El 'otro Tíbet' sale del armario: 20 claves sobre la revuelta de los uigures en Xinjiang

Un niño uigur participa en Estambul (Turquía)
en una protesta contra los incidentes violentos en la región china de Xinjiang.

• Los disturbios étnicos iniciados hace una semana han causado al menos 184 muertos y han hecho estallar un nuevo polvorín en China.
• ¿Quiénes son los uigures? ¿Por qué protestan? ¿Cómo les trata el Gobierno chino? ¿Qué importancia tiene la región dónde viven?
• Veinte preguntas y respuestas sobre el conflicto.
• De la tensión étnica al capitalismo estatal: China tras seis décadas de comunismo.
  

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MIGUEL MÁIQUEZ. 11.07.2009 - 13.21 h

Las protestas que durante toda esta semana han sacudido la región autónoma china de Xinjiang, y que han dejado al menos al menos 184 muertos, han revelado al mundo un conflicto étnico que, aunque mucho menos conocido y de características distintas, es de dimensiones semejantes al que se vive en el Tíbet.

La tensión entre la población autóctona musulmana -principalmente de etnia Uigur- y la china Han -mayoritaria en todo el país- lleva décadas cocinándose a la sombra del férreo centralismo del Gobierno chino, por más que la falta de un líder tan reconocido internacionalmente como el tibetano Dalai Lama la haya relegado al silencio informativo.

Las claves del otro polvorín étnico de China, en 20 preguntas y respuestas:

QUÉ

1. ¿Qué ha ocurrido en Xinjiang?

El pasado domingo, 5 de julio, cientos de personas pertenecientes a la etnia uigur protagonizaron violentas protestas en la ciudad de Urumqi, capital de la región noroccidental china de Xinjiang, que fueron duramente reprimidas por la Policía.

Los incidentes, calificados por Pekín como los más graves desde 1949, se saldaron con 156 muertos (la cifra fue elevada este sábado a 184 por las autoridades), más de un millar de heridos, centenares de detenidos y numerosos comercios, viviendas y vehículos quemados o destruidos.

2. ¿Qué desencadenó las protestas?

Las protestas en Urumqi comenzaron tras la muerte de dos uigures unos días antes -por linchamiento, según los manifestantes- en una fábrica de juguetes de Shaoguan (en Cantón, sur de China).

3. ¿Qué pasó en Shaogan?

Al margen del conflicto étnico e independentista existente en Xinjiang, y de la tensión entre uigures y han, el desencadenante concreto de estas protestas habría sido, según informó la agencia oficial china Xinhua, el error de una joven han de 19 años.

El pasado 26 de junio, esta joven, llamada Huang Cuilian y trabajadora de una fábrica de juguetes de Shaogan, entró por equivocación en el dormitorio de unos jóvenes uigures que trabajaban con ella en la factoría. Al parecer, uno de los uigures intentó bromear con ella y Huang huyó gritando. Alarmados, trabajadores de la etnia han se enfrentaron a los uigures en una pelea que terminó con dos uigures muertos y más de cien heridos.

4. ¿Qué provocó los muertos en Urumqi?

Inicialmente, la manifestación en Urumqi, en la que se exigía información sobre el suceso y castigo para los culpables, transcurrió de forma pacífica, según testigos presenciales y organizaciones uigures en el exilio.

Horas después, sin embargo, comenzaron a producirse focos violentos en distintas partes de la ciudad y se produjo la intervención de la policía.

Hasta este sábado no se hicieron públicos datos oficiales sobre las víctimas: Según el Gobierno local de Xinjiang, del total de fallecidos 137 fueron chinos han, 46 uigures musulmanes y uno, hui; además, 157 eran hombres, y 27, mujeres.

5. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Los altercados continuaron durante los días siguientes. Urumqi quedó prácticamente aislada (las autoridades restringieron el acceso a la ciudad y cortaron Internet y el teléfono, siendo imposible realizar llamadas telefónicas internacionales), mientras patrullas militares patrullaban las calles semidesiertas.

El martes miles de personas de la etnia han salieron a la calle armados con garrotes, porras eléctricas y machetes, en busca de venganza contra los uigures, a quienes responsabilizaban de los muertos del domingo. Las fuerzas armadas lanzaron gases lacrimógenos y el agravamiento de los disturbios obligó al presidente chino, Hu Jintao, a regresar a Pekín desde Italia, donde iba a asistir a la cumbre del G-8.

Los actos violentos continuaron a lo largo de la semana, y este viernes cientos de ciudadanos de etnia uigur abarrotaban la estación de autobús de Urumqi para huir de la ciudad.

QUIÉN

6. ¿Quiénes son los uigures?

Los uigures son un pueblo de origen turco, mayoritariamente islámico y que comparte lazos lingüísticos y culturales con otras etnias de Asia Central. Usan el alfabeto árabe. Para los independentistas, Xinjiang es el "Turquestán Oriental" o "Uiguristán".

7. ¿Cuántos uigures viven en Xinjiang?

Unos ocho millones, lo que supone casi la mitad (el 46%) de la región.

8. ¿Son los únicos musulmanes de Xinjiang?

No. En la región, aunque en un número mucho menor, también viven kazakos, kirguizos y hui, todos ellos mayoritariamente musulmanes.

La mayoría de los musulmanes chinos pertenecen a minorías étnicas. Los principales grupos son los mencionados hui, uigures, kazakos y kirguizos, y también hay tártaros, uzbekos y dongxiang.

9. ¿Qué peso tienen los uigures en el conjunto del país?

Los uigures son una de las 56 minorías nacionales reconocidas en China, que en total apenas llegan al 9% de la población total del país (más de 1.300 millones de personas). El 91% restante pertenece a la etnia han.

10. ¿Quién es Rebiya Kadeer?

Rebiya Kadeer (Altai, 1947) es la presidenta del Congreso Mundial Uigur (WUC) y desde 2004 vive exiliada en EE UU, donde llegó para tratarse médicamente después de que Pekín la encarcelara por "actividades separatistas" y "poner en peligro la seguridad nacional" de China. Se la considera la principal líder del independentismo uigur en el exilio y muchos se refieren a ella como "la Dalai Lama uigur".

Nacida en la pobreza, Kadeer se ganó el apodo de "la millonaria" al convertirse en la uigur más rica después de progresar meteóricamente en los negocios, que empezaron con una simple lavandería y posteriormente se ampliaron a centros comerciales y otros negocios.

Su suerte cambió en 1998, al ser arrestada bajo la acusación de haber participado en las revueltas musulmanas de la ciudad de Gulja (Xinjiang). En 1999 fue arrestada de nuevo y condenada a prisión por primera vez.

Madre de 11 hijos y casada en dos ocasiones, ha sido propuesta varias veces para el Nobel de la Paz. Su familia ha sido ampliamente perseguida. Dos de sus hijos están actualmente en la cárcel.

CÓMO

11. ¿Cómo ha reaccionado el Gobierno chino a los disturbios?

Por un lado, Pekín se apresuró a aislar en lo posible Urumqi del exterior, controlando las comunicaciones, especialmente el teléfono (tanto las redes de fijos como de móviles) e Internet. Además, miles de militares fueron enviados a poner orden y tratar de mantenerlo. Paralelamente, el Gobierno inició una intensa campaña de propaganda para intentar calmar el odio étnico, con carteles por toda la ciudad y octavillas lanzadas desde helicópteros.

Asimismo, las autoridades anunciaron "severos castigos", incluyendo la pena de muerte, tanto para los responsables de la revuelta como para quienes les protejan.

12. ¿Cómo se ha informado de la crisis?

Desde el mismo domingo por la noche testigos presenciales empezaron a publicar vídeos y fotos de la protesta en diversos sitios de Internet. A pesar de que el Gobierno censuraba estas páginas web en pocas horas, una parte de este material, obtenido en muchos casos mediante teléfonos móviles, logró ser publicado fuera del país a través de blogs o redes sociales como Twitter, FanfouFacebook. Estas páginas, no obstante, acabaron siendo bloqueadas en China, al igual que YouTube o los resultados de Google referidos a la protesta. (su equivalente chino) o

Pese a la fuerte censura interior, de cara al exterior, sin embargo, Pekín ha tratado de mostrar una imagen más abierta que en anteriores crisis, y ha llegado a organizar viajes a la zona del conflicto para periodistas extranjeros, informó The New York Times.

POR QUÉ

13. ¿Cuál es la causa de las protestas según el Gobierno chino?

Por un lado, Pekín acusa a Rebiya Kadeer, la presidenta del Congreso Mundial Uigur en el exilio, de estar detrás de las protestas, algo que ella ha negado: "El año pasado culparon al Dalai Lama de las protestas en el Tíbet; ahora me culpan a mí. El Gobierno chino siempre busca culpables en el exterior", declaró Kadeer a El País.

Por otro, las autoridades han señalado que los disturbios de Urumqi fueron actos premeditados por musulmanes uigures, entre los que se hallaban "activistas separatistas" que recibieron entrenamiento de Al Qaeda y otras organizaciones terroristas internacionales.

14. ¿Qué tiene que ver Al Qaeda?

China responsabiliza de las cíclicas tensiones en Xinjiang a "movimientos terroristas" que reclaman la independencia de la región, siendo el más destacado el Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM), que Pekín vincula a Al Qaeda desde los atentados del 11-S.

Pekín afirma que activistas uigures reciben entrenamiento de militantes islamistas en el vecino Afganistán. Más de 20 uigures fueron capturados por militares estadounidenses tras la invasión de Afganistán y pasaron seis años prisioneros en Guantánamo, tras lo que fueron puestos en libertad sin cargos.

15. ¿Cuál es la versión de los uigures?

Las organizaciones uigures en el exilio acusan a Pekín de utilizar la "lucha contra el terrorismo internacional" como excusa para reprimir a los uigures y otras poblaciones musulmanas, una represión que acaba traduciéndose en protestas y enfrentamientos.

La política central de fomento de la emigración de los chinos han a Xinjiang, o la promoción de matrimonios entre éstos y los uigures, son, según estos grupos, pruebas de que China, densamente poblada en el este pero con grandes áreas deshabitadas en el noroeste, busca llevar grandes masas de su población a la zona, en una clara política de colonización y con la consiguiente pérdida de la identidad cultural uigur.

16. ¿En qué situación viven los uigures?

De acuerdo con activistas uigures citados por la BBC, China intensificó las represalias después de las protestas callejeras de los años noventa y, más tarde, con motivo de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Durante la última década muchos activistas uigures fueron encarcelados o buscaron asilo en el extranjero tras ser acusados de terrorismo.

Xinjiang ha recibido grandes inversiones del gobierno de Pekín, pero los uigures se consideran excluidos de este desarrollo. Una de las causas es que las inversiones se han centrado en la economía urbana, lo que ha dejado a la población uigur, en gran parte, campesina, apartada en el campo, con una agricultura de escaso valor.

DÓNDE

17. ¿Cómo es Xinjiang?

Con 19 millones de habitantes, Xinjiang es la más grande de las subdivisiones administrativas chinas. A la tensión independentista se une la tensión étnica entre los uigures, que llevan varios siglos en la zona y dominan las áreas rurales, y los inmigrantes chinos han, concentrados en las ciudades y que controlan el tejido económico y comercial, de forma similar a lo que ocurre en el Tíbet.

18. ¿Ha sido independiente alguna vez?

La región fue dominada durante la historia por diversos pueblos, sobre todo, nómadas de Asia del norte y central, aunque también tuvo periodos de influencia o domino chino, en dinastías como la Tang (siglo VII) o la Qing (siglos XVII-XIX).

En medio del caos creado tras la caída del imperio chino en 1911, llegó incluso a proclamarse en la región, en dos ocasiones, una República del Turquestán Oriental independiente, la primera en 1933-34 y la segunda en 1944-49, esta última de corte soviético e influida por la expansión de la URSS por Asia Central.

19. ¿Por qué es importante para China?

Xinjiang es una de las zonas más ricas en recursos energéticos de China, principalmente petróleo y gas natural, además de lugar de paso del crudo de Asia Central a través de los gigantescos oleoductos que unen esa zona con el este del país, más desarrollado y necesitado de energía.

CUÁNDO

20. ¿Cuáles habían sido las principales fechas del conflicto hasta ahora?

• 1954: Primera rebelión uigur contra el dominio comunista, en Khotan (sur de Xinjiang).
• 1955: China funda la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, como subdivisión administrativa de la República Popular.
• 1962: La política económica del Gran Salto Adelante causa grandes hambrunas en Xinjiang, lo que provoca la huida a la Unión Soviética de 60.000 refugiados uigures y kazajos.
• Abril de 1980: Graves enfrentamientos entre uigures y chinos han en Aksu (oeste de Xinjiang).
• Abril de 1990: Más de 50 personas mueren en las rebeliones de la localidad de Baren cuando resurge el independentismo uigur tras la independencia de las repúblicas soviéticas de Asia Central.
• Febrero de 1997: Enfrentamientos entre policía y manifestantes se saldan con nueve muertos, según el Gobierno chino. Los independentistas uigures los cifran en más de un centenar. Días después nueve personas mueren en tres ataques con explosivos en autobuses de Urumqi.
• Agosto de 2003: China logra que EE UU incluya en su lista de grupos terroristas al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (ETIM).
  Octubre de 2003: Muere en un tiroteo en el oeste de Xinjiang Hasan Mashum, líder del ETIM.
• Marzo de 2005: Rabiya Kadeer sale de prisión tras seis años y se exilia a EE UU.
• Agosto de 2008: Cuatro días antes de los Juegos Olímpicos, dos personas atacan con explosivos una instalación policial en la turística ciudad de Kashgar, causando la muerte de 17 personas. Pekín acusa a grupos terroristas e independentistas de estar tras el ataque. Días después varias explosiones en supermercados, edificios gubernamentales y hoteles de Kuqa, también en Xinjiang, causan un muerto y dos heridos. Diez presuntos terroristas mueren, ocho por disparos de la policía y otros dos se suicidan.

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China: Maltrato a los trabajadores migrantes de la construcción en Beijing

Engaño salarial y negación de servicios esenciales a los constructores del ‘Nuevo Beijing’

Los trabajadores migrantes de la construcción que están erigiendo el “Nuevo Beijing” son víctimas habituales de explotación mediante la negación de salarios adecuados y el trabajo en condiciones peligrosas sin seguro contra accidente ni acceso a atención médica u otros servicios sociales, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 61 páginas, “One Year of My Blood” (Un año de mi sangre) documenta el incumplimiento del gobierno chino de sus repetidas promesas de respetar los derechos de los trabajadores migrantes de la construcción, así como de poner fin a las privaciones provocadas por el carácter discriminatorio del sistema de registro de hogares (hukou). Se calcula que un millón de trabajadores, procedentes de otra parte de China, constituyen cerca del 90 por ciento de la mano de obra de la construcción en Beijing. Estos trabajadores son la fuerza detrás de la finalización de la infraestructura y las instalaciones deportivas relacionadas con los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 8 de agosto de 2008.

“El gobierno chino es todo palabra y ninguna acción a la hora de ofrecer protección y servicios sociales significativos a los trabajadores migrantes de la construcción”, señaló Sophie Richardson, directora de Incidencia Política en Asia para Human Rights Watch. “A pesar de los años de retórica oficial, los empleadores siguen escatimando los salarios que los trabajadores de la construcción se ganan duramente. Y cuando se trata de los servicios sociales básicos, el gobierno sigue discriminando a los migrantes”, agregó.

El informe de Human Rights Watch documenta cómo los empleadores fuerzan habitualmente a los migrantes a trabajar, retienen sus salarios hasta por un año y luego les ofrecen un pago único considerablemente inferior a lo acordado y al salario mínimo de Beijing. Algunos empleadores se niegan totalmente a pagar.

Un trabajador dijo a Human Rights Watch: “Desde que llegué al lugar de trabajo he trabajado todos los días, no tengo nada de dinero y nunca he salido [del lugar de trabajo] para relajarme”.

Otro trabajador migrante explicó que no le habían pagado nada, a pesar de un acuerdo verbal en donde se estableció que percibiría sus siete meses de salario al finalizar el proyecto. El trabajador dijo a Human Rights Watch: “(El representante de la empresa) dijo ‘todavía no ha llegado el dinero’ (o) ‘el jefe no está’ (o) ‘el jefe está ocupado’, y nos daba excusas de este tipo por el retraso”.

El sistema chino hukou de registro de hogares, diseñado para prevenir y controlar el ingreso masivo de residentes rurales a las ciudades de China, impide que los trabajadores migrantes de la construcción de Beijing gocen de beneficios sociales como la atención médica, servicios que sólo disponen los residentes urbanos legalmente registrados.

A un trabajador migrante se le exigió que presentara copias de un hukou de Beijing para poder presentar una reclamación de costos médicos derivados de un accidente industrial. Él nunca había tenido un hukou de Beijing. El trabajador señaló a Human Rights Watch: “Me dije: ‘una vez más me cierran de golpe el acceso a la protección legal’”. Asimismo, otros trabajadores entrevistados por Human Rights Watch explicaron que no podían presentar quejas contra sus empleadores por incumplimiento de las condiciones salariales porque carecían de permisos de residencia en Beijing.

Human Rights Watch dijo que los empleadores continúan ignorando impunemente la legislación laboral, y apeló a los dirigentes chinos a proteger a los trabajadores migrantes discriminados por el sistema hukou. En lugar de abolir el sistema de registro de hogares, el gobierno ha empezado a conceder permisos “temporales” de residencia urbana a los trabajadores migrantes, perpetuando así un sistema discriminatorio.

“Si el gobierno chino quiere realmente proteger los derechos de los trabajadores migrantes, debe empezar por abolir el sistema hukou”, señaló Richardson. “Tan sólo con eso se facilitaría que los trabajadores puedan presentar denuncias y que las autoridades enjuicien a los empleadores que violen las leyes laborales”, agregó.

China es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por lo tanto se ha comprometido a garantizar condiciones laborales justas y favorables a sus trabajadores, mismas que incluyen salarios apropiados, un entorno laboral seguro y saludable y limitaciones razonables al horario de trabajo. A pesar de estas obligaciones y otras normas similares de la legislación china los investigadores de Human Rights han documentado numerosos abusos, entre los que se encuentran:

• Negación del pago mensual regular del salario. Los empleadores incumplen habitualmente el artículo 50 del Código Laboral, que dispone que los salarios se deben pagar mensualmente, al ofrecer pagos únicos anuales, lo que afecta gravemente la seguridad de los trabajadores migrantes y sus familias durante todo el año.
• Impagos o pagos insuficientes de salarios. Los empleadores pagan frecuentemente a los trabajadores por debajo del salario mínimo, y algunos empleadores no pagan en absoluto. Un grupo de trabajadores dijo a Human Rights Watch que su empleador se negó a pagar por el trabajo realizado entre abril y noviembre de 2006. En marzo de 2007, aún no se había pagado a los trabajadores.
• Los empleadores también niegan habitualmente a los trabajadores migrantes de la construcción los contratos y los seguros médicos y contra accidente dispuestos por ley, y exponen a los trabajadores a enfermedades y lesiones mediante condiciones de trabajo peligrosas.

Para colmo de males, un sistema de recurso oficial disfuncional impide que los trabajadores reclamen sus derechos legalmente protegidos—quienes protestan se enfrentan a amenazas de violencia, que en ocasiones son mortales. En julio de 2007, unos matones contratados para romper huelgas asesinaron a un trabajador migrante de la construcción en una obra en la provincia de Guangdong, donde los trabajadores en huelga llevaban meses recibir pagos.

“Es inaceptable que los trabajadores corran el riesgo de muerte o lesión simplemente por reclamar su derecho al pago puntual y a un salario justo completo”, señaló Richardson. “Más promesas vacías del gobierno sólo garantizarán más riesgos, más lesiones y más muertes”, agregó.

Los Juegos Olímpicos de 2008 han contribuido ciertamente a impulsar el apogeo de la construcción en la ciudad. El Comité Olímpico Internacional (COI), que seleccionó a Beijing como sede de los Juegos, debe buscar una certificación independiente de que todos los trabajadores empleados en las obras olímpicas son remunerados legal y adecuadamente, trabajan en condiciones seguras y están protegidos frente a otros abusos laborales. La necesidad de dicha certificación es especialmente urgente desde que el gobierno chino admitiera, en enero de 2008, que habían muerto seis trabajadores en las instalaciones olímpicas en los últimos tres años.

En enero de 2006, el gobierno municipal de Beijing anunció que había sancionado por retención de salarios a 12 empresas no identificadas que fueron contratadas para la construcción de proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos. Aunque Human Rights Watch no obtuvo ninguna información específica sobre instalaciones olímpicas, la constancia de los abusos registrados en otros proyectos de construcción en Beijing debería despertar preocupación por la explotación en todas las obras, incluidas las destinadas a los Juegos Olímpicos.

“Si el movimiento olímpico se enorgullece realmente de su dedicación a los ‘principios éticos universales y fundamentales’, el Comité Olímpico Internacional debe asegurarse de que los trabajadores que participan en la construcción de las instalaciones olímpicas de Beijing disfruten al menos de un trato justo y de acuerdo con la legislación china y las normas fundamentales internacionales de derechos humanos, cuyo respeto China ha asumido y prometido a sus ciudadanos respetar”, señaló Richardson.

Testimonios seleccionados de trabajadores migrantes chinos entrevistados para el informe:

“Llevo más de 10 años como trabajador migrante y ninguno de mis empleadores nos ha provisto de seguro”.
—Un trabajador migrante de la construcción entrevistado en Beijing por Human Rights Watch (nombre oculto), enero-marzo de 2007.

“[El horario de trabajo] era diferente cada día. No había un horario fijo ni unificado, y no importaba que fuera de día o de noche, todo el tiempo era tiempo para trabajar, [y] a veces teníamos que levantarnos a media noche mientras estábamos durmiendo.”
— Un segundo trabajador migrante de la construcción entrevistado en Beijing por Human Rights Watch (nombre oculto), enero-marzo de 2007.

“[Los trabajadores] acabábamos con menos de 20 yuanes (US$2.67) al día, y todavía nos deducían otros ocho yuanes (US$1.07) al día por costos de vida; ¿cómo se supone que vamos a sobrevivir los trabajadores [con salarios tan bajos]?”
— Un tercer trabajador migrante de la construcción entrevistado en Beijing por Human Rights Watch (nombre oculto), enero-marzo de 2007.

Contra la pornografía infantil

Casi 1.500 cibercentinelas de más de 20 países colaboran con las fuerzas de seguridad en la localización de foros de pornografía infantil. Son voluntarios con formación en carreras técnicas o ingenierías y un alto conocimiento de Internet, que navegan en el límite de la legalidad.

Internautas que ofrecen una colaboración "extremadamente efectiva" teniendo en cuenta que muchas de las operaciones que se desarrollan por los cuerpos policiales contra la pederastia -más de 400 detenidos en 2007- parten de esa información, explica a EFE Guillermo Cánovas, presidente de Protégeles.

Muchos datos se consiguen por ingeniería social, haciéndose 'amigos' de uno de estos impresentables.
De las 1.500 informaciones que esta ONG recibe de media al mes en su Línea de Denuncia, procedentes de distintos ámbitos, sólo un 10% son trasladadas a los expertos policiales. "Las que creemos con un contenido útil, ilegal, o que se encuentran alojadas en un país donde hay legislación que permita perseguir el delito", explica Cánovas.

Estos internautas actúan motivados porque "una buena herramienta, como es Internet, no se convierta es una especie de ciudad sin ley donde todo valga". Así se explica un cibernauta que utiliza el nombre de David y que en declaraciones a EFE se jacta de haber facilitado "en algunos casos usuario y contraseña para acceder a un foro cerrado".

Datos muy importantes que se consiguen por "ingeniería social", "haciéndose 'amigos' de uno de estos impresentables" o bien porque "al tomar el control de un foro se han podido recuperar mensajes privados que se han cruzado los usuarios del mismo", explica David, que insiste en destacar que "no apoyamos, ni impulsamos el uso de métodos ilegales para luchar contra esa lacra". "Otra cosa es que algunos de nosotros tengamos conocimientos avanzados de seguridad informática y los utilice para tirar foros, eliminarlos o tomar el control de los mismos bajo su propia responsabilidad", añade.

Los cibercentinelas deben sustituir la labor policial, ni hacer labor de investigación para la que sería necesaria una orden judicial, ni almacenar ni guardar material delictivo.
Desde Protégeles, Cánovas advierte de que cuando un cibercentinela contacta con ellos le dejan claro que su función es la de localización y nada más. "Ni deben sustituir la labor policial, ni hacer labor de investigación para la que sería necesaria una orden judicial, ni almacenar ni guardar material delictivo". Los cibercentinelas están en una frontera en la que los cuerpos policiales no pueden estar.

Los agentes sí pueden entrar en los foros, en una sala de conversación y observar, ver qué información se están intercambiando. "Pero no pueden provocar una conversación sobre el tema. Los 'ciber' sí lo hacen", explica Cánovas. Y lo más interesante es cuando consiguen páginas difíciles de encontrar, camufladas, con el identificativo y la contraseña.

Reticencias policiales

"Su información es fundamental, pero siempre que no se generen fuerzas parapoliciales que trabajen en un tema tan delicado", opina el capitán Alfonso de Miguel, del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Le preocupa a este responsable policial que, al no existir un grupo organizado de cibercentinelas, una actividad tan provechosa pudiera convertirse en una tapadera para delinquir.

"Debería ser de alguna forma fiscalizada, como hace Protégeles que ejerce un filtro muy bueno con los internautas que colaboran con ellos", afirma de Miguel, quien añade que "no me gustaría que alguien que dice haber encontrado determinadas páginas, lo que está haciendo es delinquir para luego decir que es ciberpatrullero".

Reclaman la figura del "agente encubierto"

Enrique Rodríguez de la Vid, Jefe de la sección operativa de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) de la Policía Nacional, valora la colaboración ciudadana y de entidades como Protégeles o Save de Children porque "nosotros no llegamos a detectar todo lo que hay en Internet".

Lo primero que te piden cuando entras en un foro es que facilites material y si subes fotos estás incurriendo en un delito.
La investigación es muy complicada para las fuerzas de seguridad porque -explica- "lo primero que te piden cuando entras en un foro es que facilites material y si subes fotos estás incurriendo en un delito".

Por eso reclaman la figura del "agente encubierto", que promueve el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, "para poder infiltrarnos con la seguridad de que un juez o un fiscal no nos va a acusar de delinquir", explica Rodríguez de la Vid. "Además sería muy importante para una labor preventiva, porque siempre que alguien entre en un foro tendrá la duda de si uno de sus participantes será un policía que está vigilando", agrega el representante policial.

De la misma opinión es el capitán de la Guardia Civil Adolfo de Miguel, quien pide algo perfectamente reglado que impida invalidar un procedimiento. El proyecto de "agente encubierto" ya ha sido presentado en la Asamblea de Madrid, que en su caso debería remitirlo al Congreso de los Diputados, ya que supone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Codigo Penal, explicó Carmen González, adjunta al Defensor del Menor de esta comunidad.

En este momento está en estudio por parte de los grupos parlamentarios porque "tiene sus dificultades". "Una cosa es el agente encubierto y otra el agente provocador del delito.

Hay que tener mucho cuidado en la regulación porque no se puede provocar la comisión de un delito para luego perseguirlo". En nuestro Código Penal esta prohibida la tenencia de pornografía infantil y el agente tiene que introducirse sin infringir la ley, agrega González Madrid.

El Proceso Kimberley y los “diamantes ensangrentados”, grandes desconocidos para las joyerías

ai pide una mayor implicación del sector, del gobierno y de los consumidores para garantizar que estos diamantes no se venden en España

Después de un muestreo realizado en 10 Comunidades Autónomas para comprobar el conocimiento que tienen las joyerías españolas sobre el proceso Kimberley y los “diamantes ensangrentados”, Amnistía Internacional afirma que existe un tremendo grado de desconocimiento entre el sector sobre el alcance del sistema internacional de certificación acordado por los gobiernos, Proceso KImberley, y cuáles son las medidas previstas por la industria para garantizar que el consumidor no adquiere “diamantes ensangrentados”, es decir, diamantes procedentes de zonas en conflicto. O no saben, o saben poco o no contestan. Esta es la principal conclusión del Informe ¿Conoce usted el Proceso KImberley de certificación de diamantes? hecho público hoy por la organización.

Sólo uno de cada cuatro joyeros entrevistados relaciona los “diamantes ensangrentados” con la financiación de conflictos, sólo uno de cada cinco conoce el Proceso Kimberley y las implicaciones que conlleva y sólo uno de cada seis entrega siempre al comprador un certificado sobre la procedencia de los diamantes. Este desconocimiento es similar al que existe entre las joyerías de otros países donde Amnistía Internacional ha hecho consultas parecidas los últimos años.

“Aunque las respuestas obtenidas responden a un muestreo y sólo representan una proporción pequeña del sector de la joyería en España, demuestran que no siempre se puede asegurar que los diamantes a la venta no han servido para financiar conflictos y que tanto los gobiernos como el sector del diamante deben reforzar los compromisos asumidos en virtud del Proceso Kimberley a lo largo de toda la cadena: desde la extracción de la piedra hasta su venta en las joyerías”, asegura Mónica Costa, responsable del Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Sección española de Amnistía Internacional.

Resultados de las encuestas
Entre febrero y septiembre de 2007, activistas de Amnistía Internacional realizaron encuestas de forma aleatoria a minoristas de joyería. No todas las joyerías accedieron a contestar a las preguntas de la organización, pero se han logrado 100 cuestionarios completados en localidades de 10 Comunidades Autónomas.

- Aunque la mayoría de las joyerías entrevistadas (81%) dice conocer o haber oído el término “diamantes ensangrentados”, un porcentaje muy bajo (25%) es capaz de relacionarlo con la financiación de conflictos.
- Algo más de la mitad (53%) dice conocer el Proceso Kimberley pero hay una gran confusión con lo que realmente es el proceso y las implicaciones que conlleva. Sólo un 21% del total tiene un conocimiento correcto.
- Aunque la mayoría de los proveedores (83%) ofrecen un certificado, en la gran mayoría se trata de certificados de calidad de los diamantes y no sobre su procedencia.
- Únicamente un 16% de las joyerías entregan una garantía por escrito automáticamente con la compra y un 21% la entregan sólo si se lo pide el consumidor. Según esta encuesta, el 61% de los consumidores no obtendrían ningún tipo de garantía.
- Un 61% de los joyeros encuestados afirma que los consumidores nunca piden ningún tipo de certificado sobre el origen de los diamantes.
- Un 57% de los joyeros encuestas no conoce los compromisos adquiridos por los gobiernos (control de las importaciones, realización de auditorías, etc.) para combatir el comercio de diamantes de zonas en conflicto.

Es necesaria la implicación de los joyeros, pero también de gobiernos y consumidores
Para que el sistema de certificación de diamantes sea creíble y funcione es necesario que todo el sector del diamante, incluyendo los minoristas, implemente mecanismos de autorregulación como apoyo al Proceso KImberley. Esa autorregulación consiste en un código de conducta para impedir la compra y venta de diamantes de zonas de conflicto, aplicar un sistema de garantías en todas las operaciones con diamantes e informar a empleados de las empresas sobre las políticas de la industria y cómo combatir el comercio de “diamantes ensangrentados”. A diferencia de los controles gubernamentales, esa autorregulación afecta a los diamantes en bruto y a la industria del tallado.

La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros afirma que en España no hay importación de diamantes en bruto ni industria del tallado, sino que los diamantes que se venden en nuestro país vienen ya tallados y proceden de proveedores internacionales, principalmente de Amberes, por lo que ya cuentan con todas las garantías. Sin embargo, para Amnistía Internacional el sector de la joyería representa el último eslabón en el comercio de diamantes y por tanto también debe proporcionar la información y garantías suficientes al consumidor sobre la procedencia de este recurso natural.

Esta Asociación –que agrupa 12 mil asociados– informa en su página web sobre los “diamantes ensangrentados”, explicando qué es el Proceso Kimberley y quién forma parte de éste. Sin embargo, no proporciona información sobre el sistema de autorregulación voluntario que el sector del diamante se comprometió a poner en marcha.

Representantes de esta Asociación dijeron a Amnistía Internacional en febrero de 2007 que habían informado a sus asociados sobre qué son y qué problemas plantean los “diamantes ensangrentados” y sobre los acuerdos del Proceso Kimberley. La Asociación también se comprometió a considerar la posibilidad de recordar a sus asociados que, según el sistema de autorregulación de la industria del diamante, deben pedir garantías por escrito por parte de los fabricantes acerca de la procedencia de los diamantes. Amnistía Internacional desconoce si esta medida se ha puesto en marcha.

Amnistía Internacional insta al sector joyero español a disponer de información pública sobre su política contra los “diamantes ensangrentados” para distribuir entre los consumidores, pedir garantías por escrito a los proveedores sobre la procedencia de los diamantes y ofrecer sistemáticamente garantías por escrito al consumidor que aseguren que el diamante o los diamantes montados en joyas no proceden de zonas en conflicto.

La organización también recuerda que los países de la Unión Europea –grandes importadores de diamantes– deben desempeñar un papel central para fortalecer el Proceso Kimberley y asegurar que hay una implementación efectiva del sistema por parte de la industria del diamante y recomienda al Gobierno español, entre otras cosas, que impulse un sistema de vigilancia en la industria del diamante que permita garantizar el funcionamiento eficaz del sistema de autorregulación del sector, y que incluya auditorías e inspecciones.

Por último, los consumidores también pueden ayudar a garantizar que la industria del diamante mantiene su promesa de poner fin al comercio ilegal de diamantes de zonas en conflicto preguntando a los minoristas. Amnistía Internacional reconoce que el diamante es un recurso natural que puede proporcionar valiosos ingresos a un país. No obstante se opone a su comercio cuando sirve para financiar conflictos armados.

“Diamantes ensangrentados”
Los “diamantes ensangrentados” son diamantes de zonas en conflicto cuyo comercio ilegal exacerba los abusos contra los derechos humanos. Con ellos, en los últimos tiempos se han financiado en África conflictos que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas. Durante estos conflictos, los beneficios del comercio ilegal de diamantes, que ascendían a miles de millones de dólares, sirvieron a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto 3,7 millones de personas en conflictos mantenidos, en parte, gracias a los diamantes.

El Proceso Kimberley
Para hacer frente a este problema, Naciones Unidas puso en marcha en 2003 el Proceso Kimberley, un sistema de certificación oficial de carácter internacional dirigido a impedir el comercio de “diamantes ensangrentados”. Este sistema obliga a los gobiernos a certificar que las partidas de diamantes en bruto proceden de zonas libres de conflicto, y ya están suscritos a él más de 70 países, entre ellos España.

Los participantes se comprometen a emitir un certificado que garantice la procedencia de zonas libres de conflicto, que deberá acompañar toda partida de diamantes en bruto destinada a exportación. Todos los países importadores se comprometen a no admitir diamantes en bruto que carezcan del certificado correspondiente del Proceso Kimberley. Por su parte, la industria se comprometió a poner en marcha un sistema de autorregulación.

La solución para Darfur no es militar

Las facciones rebeldes pelean por obtener una posición más fuerte en las futuras negociaciones de paz en Libia.

Las botas militares sólo no van a arreglar Darfur. Se pueden traer más fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y la UA, pero sin un acuerdo de paz, sin un pacto político, mantener la paz será un problema".

Así habla el portavoz de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), Nourredine Mezni. Compuesta por 7.000 soldados y desplegada desde 2004, la misión sufrió el peor ataque a sus fuerzas hace un par de semanas.

Más de 30 carros blindados de un grupo rebelde que la investigación aún no ha identificado atacaron el poblado y la base de AMIS en Haskanita, en la provincia de Darfur Norte. Murieron 10 soldados.

Desde entonces, todo lo que podía empeorar lo ha hecho. Ocurre en muchas guerras: antes de una ronda de conversaciones de paz se producen violentos combates en los que las facciones tratan de arrebatarse terreno y tener una posición más fuerte en la mesa de negociaciones.

En Darfur, un nuevo intento de diálogo está previsto el 27 de octubre en Trípoli (Libia). Y en las últimas semanas, hasta los aliados se han enfrentado entre ellos: el único grupo rebelde que firmó la paz con el Gobierno en 2006 denunció haber sido atacado por su socio. Dijo que hubo más de 40 muertos. El Gobierno lo ha negado.

El deterioro de la situación y el ataque contra la misión de la UA ha sido interpretado de dos formas. Para unos, muestra las limitaciones de dicha misión y la necesidad de que ésta sea reemplazada cuanto antes por una conjunta de la UA y la ONU, autorizada por el Consejo de Seguridad el 31 de julio después de que un presionado Gobierno sudanés prometiera aceptarla, tras meses de rechazo frontal a cualquier presencia militar internacional "no africana" y "neocolonialista".

UNAMID, como se denomina la fuerza híbrida de la ONU y la UA, debe desplegar 26.000 efectivos a partir del 1 de enero de 2008. Para otros, el ataque de Haskanita es un crudo recordatorio de lo que les puede ocurrir a los futuros cascos azules si no vienen bien equipados.

Misión sin medios
Días después del ataque contra la UA, el presidente de Senegal, que ha contribuido con 540 efectivos a AMIS, lanzó un airado comentario: "Si me entero de que los soldados (de la UA) murieron porque no tenían armas para defenderse retiraré a todas las tropas senegalesas. No voy a enviar soldados a que los masacren", dijo Abdoulaye Wade.

Su preocupación coincide con la que han expresado desde hace meses políticos, analistas y trabajadores humanitarios, que creen que AMIS no tiene los fondos, medios y tropas necesarias para llevar a cabo la misión que se le encomendó: vigilar un alto el fuego violado desde el principio por todas las partes y proteger a la población civil de Darfur, una región del tamaño de Francia.

"Los soldados están comprometidos y tienen un espíritu de dedicación encomiable, pero su equipo es deplorable y obsoleto", confiesa un empleado de la ONU en Darfur.

Aumento de presupuesto
El director para África de Human Rights Watch, Peter Takirambudde, ofrece un dato revelador: el presupuesto de AMIS asciende a 400 millones de dólares anuales. El de UNAMID, la misión que la sustituya, será de 2.000 millones.

"La fuerza híbrida debe tener las tropas, helicópteros y equipo para funcionar como una fuerza de reacción rápida y actuar como elemento de disuasión. Si no se pueden mover de la base no lograrán gran cosa", estima Takirambudde.

El jefe del Departamento de Misiones de Paz de la ONU, Jean-Marie Guéheno, coincide. Quiere "tropas muy móviles con capacidad de dominar cualquier situación", pero, advierte, a la ONU le faltan 24 helicópteros.

Una cosa está clara para todos, y es que, paradójicamente, la situación actual en Darfur es mucho peor desde que se firmó el acuerdo de paz en mayo de 2006.

Entonces había dos grupos rebeldes principales, el Movimiento de Liberación de Sudán liderado por Minni Minawi, que firmó el acuerdo, y el Movimiento por la Justicia y la Equidad, que lo rechazó.

Desde entonces, los rebeldes se han dividido en infinitas facciones que a menudo luchan entre ellas, además de combatir al Gobierno y a sus milicias aliadas, los yanyauid. Es difícil, si no imposible, que todas participen en las conversaciones. Cada facción exige una cosa: unas, que sólo vayan a Libia las grandes y otra, que vayan todas.

Una tercera se niega a ir si no hay antes un alto el fuego. Con esa multiplicidad de actores peleando por protagonismo, es difícil confiar en que de Trípoli salga un acuerdo sólido, precisamente lo que muchos consideran indispensable para que las cosas mejoren.

"La comunidad internacional continúa centrada en la vía militar, a expensas de la política, necesaria para asegurar un acuerdo de paz durable", estima el Proyecto Enough, fundado por John Prendergast, antiguo directivo de International Crisis Group.

Otros difieren: "En el mundo ideal sería deseable tener un nuevo acuerdo antes de desplegar 26.000 soldados, pero en algunos complejos conflictos africanos no es posible", opina Takirambudde, que cree que con un mandato robusto y la fuerza necesaria, la ONU y la UA podrían al menos proteger mejor a los civiles.

Catástrofe humanitaria
Mientras, la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. "Está mucho peor que hace un año", explica Fernando Arroyo, el responsable de la Oficina Humanitaria de la ONU (OCHA) en El Fasher, capital de Darfur Norte.

"En lo que va de año ha habido 300.000 nuevos desplazados. Hay mucha violencia que está forzando a la población a huir". Arroyo destaca otro hecho preocupante. "Las organizaciones internacionales tienen cada vez menos acceso a la población que precisa ayuda porque ha habido un gran aumento de la violencia contra ellas. En 2007 llevamos 104 vehículos robados a punta de pistola".

"El problema es que los 26.000 soldados tardarán por lo menos un año en desplegarse por completo, así que el impacto no será inmediato", subraya desde Jartum Alun McDonald, de Oxfam.

"Darfur es muy grande y no hay carreteras. Incluso una fuerza de ese tamaño tendrá dificultades". Es difícil ser optimista", concluye McDonald.

Mauritania criminaliza la esclavitud

Los legisladores mauritanos ilegalizaron ayer la esclavitud en el desértico país. Cuando la nueva legislación entre en efecto, aquellos declarados culpables de promover la esclavitud o practicar esta centenaria actividad se enfrentarán a penas de entre 5 y 10 años de cárcel.

El dirigente del grupo antiesclavitud, "SOS-Esclaves", Boubacar Ould Messaoud, expresó su satisfacción sobre la iniciativa, calificándola como “una gran victoria para los demócratas y la población de Mauritania".

También alabó al gobierno y al presidente de Mauritania por garantizar que la esclavitud se ilegaliza finalmente en el país, después de años de luchas y demandas.

La esclavitud fue abolida en un primer momento por un decreto presidencial en 1981. Sin embargo, el decreto no estaba apoyado por ninguna ley penal, lo que instó a los organismos pro derechos humanos a aumentar la presión sobre el gobierno mauritano para que criminalizara la actividad.

Algunos activistas antiesclavitud creen que hay más de 500.000 esclavos en Mauritania, razón suficiente para imponer duras penas sobre los infractores.

Para algunos activistas, la ley aprobada debería haber sido más estricta e incluir el matrimonio forzoso y el trabajo obligatorio de los que no puedan pagar sus deudas.