciudades alemanas.
En vista de estos acontecimientos, el debate sobre el megaproyecto Stuttgart 21 llegó definitivamente a Berlín.
El partido socialista alemán Die Linke (La Izquierda) anunció que convocará una comisión de investigación en el parlamento federal sobre el asalto de la policía a los jóvenes manifestantes.
Con su mayoría gubernamental, los democristianos y liberales habían rechazado ya el viernes un debate en el parlamento federal, solicitado por el partido de Los Verdes.
"Es totalmente indiscutible, que el gobierno federal y la canciller rechazan la responsabilidad para esta situación grave", dijo el viernes por su parte Gregor Gysi, el jefe del grupo parlamentario del partido socialista en la cámara baja de parlamento alemán, el Bundestag.
Mientras aumenta la crítica, Rüdiger Grube, presidente del consejo de administración de la Deutsche Bahn, la empresa sucesora de la antigua compañía estatal de trenes de Alemania, atacó fuertemente a los adversarios del proyecto.
Según dijo el gerente a la prensa alemana, los críticos "no tienen derecho ninguno a manifestarse", dado que el proyecto Stuttgart 21 fue aprobado el los parlamentos.
Representantes de varios partidos políticos exigieron después la renuncia de Grube, tomando en cuenta que la Constitución alemana garantiza el derecho a manifestarse.
En tanto, la policía de Baden-Würtemberg confirmó hoy que Grube y varios funcionarios políticos están bajo custodia policial por haber recibido amenazas de muerte.
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