La conferencia internacional "Diez Años de Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y Perspectivas de la Cooperación Internacional" fue concluida hoy (03), en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, con la preocupación de que los Acuerdos de Paz, asumidos como compromisos de Estado, no están siendo cumplidos integralmente.
Firmados en diciembre de 1996 entre el gobierno, el ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), después de una guerra civil que dejó 200 mil muertos, los Acuerdos de Paz deberían servir de base para que Guatemala pudiese caminar hacia un futuro más democrático, justo y menos excluyente. Para ello, era necesario un desarrollo que permitiese una mejor distribución de la renta y un mayor respeto de los derechos humanos.
Durante la conferencia, el director de la Oficina Guatemalteca del Alto Comisariato de la ONU para los Derechos Humanos, Anders Kompass, dijo que justamente en lo que se refiere a la desigualdad social y a un débil estado de derecho, Guatemala todavía posee graves problemas. Y agregó también la existencia del racismo como un problema no superado. Kompass teme por el futuro democrático del país. Y dijo además que "si los problemas no son resueltos en los próximos años, hay riesgo de un gran conflicto social y de deterioro de la vida democrática".
A pesar de las críticas, algunos éxitos fueron señalados: las elecciones pacíficas, los debates políticos, un mayor control del Ejército y la participación de la sociedad civil en temas de interés público. Para Kompass es necesario que se construyan políticas que permitan al país salir de la pobreza. La actual situación de Guatemala, según Kompass, no la deja en condiciones de cumplir con los compromisos del Milenio.
Para Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo, "el balance final presenta algunos éxitos, aunque predominen las decepciones". El presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Alvaro Ramazzini, cuestionó el destino de 236 millones de Euros en fondos enviados por la Comisión Europea para que el país pudiese realizar reformas estructurales e implementase los acuerdos de paz a nivel local, pues ese dinero no se vio reflejado en mejoras para la población. "A pesar de que las cifras hablan de un crecimiento económico, éste no es distribuido por igual", dijo Ramazzi.
Estudios realizados para evaluar el grado de cumplimiento de los Acuerdos en lo que se refiere a la reforma judicial, a los derechos indígenas y a la situación agraria en Guatemala también fueron debatidos. En el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y la cooperación de la Unión Europea en este aspecto, elaborado por el antropólogo Máximo Abrahan Ba Tiul, el estudioso concluyó que "formalmente" el Acuerdo está siendo cumplido, pero que estructuralmente nada cambió: "Siguen intactas las estructuras de poder y el control sobre las comunidades".
"No se puede impulsar un reconocimiento de las identidades indígenas a partir de una visión multicultural si por un lado se cuenta con un Estado excluyente y racista que no cumple las normas mínimas de derechos humanos y, por el otro, los indígenas no son verdaderos sujetos políticos del proceso de transformación democrática", concluye el estudio.
Denis Martínez analizó la reforma judicial y la reestructuración de la policía: "A pesar de que muchos compromisos específicos han sido alcanzados, los resultados indican que el proceso de reforma no consiguió su objetivo principal: mejorar la seguridad y la justicia para los ciudadanos". En los últimos diez años, 39.315 personas fueron muertas violentamente en el país. Las fuerzas de seguridad son ineficientes y, según el estudio, hasta los mismos donantes de dinero para poner en práctica los Acuerdos de Paz tienen "la sensación de fracaso en relación con los resultados y la proporcionalidad de los recursos invertidos".
En los Acuerdos de Paz, el derecho de la población campesina a la tierra era visto como una condición fundamental para el desarrollo del país, la justicia social y la reconciliación nacional, pero la Política Agraria empleada por el gobierno en mayo de 2006, está basada en un modelo de competitividad y de inserción en el mercado internacional. Modelo éste que sólo beneficia a los intereses de los grandes propietarios de tierra guatemaltecos.
Firmados en diciembre de 1996 entre el gobierno, el ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), después de una guerra civil que dejó 200 mil muertos, los Acuerdos de Paz deberían servir de base para que Guatemala pudiese caminar hacia un futuro más democrático, justo y menos excluyente. Para ello, era necesario un desarrollo que permitiese una mejor distribución de la renta y un mayor respeto de los derechos humanos.
Durante la conferencia, el director de la Oficina Guatemalteca del Alto Comisariato de la ONU para los Derechos Humanos, Anders Kompass, dijo que justamente en lo que se refiere a la desigualdad social y a un débil estado de derecho, Guatemala todavía posee graves problemas. Y agregó también la existencia del racismo como un problema no superado. Kompass teme por el futuro democrático del país. Y dijo además que "si los problemas no son resueltos en los próximos años, hay riesgo de un gran conflicto social y de deterioro de la vida democrática".
A pesar de las críticas, algunos éxitos fueron señalados: las elecciones pacíficas, los debates políticos, un mayor control del Ejército y la participación de la sociedad civil en temas de interés público. Para Kompass es necesario que se construyan políticas que permitan al país salir de la pobreza. La actual situación de Guatemala, según Kompass, no la deja en condiciones de cumplir con los compromisos del Milenio.
Para Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo, "el balance final presenta algunos éxitos, aunque predominen las decepciones". El presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Alvaro Ramazzini, cuestionó el destino de 236 millones de Euros en fondos enviados por la Comisión Europea para que el país pudiese realizar reformas estructurales e implementase los acuerdos de paz a nivel local, pues ese dinero no se vio reflejado en mejoras para la población. "A pesar de que las cifras hablan de un crecimiento económico, éste no es distribuido por igual", dijo Ramazzi.
Estudios realizados para evaluar el grado de cumplimiento de los Acuerdos en lo que se refiere a la reforma judicial, a los derechos indígenas y a la situación agraria en Guatemala también fueron debatidos. En el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y la cooperación de la Unión Europea en este aspecto, elaborado por el antropólogo Máximo Abrahan Ba Tiul, el estudioso concluyó que "formalmente" el Acuerdo está siendo cumplido, pero que estructuralmente nada cambió: "Siguen intactas las estructuras de poder y el control sobre las comunidades".
"No se puede impulsar un reconocimiento de las identidades indígenas a partir de una visión multicultural si por un lado se cuenta con un Estado excluyente y racista que no cumple las normas mínimas de derechos humanos y, por el otro, los indígenas no son verdaderos sujetos políticos del proceso de transformación democrática", concluye el estudio.
Denis Martínez analizó la reforma judicial y la reestructuración de la policía: "A pesar de que muchos compromisos específicos han sido alcanzados, los resultados indican que el proceso de reforma no consiguió su objetivo principal: mejorar la seguridad y la justicia para los ciudadanos". En los últimos diez años, 39.315 personas fueron muertas violentamente en el país. Las fuerzas de seguridad son ineficientes y, según el estudio, hasta los mismos donantes de dinero para poner en práctica los Acuerdos de Paz tienen "la sensación de fracaso en relación con los resultados y la proporcionalidad de los recursos invertidos".
En los Acuerdos de Paz, el derecho de la población campesina a la tierra era visto como una condición fundamental para el desarrollo del país, la justicia social y la reconciliación nacional, pero la Política Agraria empleada por el gobierno en mayo de 2006, está basada en un modelo de competitividad y de inserción en el mercado internacional. Modelo éste que sólo beneficia a los intereses de los grandes propietarios de tierra guatemaltecos.
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